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Indígenas avasallados por otros indígenas en Bolivia

JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES

Domingo, 29 Octubre 2017

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Por estos días hay un gran debate en torno a la situación de las comunidades aborígenes en Argentina. El caso de Santiago Maldonado ha generado un sinfín de especulaciones y planteos sobre la propiedad de las tierras que se disputan entre pueblos indígenas y grupos empresariales nacionales e internacionales.

Existe en el país un mapa sobre los conflictos de comunidades aborígenes reconocidos por Amnistía Internacional en nuestro país, donde se marcan muchos casos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el Norte hasta la Patagonia.

En el caso de la región de Cuyo también se reconocen seis casos, de los cuales tres se ubican en la provincia de San Juan y otros tres en Mendoza.

En lo que respecta al territorio mendocino, dos de los tres casos se ubican en el Sur provincial, más precisamente en el departamento de Malargüe. El otro se registra en Lavalle.

Uno de los casos corresponde a la comunidad Suyai Levfv, en la zona de Los Molles, donde el documento destaca que “en octubre de 2015 enfrentaron un intento de desalojo solicitado por un privado de la localidad de San Rafael. La comunidad aborigen denunció que la jueza Mónica del Carmen Cubillos (del cuarto juzgado de instrucción local) rechazó aplicar la Ley 26160 y la acusó de tener vínculos con quien solicitó el desalojó”.

En el otro caso que se reconoce en esta parte de Mendoza, destaca la comunidad Lof Chenkeko, en la zona de Bardas Blancas, que el 26 de enero de 2016 sufrió “un intento de desalojo por parte de un privado, con apoyo policial, que destruyó parte de la vivienda familiar e incluso robó pertenencias de la comunidad”.

El tercero de los casos mendocinos corresponde a la zona de Lavalle, en comunidades de la etnia Huarpe, donde se encuentran en conflicto 760.000 hectáreas.

FUENTE: DIARIO SAN RAFAEL

El año pasado se talaron 170 000 hectáreas de bosque en Colombia. Cuatro de cada diez se tumbaron en la región amazónica, un pulmón del planeta que ante la realidad del calentamiento global requiere con urgencia de un plan para detener su destrucción. El gobierno colombiano, con el impulso de otros países interesados, se ha embarcado en una lucha para lograrlo mediante programas como Visión Amazonía o la Burbuja contra la deforestación.

Sin embargo, la pérdida acelerada de bosque evidencia que los esfuerzos institucionales van más lentos que las dinámicas que pretenden controlar. Eso es lo que está pasando en San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado del departamento de Caquetá con 18 000 hectáreas derribadas el año pasado. Y mientras el gobierno alista sus planes de intervención, en el Caguán las talas continúan a un ritmo que permite predecir que las cifras de 2016 van a ser ampliamente superadas.

Al menos eso es lo que le contó a un equipo de Mongabay Latam y Semana Sostenible un líder de la región de Sabanas del Yarí que prefiere no revelar su nombre por seguridad. Según él, desde principios de agosto varios pobladores de la zona han ingresado a un área de reserva forestal, instituida por la propia comunidad, para tumbar el bosque y establecer pastos para la ganadería. El saldo, narra el entrevistado, son al menos 2000 hectáreas deforestadas hasta ahora y con grandes posibilidades de aumentar en los próximos meses.

El dirigente afirma que algunos de los invasores no tienen tierra y esa es su excusa para ingresar a la reserva, pero que otros que sí tienen también están tumbando para ampliarla y obtener más beneficios cuando finalmente llegue el Estado a hacer presencia. “Nosotros como Junta de Acción hemos tratado de intervenir, pero eso nos ha creado inconvenientes porque la gente lo toma como si estuviéramos en contra de ellos, de que tengan su tierra y la puedan trabajar. Nos dicen que si queremos que salgan les busquemos una alternativa productiva”.

Tradicionalmente, las épocas de tala en esa región del país comenzaban en octubre y noviembre, pero ante la expectativa de la acción institucional los campesinos se adelantaron y comenzaron estas actividades desde el pasado mes de agosto. “Si es que nos van a meter presos, al menos ya tenemos tumbado”, explicó de esta manera el líder lo que suelen decir sus paisanos. También cuenta que se han comunicado con Corpoamazonía, el Instituto Amazónico Sinchi y Parques Nacionales para advertirles de la situación, pero que no han recibido una respuesta hasta el momento.

“A pesar de que lo saben y lo escuchan de nuestra propia boca no han hecho nada para evitarlo. En reuniones anteriores han dicho que van a judicializar a los taladores, pero cuando viene el Ejército, que es lo único que viene por acá, lo que preguntan es dónde están las disidencias de las FARC y en eso se enfocan”, se queja el líder  comunal.

                                    Pérdida de bosque en la región de Sabanas del Yarí. Foto: Semana Sostenible.

Nos comunicamos con el general del Ejército César Parra, quien lidera la Burbuja contra la deforestación en el Caquetá, para preguntarle por las denuncias del líder del Caguán. Parra respondió que conocían la situación porque “hace 15 días tuvimos reunión de la burbuja en San Vicente y analizamos ese tema. Habrá una reunión dentro de ocho días con todas las comunidades de esa región, con el Ministerio del Medio ambiente, Visión Amazonía y personal de la Alcaldía municipal para dar a conocer los proyectos que se van a generar allá”.

Desde el Programa Visión Amazonía, iniciativa del gobierno colombiano que centraliza los recursos y las estrategias para contener la deforestación en esa región, coincidieron con la respuesta del general Parra y añadieron que de esa reunión deben salir acuerdos concretos para revertir esta nueva oleada de talas en el Caguán.

Mientras tanto, el líder comunal advierte que las talas continúan. “Esto apenas está comenzando, en estos días se va a aumentar y el gobierno y las autoridades ambientales se van a impresionar cuando por fin vengan. En ese momento tal vez logren judicializar a alguien, pero eso no va a servir de mucho porque igual no evitaron que todo ese bosque desapareciera”, concluye.


FUENTE: MONGABAY 

 

Así lo dijo Felix Díaz, líder de la Comunidad Qom: “Nosotros nos solidarizamos con la comunidad Mapuche pero los indígenas somos discriminados”.

En mayo de 2016 la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Congreso el proyecto para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Finalmente, después de más de un año de tratamiento, la Cámara de Diputados de la Nación la aprobó.

Concurso anual de ENSAIOS e FOTOGRAFIAS. O Concurso é destinado a mulheres e homens jovens, de 22 a 35 anos de idade, estudantes e professores universitários, pesquisadores, ativistas, gestores de políticas públicas, servidores públicos e de Organizações Não Governamentais (ONG), líderes e membros de organizações e de quaisquer outras áreas com pesquisa, ação, debate e propostas relacionadas com o desenvolvimento rural de base camponesa indígena nos países da América do Sul.