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Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Ejecutivos de los gremios minero y eléctrico argumentaron que garantizar derecho humano al agua, e implementar derechos indígenas y caudales ecológicos, generarían un aumento del gasto fiscal, solicitando a los parlamentarios revisar y revertir lo ya acordado por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura.

Un choque de visiones se produjo durante la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con motivo de la discusión de la reforma al Código de Aguas que se tramita en esa sede legislativa. Luego de ser aprobado por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, a esta instancia corresponde revisar el impacto del proyecto en el gasto fiscal.

Posiciones contrarias se presentaron el martes. En una vereda el presidente ejecutivo del Consejo Minero Joaquín Villarino y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras Claudio Seebach y, en la otra, la directora del programa Chile Sustentable Sara Larraín. En las exposiciones contrastaron la postura que ve al agua principalmente como un recurso económico con la de quienes la piensan como un derecho humano fundamental con funciones ecosistémicas, sujeto de regulaciones para el interés público.

Es así que Villarino cuestionó en la ocasión el articulado que establece que “el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”. Además de alertar sobre el gasto fiscal que esta figura implicaría, indicó que “parece ser una disposición más bien programática, pero sería importante saber a quién tengo yo que demandar, contra quien tengo que recurrir”. A este planteamiento agregó su preocupación por la vinculación entre tierra y agua que reconoce la nueva normativa para territorios indígenas, al igual que las funciones de protección de los acuíferos, acusando una burocratización del sistema que –en su opinión- implicaría nuevos egresos al Estado.

Con respecto a las llamadas “aguas del minero”, Villarino expresó que el gremio minero estaba de acuerdo con informar sobre las aguas halladas, mostrándose contrario a que el sector se vea en la obligación de solicitar autorización para el uso, como establece la modificada normativa.

Concordó con esta postura Claudio Seebach, para quien la reforma contiene modificaciones que podrían afectar el desarrollo de la hidroelectricidad, cuestionando lo que calificó como aplicación retroactiva de regulaciones para la protección del agua: en áreas silvestres protegidas, el establecimiento del caudal ecológico en zonas degradadas, amenazadas o ensitios prioritarios, y también para el caso de solicitudes de traslado y de aquellos que se utilicen en obras mayores. “La reforma en su estado actual de tramitación genera incertidumbre e impactos relevantes en la operación actual del sistema, por lo tanto impactos económicos en cómo opera actualmente, y sobretodo en el desarrollo de nuevos proyectos. Por tanto, lo que pone en riesgo es la concreción de una matriz más renovable, y esta electricidad base que esperamos sea fundamento de un mayor desarrollo económico y social de Chile” indicó.

En contraste con los argumentos gremiales, Sara Larraín destacó la importancia del reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho humano, y la priorización de usos para la subsistencia y sustentabilidad ambiental. Puntualizó que los sectores productivos que atacan las reformas “han mostrado más bien cómo les aprieta el zapato dentro de su actual estructura de negocios”, sin considerar el interés público ni la estrechez hídrica que está generando el cambio climático.

Adicionalmente desvirtuó las afirmaciones de Seebach y Villarino, aclarando que tanto la Ley Indígena de 1994 como el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 2010 por Chile, contienen normas de protección de tierras y aguas indígenas, por lo cual existen consultas obligatorias, e incluso fondos públicos para tierras y aguas en estos territorios. También contradijo la argumentación sobre caudal ecológico retroactivo en caso de obras mayores y traslado de derechos, destacando que ello se está aplicando ya hoy, pues está instituido en el Código de Aguas vigente y en el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En este sentido recordó el Informe de Desempeño Ambiental sobre Chile, publicado a fines de julio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas recomendaciones apuntan a “revertir el sobre otorgamiento de las aguas, a establecer caudal ecológico en todas las cuencas y más aún llama a priorizar la protección del medio ambiente y los usos de subsistencia”. En este sentido destacó que “desde la perspectiva de lo que debiéramos cumplir como miembros de la OCDE, esta reforma va en la línea correcta y desde nuestra perspectiva las preocupaciones que han señalado los distintos sectores productivos acá no corresponden a un estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Al concluir las exposiciones, y a pesar del interés de legisladores de la Unión Demócrata Independiente de impulsar la revisión de constitucionalidad de varios artículos, se acordó que por lo pronto solo se revisarán los relativos a cargas fiscales específicas. Más aún el diputado Manuel Monsalve (PS), quien preside la comisión, recordó que no se ha presentado indicación alguna por parte del Ejecutivo que busque una revisión exhaustiva de la reforma más allá de los tópicos antes mencionados.

La próxima sesión será el martes 13 de septiembre, ocasión en que se continuará con las audiencias públicas.

 

Fotografía y Texto: El Ciudadano

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