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La comunidad Mawidanche de Alto Antiquina en la Provincia de Arauco, denuncia en un comunicado público, la represión sufrida en diciembre de 2015, donde efectivos del ERTA de la PDI atacaron doce viviendas de la comunidad, encarcelando a 5 comuneros y una comunera. Además denuncian irregularidades en la investigación llevada a cabo por la fiscalía, con la utilización de “cooperadores ocasionales” para mantener a los comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Lebu y Arauco. Luego de tres meses, la Corte de Apelaciones de Concepción declaró que “la privación de libertad de los imputados lo ha sido con infracción a la constitución material y normas legales que regulan el proceso penal” acogiendo en forma unánime el recurso de amparo presentado la defensa de los comuneros, consiguiendo ayer viernes (11.03.16), la libertad de Lorenza, Carlos, Luis, Juan, Segundo y Eduardo Cayuhan, quedando solamente en prisión preventiva el comunero Milton Ortiz Llebul. A continuación, reproducimos el comunicado público de la comunidad Mawidanche de Alto Antiquina.

Durante la semana pasada se iniciaron los alegatos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt entre la comunidad de Mar Brava y expertos contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa EcoPower por excluir arbitrariamente a comunidades indígenas de la Consulta Indígena, tras un recurso presentado por los chilotes.

El Parque Eólico Chiloé de la empresa Eco Power, luego de 5 años de intentos fallidos, ya tiene aprobada su Resolución de Calificación Ambiental. Lo que le permitirá instalar 42 aerogeneradores que producirán 100 mw en el sector costero de Mar Brava en la comuna de Ancud.

Esta aprobación de la RCA de la empresa, dicen las comunidades, fue resultado de un proceso irregular de evaluación ambiental, que no contempló una consulta indígena completa, la que es exigida por el Convenio 169 de la OIT, pero que si fue apoyada por el director del SEA regional Alfredo Wendt.

Representantes de la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra de la región de Antofagasta se reunieron con parlamentarios para informar del impacto negativo que ha generado en la zona la industria minera.

A juicio de Carlos Iriarte, vocero de la agrupación, la compañía minera Escondida continúa sacando agua para sus faenas desde el salar pese a que se encuentra prácticamente seco.“Ellos tienen autorización para sacar mil 200 litros por segundos de los cuales sacan 300, eso es una demostración de que el salar no soporta una demanda hídrica superior”, explicó.

Si bien la empresa se ha defendido sosteniendo que actualmente existe agua en el salar, Iriarte explicó que esto sólo se debe a que Escondida lo rellena artificialmente:“Aguas arriba hacen un pozo, sacan el agua y la depositan en la superficie del salar. Eso es ficticio, porque cuando yo restrinjo la recarga de agua el salar se va a secar, por lo cual técnicamente podemos afirmar que está seco”, recalcó.

Compartimos el documental "La Ruta de las Semillas" que contribuye a revelar, compartir y fortalecer el patrimonio cultural ligado a la práctica ancestral del intercambio de semillas que es realizado hoy por diversas agrupaciones de índole agrícolas agroecológicas.

El documental chileno aporta al debate sobre los diversos conflictos socio-ambientales que se presentan en los territorios del Biobío, donde se agudizan problemas como la falta de agua, los monocultivos forestales, el uso de plaguicidas de la industria agroexportadora y la densificación urbana.

El equipo productor elaboró el documental durante el 2015 con organizaciones urbano-campesinas de la región del Biobío y constituye un reconocimiento al trabajo que realizam estas organizaciones para mantener las semillas campesinas a nivel comunitario,

Ubicada en la Patagonia occidental, la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo cuenta con una superficie de 108.494,4 km² y es la tercera región más extensa del territorio nacional. Su población estimada, según el Censo de 2010, es de 104.843 habitantes, siendo una de las zonas con menor densidad poblacional.

Desde 2005, en el contexto de un Chile con un sistema económico social neoliberal impuesto por la dictadura militar, la región se vio amenazada por la empresa transnacional Endesa y Colbún y su proyecto Hidroaysén, el cual intentó construir cinco mega represas en los ríos Baker y Pascua, el cual inundaría un territorio de 5.910 hectáreas, destruyendo flora y fauna, afectando recursos naturales, cultura y sociedad, con el objetivo de aportar energía a grandes mineras del país.