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Miércoles, 31 Enero 2018

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Según los especialistas, el Estado chileno viene autorizando megaproyectos que violan los derechos de los pueblos tradicionales. Así mismo, fuerzas especiales de la policía tienen montado un operativo de seguridad que amenaza los pueblos Mapuches en la zona del sur de Chile, en las regiones de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos. Esto es lo que denuncian varios organismos de derechos humanos del país.

Según estos organismos, cerca de 1390 oficiales, dos bases militares –Pidima y Pailahueque– además de carros blindados, tanques, helicópteros y un arsenal de armamento de guerra estarían actuando en el lugar. En este sentido, un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos realizado en el 2015 y titulado “Los impactos en derechos humanos de los proyectos de inversión hidroeléctrica en el territorio Mapuche de la región de La Araucanía”, evidencia los graves efectos que los proyectos energéticos tienen sobre las comunidades tradicionales que viven en el sur de Chile.

Una misión de observadores, encabezada por miembros de la Comisión de Ética Contra la Tortura de Chile y la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Valdivia, viajó a la comuna de Panguipulli por dos días a recolectar información sobre el actuar de Carabineros en una protesta, en cuya acción denuncian que ocurrió “agresión” y “tortura” a un menor de edad mapuche que participaba de la manifestación.

Los hechos se desataron específicamente en la localidad cordillerana de Neltume, Región de Los Ríos, el lunes 18 del mes pasado, luego de que los ciudadan@s bloquearan el camino, que está en plena construcción, para protestar por el despido de los trabajadores que participaban de la faena mandatada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según lo que proyectaba la Dirección Meteorológica de Chile, esta semana podíamos esperar hasta 149 mm de lluvias en el centro sur del país desde el viernes hasta el domingo, considerando también las fuertes marejadas que se esperan aún para la zona costera, especialmente en Valparaíso.  A pesar de todas las advertencias que recibimos durante esos días, en donde todos juntamos agua y salimos de la casa solo por motivos específicos, hoy con el sistema frontal atravesando la zona central, el colapso y los desastres en Santiago fueron inevitables.

A partir del medio día de ater, más de un millón 47 mil usuarios de Aguas Andinas quedaron sin agua tras la decisión de la red de suspender el servicio de agua potable en 27 comunas, esto por la turbidez del río Mapocho y del río Maipo.  

Recientemente, el Tercer Tribunal Ambiental confirmó en su totalidad una multa de 320 Unidades Tributarias Anuales (172 millones de pesos aproximadamente) que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cursó a la I. Municipalidad de Temuco, producto de nueve incumplimientos ambientales que le fueron imputados a la autoridad comunal por el manejo del proyecto “Plan de Cierre del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos” del Vertedero de Boyeco, en la Región de la Araucanía.

Lo que las comunidades hace años vienen denunciando recién queda en evidencia para la competencia de los órganos públicos. Mala administración del recinto, severa contaminación de las aguas con prohibición para el consumo humano, agrícola y animal. Afectación de todas las unidades productivas que ha obligado a cambiar las fuentes económicas de su población, varios obligados a vivir de recolectores. 

En el marco de la tramitación de la ley de protección de glaciares, miembros de la Coordinación de territorios en defensa de los glaciares, concurrieron a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con el objetivo de manifestar sus reparos frente a la iniciativa del Ejecutivo, la que califican como “contradictoria”.

“Este proyecto también vulnera los derechos humanos, vulnera el derecho al agua, y de ahí se desprende la violación de muchos derechos debido a la carencia del agua, ya que al no proteger los glaciares, se está generando un posible escenario de escasez de agua, lo que impacta directamente en el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, explica Constanza San Juan, vocera de la organización.