Hace más de un mes cuatro integrantes de ese pueblo junto a sus familias, iniciaron una huelga de hambre que hizo que bajaran hasta diez kilos de peso.
En su segundo gobierno, la presidenta Michelle Bachelet vuelve a enfrentarse a las demandas por autonomía y restitución de tierras del pueblo mapuche debido a una huelga de hambre que mantienen desde hace un mes activistas de esa etnia.
"Esto se puede radicalizar", dijo incluso el portavoz de los cuatro huelguistas y sus familias, Freddy Marileo, luego de que autoridades carcelarias admitieran que los reos bajaron hasta diez kilos de peso luego de 31 días sin comer.
El gobierno de Bachelet, quien asumió en marzo, favoreció hasta ahora el diálogo, pero explicando que no tiene atribuciones para modificar las decisiones de la Justicia.
La crisis, enmarcada por ahora en la situación de cuatro activistas presos, tiene su arista más dramática en el caso de José Llanca, quien padece una enfermedad terminal y está condenado a cinco años de prisión.
Bachelet, quien gobernó entre 2006 y 2010, admitió aún antes de asumir su segundo periodo que fue un error pedir la aplicación de la ley antiterrorista contra los activistas mapuche y prometió no invocarla durante su nuevo gobierno.
El gobierno, de hecho, realizó varios gestos hasta ahora, incluida la designación de un intendente (gobernador) de origen mapuche, Francisco Huenchimilla, en la región de la Araucanía, epicentro del conflicto, que desde mediados de 1990 dejó cuatro indígenas muertos.
"Sin embargo, para nosotros no hay un motivo mayor de cambios en el fondo", dijo desde la cárcel Héctor Llaitul, principal líder de la Coordinadora Arauco Malleco, una de las principales agrupaciones de esa etnia.
La polémica ley antiterrorista, criticada incluso por Naciones Unidas, permite el uso de testigos pagados sin rostro, que no pueden ser interrogados por la defensa. Hasta el gobierno anterior además permitía juicios dobles.
Los presos José Mariano Llanca, Cristian Levinao, Leonardo Quijón y Luis Marileo reclaman que en sus juicios fueron usados testigos secretos y piden un procedimiento ordinario de justicia. La violencia en el sur de Chile ha derivado incluso en abusos, flagelos y disparos sobre decenas de niños de esa etnia por parte de la policía, como denunció Unicef.
Bachelet, quien fue hasta 2013 directora de ONU Mujer, ha dicho que no desea repetir esas experiencias.
