Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Con la sanción presidencial de la ley que regula las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres-, el rechazo de organizaciones campesinas, defensoras de derechos y legisladores no se hizo esperar.

El Senador Alberto Castilla, dirigente campesino y congresista por el Polo Democrático, se pronunció Señaló que la ley “es la más regresiva para el campo en la historia reciente”.

Explicó que no tienen nada de casual la coincidencia de las zonas que se constituirían como Zidres y las denuncias por despojo: "Santos eligió Orocué (Casanare) para sancionar la ley, mandando un mensaje muy claro. Firmará la ley en una zona donde ha habido serias denuncias por acaparamiento ilegal de tierras por empresas como Manuelita, y donde ha habido despojo de tierras y control paramilitar. La firma de la ley en Orocué significa  celebrar por la legalización del acaparamiento de tierras en favor de unos pocos empresarios que en muchos casos también se beneficiaron de la violencia".  

El pasado 16 de enero, a las 8 de la noche, en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, Nelly Amaya Pérez de 44 años, fue asesinada. Desde finales de 2015, varios líderes sociales del caribe recibieron amenazas de los paramilitares. Sin embargo, el Gobierno insiste en que se acerca cada vez más el fin del conflicto.

Madre de tres hijos, de 20, 16 y 5 años de edad, Nelly Amaya era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, San Calixto quien también fue defensora de derechos humanos y activista política desde la Unión Patriótica.  

Según Olger Pérez, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat-, Amaya era una respetada mujer en por “su manera de trabajar por la comunidad y su pasión por liderar procesos políticos a favor del pueblo sancalixtense”. Pérez, quien fue víctima de un atentado a su hogar en octubre de 2015, manifestó que no se conocían amenazas previas contra la vida de Amaya pero resaltó que sí hay constantes seguimientos contra los líderes del Catatumbo.

La estructura de la propiedad rural en el país se ha caracterizado por la prevalencia del latifundio y una alta concentración que durante las últimas décadas, no ha hecho más que agudizarse. Entre el 2001 y el 2010, el índice de Gini de la concentración de la tierra pasó de 0,80 a 0,86 (Ibáñez y Muñoz, 2010, p. 1), uno de los más altos del mundo. Factores como el dominio hacendatario durante la Colonia, los procesos de colonización, las políticas a favor de los grandes propietarios, el narcotráfico, la expansión de la ganadería extensiva y los agronegocios, han configurado mediante formas violentas (paramilitarismo) la estructura agraria actual.

El proyecto de ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, conocido como el proyecto de ley Zidres, tiene enfrentados a los congresistas del Polo Democrático Alternativo -PDA- y el Centro Democrático. El sector de izquierda representado en el PDA ha denunciado a través del senador Alberto Castilla que el proyecto de ley es: “regresivo y criminal dado que busca cambiar el destino de los terrenos baldíos de la nación, destinándolos al empresariado nacional y trasnacional”.

El proyecto, que esta cerca de convertirse en ley, solo le falta un debate para ello. En estos ellos, las principales denuncias y argumentos en contra han sido planteados por el senador Castilla. Quien además presentó un nuevo caso de tierras acaparadas por una empresa, en este caso relacionado con la petrolera Pacific Rubiales.

Voceros indígenas esperan que el gobierno atienda a la población infantil del pueblo Wayúu luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de la niñez wayúu de las comunidades Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure.

Se calcula que más de 4 mil niños perdieron la vida en los últimos ocho años a causa de la desnutrición.

El líder Wayúu Javier Rojas, unos de los promotores de la presentación del caso ante la CIDH, declaró a los medios de prensa que están a la espera de que el gobierno actúe cuanto antes y que esperan ser notificados para coordinar las actuaciones.