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El sociólogo cubano Juan Valdés Paz visitó la Argentina para participar de una serie de charlas organizadas por el Ministerio de Agricultura, conducido por Carlos Casamiquela. Licenciado en Sociología por la Universidad de La Habana, en 1960, con tan sólo 21 años, fue nombrado administrador del Central Azucarero Abel Santamaría, como parte de la intervención del gobierno cubano a las empresas que pretendían boicotear la revolución. Allí conoció a Ernesto “Che” Guevara, cuando éste estuvo al frente del Ministerio de Industria. En 1963, Valdés Paz asumió la dirección ejecutiva de la presidencia del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). En diálogo con el suplemento Cash, el sociólogo planteó la necesidad de que las políticas públicas tengan en su centro a un nuevo sujeto agrario, los agricultores familiares. Desde su perspectiva, “la cuestión agraria” vuelve a ser clave en las pujas políticas de la región.

¿Cuál es el rol que debe ocupar la agricultura familiar dentro de una puja con los agronegocios?

–La llamada cuestión agraria se caracterizaba por las reglas de acceso a la tierra, marcadas a fuego por los grandes terratenientes. Este tema se había mantenido latente por varios años, pero neutralizado según el grado de profundidad de las reformas agrarias en los distintos países de la región. Pero la problemática ha resurgido, de la mano de los agronegocios. El 80 por ciento de las unidades agropecuarias posee solamente el 20 por ciento de la tierra, mientras que el 20 por ciento de las unidades productivas, en manos de grandes multinacionales, explica el 80 por ciento de la posesión de la tierra. El dominio del uso del suelo quedó del lado de los grandes actores del sector. Además de la concentración de la propiedad, esto trae aparejados problemas en la preservación de los recursos naturales, como el agua, la tierra, la biodiversidad. Son problemáticas nuevas. En este sentido, como sostiene la FAO, considero que el sujeto agrario portador de la posibilidad de cambio es el agricultor familiar.

¿Qué entiende por agricultor familiar?

–Estamos hablando de los pequeños y tradicionales campesinos, incluidos los campesinos indígenas. Y otros productores que por más que cuenten en sus unidades productivas con alguna fuerza asalariada, basan su producción en el esfuerzo familiar. Estos son los actores que deben ser fuertemente estimulados por el Estado. Las estrategias de desarrollo económico podrían definir el lugar de lucha de estos actores, que deben trabajar en conjunto, asociados.

Las mismas empresas multinacionales que actúan en Argentina tienen presencia en Latinoamérica. La concentración empresaria es la que regula de facto los agronegocios. ¿Debe pensarse en una articulación regional para combatir la concentración?

–La extranjerización de la agricultura plantea un desafío a cada uno de los países de la región, pero hay un componente de regulación que debe ser solamente nacional. Los esfuerzos deberían estar concentrados en acumular la fuerza suficiente para contener el avance de las transnacionales, si es que existe la voluntad política. Si no contamos con políticas públicas que limiten la presencia de los agronegocios, no podremos resistir su dominación. En este sentido, la integración de los países latinoamericanos podría impulsar estrategias comunes de resistencia, pero con las especificidades de cada país.

En la década del 40, Argentina contaba con una Junta Nacional de Granos y Carnes, y el Estado manejaba el comercio exterior. En esta coyuntura mundial, ¿qué herramientas podrían diseñarse para regular a las multinacionales?

–Cada país debe darse su propia solución, aunque con una mirada regional. Los Estados, con todos sus poderes, incluidas las organizaciones sociales, como propone Venezuela, deberían ver sus capacidades. No hay que inventar nada. Todo está ahí. La agricultura familiar debe jugar un papel determinante (como escala de producción y sujeto político). Esto no quiere decir que dejen de existir las grandes empresas. Sino que debe enfocarse el tema desde un reequilibrio. La propuesta de la FAO es reequilibrar el sistema agrario. Dentro de cada país hay diferencias subregionales que también deberían contemplarse a la hora de diseñar los instrumentos. Los dos denominadores comunes son la fuerte presencia del Estado y los agricultores familiares como nuevos actores de cambio.

¿Cómo evalúa los procesos de luchas de los campesinos y agricultores familiares en Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia?

–En Brasil, el Movimiento Sin Tierra está ocupando espacios a la fuerza. Reclaman una reforma que nunca se aplicó. La política de Brasil es a favor del agronegocio. Brasil tiene la mayor organización social capaz de luchar por esta problemática. Sin embargo, hay un tema de correlación de fuerza y voluntad política que tiene un saldo negativo.

Pero el ascenso social de Brasil es innegable. Hubo redistribución de la riqueza a pesar de las falencias que usted marca. En Argentina, por ejemplo, las exportadoras también tienen una fuerte presencia, pero la aplicación de retenciones permitió financiar al Estado, que es el que luego interviene para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables.

–Una vez que se ha aceptado subordinar la agricultura al agronegocio, ya está. Lo otro es sacarle una tajada al agronegocio y redistribuir. Está muy bien todo lo que se redistribuya, pero el punto de partida es que se ha aceptado el modelo de los agronegocios. Si tenemos un Estado con políticas públicas a favor de uno u otro actor, tendremos una agricultura a favor de los campesinos o las empresas. Esas políticas deben discutirse en el conjunto de la sociedad.

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