Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Las acciones de protección para los pueblos en aislamiento deben cumplirse, pues todo contacto significa un riesgo muy alto de desaparición física y cultural; esta fue de las conclusiones de la reunión de consulta previa de la formulación de Política Pública y el marco normativo para protección de los Pueblos en aislamiento, realizada en Araracuara del 15 al 18 de marzo con participación de comunidades y organizaciones locales y acompañamiento de la OPIAC.

Del 15 al 18 de marzo pasados se llevó a cabo en la comunidad Aduche, resguardo Andoque de Araracuara en el departamento del Caquetá la reunión local del Proceso de consulta previa de la Política Pública y el marco normativo para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, donde se plantearon diversas propuestas; entre otras líneas estratégicas se definieron la creación de un espacio de diálogo propio entre autoridades, líderes y organizaciones del entorno para generar acuerdos que garanticen la autodeterminación de estos pueblos, definidos desde el Estado colombiano como Pueblos en Aislamiento Voluntario, PIAS y; construir un programa de capacitación que sensibilice sobre la existencia de estos pueblos que habitan amplias zonas de la región Amazónica para promover su autodeterminación y protección. 

Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la península desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición, contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos. Datos señalan que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de inanición.

Según entidades que acompañan a la población, es difícil dimensionar la tragedia que ha acometido a los Wayúu. Esto es así porque esa comunidad, de origen pre-hispánico, carece de la presencia estatal colombiana efectiva. Datos divulgados por el diario digital alternativo Las 2 Orillas señalan que la mayor parte de los niños indígenas que mueren en la región no consigue llegar a los centros de salud más cercanos para ser atendida. Sin medios de transporte, ellas tendrían que caminar enormes distancias por el desierto.

Cynthia de Benito.  San Andrés de Pisimbalá (Colombia).

Unidos por sus reivindicaciones comunes y separados por profundos conflictos de segregación racial, indígenas y campesinos de Colombia se enfrentan a la paradoja de trabajar juntos para implementar la paz en el país mientras sobre el terreno se disputan el control del territorio. Su punto de conflicto y unión es la tierra. Por su propiedad se enfrentan y en su defensa se encuentran y descubren su inmensa fuerza, que en ocasiones ha llegado a poner al Gobierno en aprietos, como ocurrió en agosto y septiembre de 2013 con una huelga campesina.

La capacidad de movilización exhibida hizo que pocos meses más tarde campesinos, indígenas y afrodescendientes conformaran la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que les unió para reclamar con una sola voz sus derechos.

Sin embargo, cuando el lema común se apaga, surge la disputa en los territorios y la convivencia se vuelve un reto, como en San Andrés de Pisimbalá.

 

El paisaje de la región del Pacífico colombiano es rico y complejo, en lo ecológico, económico, político y cultural. Los cambios veloces y por cierto controversiales ocurridos en las últimas dos décadas han desplazado a millones de personas y siguen representando una grave amenaza para los paisajes de los cuales dependen los medios de vida locales. Allí, como en muchos lugares, las mujeres desempeñan un papel clave en la gestión de los bosques para obtener alimentos. La densidad de la cubierta forestal en la región del Chocó, en las tierras bajas del Pacífico colombiano, así como su importancia para los medios de vida locales, la convierte en un lugar ideal para explorar la dinámica del género en la seguridad alimentaria dependiente de los bosques.

Este martes se cumple un mes del estallido de la crisis de tierras en el norte del Cauca, donde indígenas se han tomado varias haciendas alegando incumplimientos del Gobierno en compromisos anteriores.

El balance de estas cuatro semanas de enfrentamientos con miembros del Esmad de la Policía ha sido de 151 indígenas y 74 uniformados heridos.

Mientras los líderes indígenas alegan que se trata de la liberación de la madre tierra por el incumplimiento de la entrega  de 20 mil hectáreas para su subsistencia, las autoridades del Cauca aseguran que los indígenas han destruido cultivos, propiedades privadas, han amenazado campesinos y utilizado explosivos improvisados en las protestas.