Mediante el presente artículo, la autora nos presenta una breve reflexión sobre la soberanía alimentaria y la Ley de Promoción de la alimentación saludable en Bolivia. Este texto realiza un análisis del contexto en el cual se desenvuelve la normativa y de los posibles resultados que tendrá a futuro. El IPDRS se complace en presentar este artículo de la serie Diálogos, de la mano de una de las capacitadoras de los cursos Interaprendizaje.

En Bolivia recientemente se ha promulgado una Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la cual fue sujeta a análisis desde el Foro Interaprendizaje por un lapso de 22 días. Nuestra plataforma conto con la participación de diferentes actores relacionados a la temática rural y agroalimentaria. Los participantes estuvieron algo balanceados en cuestión de género: contamos con casi 40% de participación femenina. El proceso de discusión de la Ley fue interesante, sin embargo luego de concluido el foro me quedaron algunos pensamientos los cuales presento a continuación como contribución al proceso de reflexión y el debate acerca de la alimentación saludable y el tema agroalimentario actual.

Por lo visto la alimentación en nuestro país ha dejado de ser saludable, a tal punto que existe la necesidad de promulgar una Ley para promover una mejor alimentación. Un tema que en otros tiempos, pertinencia solamente al ámbito privado. Un tema personal-familiar, de costumbres alimentarias que se arraigan en nuestro ser a través de la educación, la familia, y los lazos sociales que nos constriñen, ahora se tratara también mediante una Ley. Se propone promover la alimentación saludable frente al cambio de nuestros patrones de alimentación. Es un hecho irrefutable que la alimentación en nuestro país -y el mundo- se ha deteriorado en cuanto a la calidad, tanto respecto al tipo de materia prima que se utiliza, como a los procesos de preparación de los alimentos.

Ante esta situación es útil preguntarse sobre las razones que conducen a estos cambios. A continuación presento algunas ideas en base a experiencias personales y aprendizajes obtenidos durante mi trabajo en las áreas rurales. Estas ideas están construidas en torno a dos elementos principales que formarían parte de la multiplicidad de causas que han llevado -y continúan dirigiéndonos- hacia la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios: La devaluación de los roles asociados a la producción de alimentos y la desconexión de la producción con el consumo.

Devaluación de los roles asociados a la producción de alimentos

Una vez pregunte a alguien: ¿Por qué crees que ya no se consumen los alimentos tradicionales? Su respuesta fue: “Porque las mujeres ya no quieren cocinar, ya les da flojera, lo fácil no más quieren...” y claro, al principio me impacto el tono culposo de la respuesta, sin embargo también me llevo a preguntarme: y si esto es cierto, por qué será que las mujeres ya no quieren cocinar. ¿Los platillos tradicionales, la comida casera y saludable, en verdad llevan mucho tiempo para cocinar? Ciertamente la preparación de alimentos saludables y las tareas domésticas relacionadas a esto como ser: ir al mercado a buscar productos frescos, preparar los alimentos, mantener la limpieza de la cocina, etc., son tareas que toman mucho tiempo y requieren de técnicas y conocimientos específicos. Sin embargo, estas tareas están actualmente subvaluadas en nuestra sociedad, tanto que las mujeres optan por salir de ello y buscar otras tareas más valoradas y que incluyan remuneración. Sin embargo esta salida del hogar hacia el campo laboral no conlleva un cambio en los roles hacia adentro del hogar, las mujeres que trabajan fuera del hogar aún siguen ocupándose de las tareas domésticas y el poco tiempo que les resta la multi-actividad diaria les obligaría a “buscar lo fácil” es decir comida rápida o pre-cocida, congelada, embutidos, enlatados, algo listo para servir en la imperiosa necesidad de cumplir la dualidad de roles exigido a la mujer en una sociedad capitalista y patriarcal: hacer dinero y hacer hogar.

El simple hecho de que poco a poco la preparación de los alimentos este siendo delegada a terceros, sean estos pensiones, restaurantes de comida rápida, y hasta fabricas procesadoras, debería ser un factor muy importante a tomar en cuenta, algo así como un síntoma que nos indique y devele un problema mayor y fundamental de nuestro sistema alimentario, puesto que el tener estas opciones significa que el poder de decisión acerca del menú, sus ingredientes y modos de preparación se traslada a dichos sectores y son estos los que a la larga estructuran los mercados y por ende la producción agrícola. Así mismo, la emergencia de estos poderes también conlleva la erosión de conocimientos y habilidades para la preparación de los alimentos en la población en general, hasta que los mismos desaparecen y las dietas se vuelven monótonas y poco saludables. El consumidor al no saber preparar los platillos, no es consiente del proceso de preparación, de cuáles son los ingredientes (o que significan en las etiquetas) y por lo tanto posee menos herramientas para juzgar la calidad de los mismos.

La producción agrícola campesina: en proceso de extinción

Otra labor tan vital como el cuidado, pero también subvaluada en la actualidad: es la labor de producir alimentos. El trabajo minucioso, duro y dedicado que implica la producción de alimentos -comparable al de las mujeres al prepararlos- es cada vez menos valorizado y hasta invisibilidad ante nuestros ojos. Los sistemas de producción campesinos combinan un sinnúmero de conocimientos, transmitidos de generación en generación y sustentados por anos de observación cuidadosa y sistemática de los fenómenos climáticos y ciclos agrícolas de cada cultivo, así como su comportamiento en diferentes nichos ecológicos. Además cada cultivo lleva en sí, el trabajo de selección cuidadosa de las variedades de mejor desempeño, por su resistencia al clima, tipo suelo, rendimientos, usos y sabores realizados a través de los siglos. Por otra parte, por las condiciones del área rural, el trabajo agrícola campesino requiere de gran esfuerzo físico y largas horas, así como de puntualidad en las tareas que exige el cultivo.

Un productor de papas nativas del altiplano dijo una vez: “somos campesinos y agricultores, y eso es una profesión, que lindo seria que podríamos decirnos eso, que en nuestra cedula de identidad dijera ocupación: agricultor”

Así la profesión de agricultor campesino sigue siendo devaluada en nuestro país, que ni siquiera es considerada una profesión como tal. Esta devaluación implica que cada vez más el sueño de muchos productores campesinos sea dejar de serlo. Dejar el campo, migrar a las ciudades ellos o sus hijos, convertirse en transportistas, intermediarios u otra profesión ajena a la producción agrícola. Si a esto sumamos las muchas deficiencias en servicios de los que adolece el área rural la consideración de dejar el campo es comprensible.

Estos factores usualmente no son tomados en cuenta al momento de pensar en alimentación saludable. Generalmente el termino evoca una brillante manzana, muchas frutas y lácteos o una pirámide alimenticia muy bien balanceada. Mientras que los actores que realmente hacen o hicieron posible el acceso a alimentos saludables, poco a poco se hacen invisibles.

La desconexión de la producción con el consumo

La invisibilización de los roles tanto de quien produce como de quien prepara los alimentos nos ha llevado a un fenómeno de desconexión entre la producción y el consumo. Esta desconexión comodifica a los alimentos, ocasionando que estos pierdan su categoría como tales y se conviertan en meros artículos de consumo como podría ser un lápiz o un cuaderno. Por lo tanto, aquellos oferentes que pueden reducir sus costos de producción y ofrecer productos a precios más bajos copan cada vez mayores espacios en las alacenas de los consumidores.

Estos oferentes crean además estrategias para ser considerados más cercanos por los consumidores: la creación de “marcas” de productos alimenticios que se constituyen en garantías de calidad de los mismos. La “marca” del alimento se hace cada vez más cercana y conocida, más confiable y aquel pequeño productor o productora campesina se nos hace cada vez más lejana y nos inspira menos confianza a la hora de adquirir nuestros alimentos. También a través de la marca se infunde la sensación de un mayor bienestar en la población, a través de asociar el consumo de ciertos alimentos a ciertas clases sociales. El sistema premia la producción de alimentos baratos y de muy baja calidad, con mayores ingresos y por ende mayor estatus social que a su vez permite alcanzar mayores ingresos, en una suerte de círculo virtuoso donde solo ganan los que saben aprovechar este sistema. Sin embargo pierden aquellos que siguen las rutas alimentarias infundadas por la publicidad, en busca de estatus o identificación con la clase social publicitada. Pierden salud, pero también el componente identitario enclavado en la alimentación, los sabores que desde el vientre degustamos a través de nuestras madres, los múltiples saberes y conocimientos asociados a la  preparación de los alimentos “nuestros”, los conocimientos y saberes asociados a la producción agrícola y a las diferentes especies -gracias a la estandarización mercantil- que se van perdiendo en los recuerdos de algunos ancianos y ancianas que solamente extrañan ese sabor que les retornaría a su infancia, a sus vivencias. Estos múltiples sabores ahora son remplazados por el azúcar, el gran contenido de sal y otros aditivos que adormecen nuestros paladares.

Todo esto envuelto para llevar y con una prestigiosa marca que nos hace sentir que estamos “bien” y que el producto a consumir es saludable, confiable y hasta garantizado. Como resultado, surge la necesidad de “regular” el consumo, de que el Estado pueda -y deba- tratar de contrarrestar los efectos de esas elecciones diarias no saludables a las que nos hemos visto conducidos sin darnos cuenta, por la comodificacion de los alimentos.

Respuestas del agro campesino

Ante esta preocupante situación, existen múltiples respuestas en el nivel local, las cuales positivas o no, son creativas y diversas y obedecen a la necesidad de reproducción de los medios de vida de los y las pequeñas productoras agrícolas. A continuación describo dos tipos de respuestas que he podido observar en mi práctica profesional las cuales sin duda son algunas de las muchas que todavía resta por explorar.

• Pequeños imitadores periféricos

Ante el riesgo de desaparecer del sistema agroalimentario los pequeños productores campesinos son urgidos hacia la participación en mejores mercados. Pero para esto deben añadir mayor valor a sus productos, industrializarlos, etiquetarlos, empaquetarlos, los productores no solo deben formalizarse, sino también legalizarse, certificarse, evaluarse, individualizarse, diferenciarse y competir... es decir casi se les exige a dejar de ser “campesinos” (en lo que se podría decirse una comparación de connotación negativa hacia lo que es ser campesino) indirectamente forzando su entrada al ámbito de la producción industrial de alimentos.

De esta forma los pequeños productores agrícolas campesinos y no solo ellos, sino los múltiples expendios de comida tradicional y chatarra en las calles de las regiones urbanas, se aprestan a convertirse en pequeños imitadores periféricos del sistema dominante mundial de producción y comercialización de alimentos comodificados. Sin embargo, de inicio están destinados a permanecer en la periferia, pese a los intentos de transformación y adaptación de su producción y productos a las exigencias de los mejores mercados, precisamente por su condición de ser pequeños ante reglas y estándares diseñados para los grandes. Por ejemplo, una preocupación surgida en los análisis del Foro es cómo afectaría una Ley de alimentación saludable a los pequeños productores o procesadores. Si bien la Ley propone reglamentos novedosos como el etiquetado especifico de productos no saludables, estos indirectamente legitimaran a quienes puedan rápidamente adaptarse a estos requerimientos, es decir a quienes tiene la capacidad económica y tecnológica para hacerlo. ¿Y que pasara con los pequeños? Seguramente se verán afectados en su economía, sin embargo tendrán a imitar a las grandes empresas creando tal vez etiquetas clandestinas, poniendo afiches acerca de la alimentación saludable en sus expendios y tal vez ofreciendo una que otra fruta o verduras a gusto del cliente. Sin embargo se afectaran sus ingresos y el status de sus alimentos continuara en descenso provocando mayor desconfianza en la población quienes tenderán a consumir más alimentos de mejor calidad en términos de “marca”. Probablemente los pequeños imitadores periféricos del sistema agro alimentario-industrial terminen saliendo de la esfera de la producción y expendio de alimentos, o permanecerán desde la periferia en el expendio de alimentos “copia trucha” de las grandes empresas.

Reproducción periférica clandestina

Otra opción es mantener su pequeña producción tradicional, mantenerse en la informalidad como un proceso de resistencia silenciosa y pasiva ante los estándares impuestos por el sistema agroalimentario industrial. Por ejemplo, actualmente conviven en la producción campesina la producción de materia prima y alimentos para el mercado y la producción de alimentos para el auto consumo. Estos últimos muchas veces son producidos por el gusto específico de la familia campesina, quienes aún desean darse el gusto de consumirlos, sin embargo no tienen un valor en el mercado. En otras palabras los pequeños productores hacen uso de estrategias para mantener algunos hábitos alimenticios a través de la producción solo para su entorno cercano, de productos tradicionales valiosos que por su bajo consumo en las ciudades, han desaparecido paulatinamente de los mercados. El rescate de estos productos y el conocimiento específico asociado a su producción podría ser de gran utilidad para la humanidad, tal como es el caso de la quinua que ahora es conocida a nivel mundial. Sin embargo y paradójicamente su rescate podría llegar a significar su perdida, en términos de ceder estos productos desde el ámbito de la producción exclusiva del hogar campesino hacia el mercado, y que estos al comodificarse y hallar un valor en el mercado induzcan a la transformación del sistema productivo que en primera instancia, hizo posible su conservación y reproducción.

Sin duda no existe una sola respuesta o solución a un problema con múltiples causalidades, y ese hecho precisamente el que debe obligarnos a pensar y repensar las formas en que podemos desde nuestros platos intentar transformar nuestras realidades más cercanas. Superar la subvaluación de las labores de producción y preparación de alimentos, nos requiere romper moldes y ser muy creativos. ¿Romper el molde significa no tomar los alimentos por sentados, preguntarnos desde las ciudades, de donde proviene lo que está en nuestro plato, quien lo produjo? ¿Quién lo compro? ¿Quién lo cocino?, observar con cuidado lo que comemos, lo que compramos y donde lo compramos. Revalorizar el rol de producción también significa desde el Estado que se deben crear políticas de promoción y protección a los productos campesinos además de realzar y compensar el trabajo que realizan y su rol como proveedores de alimentos. Por otra parte revalorizar el trabajo de preparado de los alimentos conlleva otorgarle un sitial especial en las políticas públicas, en los planes educativos, re enseñar a cocinar y hasta a comer productos sanos. Y además otorgarle el tiempo necesario a la preparación de los alimentos, pues es una tarea fundamental para la sostenibilidad de la vida.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) ofrece el presente artículo que surgió de la reflexión de la temática de tierras en Argentina. La autora hace una descripción de la problemática del acceso a la tierra y las acciones concretas que el Gobierno de ese país ha realizado para cambiar esa situación. De esta forma, el presente artículo sirve como un documento descriptivo del problema de la tierra y plantea una visión crítica a la situación actual.

En las tierras de Guanacache, al noreste de la provincia de Mendoza, en el departamento de Lavalle, se erigen contra los poderosos y sus atropellos las once comunidades del Pueblo Huarpe Milcayac. Este es un pueblo que viene resistiendo hace siglos y que no ha podido ser silenciado por lo más árido del olvido.

La principal lucha, aunque no la única, de las comunidades Huarpes es por el inmediato cumplimiento de la Ley 6920, que ordena la titularización de la tierra que habitan en propiedad comunitaria.

Este territorio es portador de densas solidaridades. Está cargado de historias, sentidos e identidades que buscan la visibilidad en un Estado que pretende dejarlos en el olvido y prácticamente desconoce su existencia. Y sin embargo, allí están los hijos e hijas de Hunuc Huar, de pie resistiendo y luchando por su territorio de una forma incansable.

Derroteros geográficos y construcciones territoriales

En la actualidad, el lugar donde se asientan las comunidades Huarpes es conocido como “secano lavallino”, se da este nombre a las tierras no irrigadas del Departamento de Lavalle, (zonas que no tienen acceso al agua de riego). Abarcando el norte y el este de Lavalle, sus distritos son: San José, La Asunción, Lagunas del Rosario y San Miguel, su población es considerada por el Censo Nacional como netamente rural.

El secano, es habitualmente denominado en el ámbito local como “desierto”. Este apelativo es criticado por las pobladoras y los pobladores, quienes expresan que desierto refiere al lugar donde no habitan las personas.

En contraposición, sus habitantes prefieren nombrar el lugar como “el campo”. Pese a esto, desde el imaginario colectivo lo nombran “desierto”, dadas las características de aridez de su clima, por la escasez de agua y en cierto punto por la baja densidad poblacional. Paradójicamente, pero no fortuitamente, la zona también es conocida como Lagunas de Guanacache, o simplemente Guanacache, por estar definida hasta principios del siglo XX por formaciones lagunares, que recibían aportes de los ríos Mendoza, San Juan, y Desaguadero y de algunos arroyos como el Tulumaya.

A causa de un proceso de concentración del agua en los oasis y al quedar del reparto oficial del recurso hídrico (finales del siglo XIX) mediante la excluidas en la Ley de Aguas Mendocinas, paulatinamente las lagunas se fueron secando. En la actualidad, solo en algunos períodos discontinuos llega agua desde los cauces anteriormente mencionados.

El topónimo Guanacache en Millcayac significa “hombre que mira el agua que baja”. Este significado se ha vinculado con el hecho de que el agua bajaba, como mencionamos anteriormente, desde distintos ríos hacia las lagunas. En la actualidad, desde las propias voces de los y las habitantes de Guanacache: “hoy los huarpes seguimos mirando el agua que se queda arriba (en la zona irrigida) y no llega a nuestras tierras”. Lo que ayer fue un inmenso espejo de agua y un vergel de diversos cultivos, es hoy un paisaje árido de médanos abundantes.

El secano lavallino se ha constituido como tal en virtud de un complejo proceso de construcción del territorio que se ha jugado en la oposición oasis y desierto. Entonces, podemos visualizar la polarización existente en el territorio mendocino en dos subregiones: los oasis, por un lado, territorios beneficiarios del riego, sede de los emprendimientos productivos más dinámicos de la región y del otro, las tierras no irrigadas, de desierto o secano, alejadas de tales beneficios y concentradoras de magras densidades poblacionales y altos índices de pobreza. Históricamente, estos territorios (oasis y desierto) han participado de un mismo proceso de construcción territorial, donde los primeros se consolidaron subordinando a los segundos, extrayendo de estos recursos naturales y fuerza de trabajo.

Las relaciones entre ambos territorios han tomado diversas formas a lo largo del tiempo. Excedería los objetivos de nuestro trabajo realizar ese recorrido, pero sí podemos afirmar que siempre se ha perpetrado bajo la misma lógica extractiva, lo que ha provocado con el transcurrir del tiempo, la degradación del medio expresado en un grave proceso de desertificación y en profundas consecuencias socio-económicas.

Las organizaciones comunitarias, la lucha y resistencia

El largo itinerario por el reconocimiento formal del derecho a la tierra del Pueblo Huarpe comienza hacia finales de la década de los noventa cuando se organizan en lo que hoy conocemos como las once Comunidades Huarpes de la Provincia de Mendoza.

En Argentina, a partir de la reforma constitucional del año 1994, se produce el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en el territorio nacional. Y es en este contexto político de reconocimiento normativo y jurídico de la diversidad cultural, que comienza el nucleamiento en “comunidades indígenas” de poblaciones consideradas “desaparecidas”. Este proceso no exceptuó a la comunidad Huarpe, cuya inscripción en el registro de comunidades indígenas se efectuó en el año 1999 y cuyas reivindicaciones territoriales desembocaron en la promulgación de la Ley provincial Nº 6920 de reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza en el año 2001.

Las once Comunidades Huarpe han sido reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Cada una tiene un consejo y todas son agrupadas por un presidente.

Estas comunidades se emplazan en una zona caracterizada por la escasez de agua, tanto para el consumo humano como para el abrevado de animales o el riego; de difícil acceso y con conflictos permanentes por la obtención definitiva de la tierra. Allí, los principales reclamos de estas comunidades en Mendoza, son las del reconocimiento de la cultura huarpe, la demanda por la tenencia comunitaria de la tierra y por el acceso al agua.

Conocida como la Ley Huarpe, la 6920 surge del seno mismo de las comunidades a fin de dar cumplimiento al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, exigiendo al Estado Provincial que se reconozca el derecho a la tierra como pueblos preexistentes, que se restituya el territorio en que habitan y que se reconozca la identidad y cultura huarpe.

Esta ley también vino a poner sobre el tapete la existencia de un pueblo indígena en una provincia que se decía hija de inmigrantes europeos (sobre todo en las zonas irrigadas) y dónde lo huarpe era identificado como un pasado muy lejano cuyos últimos resabios habían habitado las tierras de Guanacache.

Así, la Ley Huarpe puso en cuestión la historia provincial y los saberes producidos desde la academia al evidenciar desde la materialidad misma de sus existencias que la identidad huarpe no eran una reminiscencia del pasado, sino que era presente y memoria viva. Asimismo, se afirmó que más bien, esta negación de las pertenencias indígenas formaba parte de complejos procesos de invisibilización de sus presencias y de sus derechos a lo largo de décadas.

En este sentido, la lucha del pueblo huarpe continúa, dado que no se ha hecho efectiva la expropiación de las tierras para ser entregadas en propiedad comunitaria, pero la resistencia y organización  también sigue porque las comunidades saben que su lucha no es solo por la tierra, sino por una forma de vida que ha sido históricamente contraría a la de los estados nacionales, a la de los intereses coloniales y capitalistas, dicen en “el campo” quizás parafraseando a Zapata que la tierra es de quien la trabaja con amor, y no de quien la explota con ambición, dicen en Guanacache que la tierra es la madre (pecne tao) y que “no se puede dividir a la madre para darle un pedazo a cada hijo. No queremos un pedazo para cada uno. No queremos un título para cada uno, a la Madre no se la reparte en pedazos, la queremos entera toda para nosotros. Nosotros queremos la tierra como propiedad comunitaria porque nosotros somos Huarpe”

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La agricultura resiliente al clima está en vigencia hoy más que antes debido a los constantes cambios que experimenta nuestro planeta. Al comprender los orígenes de las investigaciones sobre la agricultura y el cambio climático, el autor busca unir la tecnología y los saberes ancestrales de los pueblos para la producción alimenticia más eficiente. Como parte de una serie de artículos cortos de opinión, este texto llega a plantear una postura sobre la agricultura resiliente al clima. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) te invita a leer este trabajo que llega desde Venezuela.

Los humanos en los inicios, al detectar las posibilidades de cultivar alimentos vegetales, en el entorno más cercano; comenzaron con  siembras de aquellas plantas silvestres, de usos más frecuentes y de recolecciones más lejanas. Al racionalizar el proceso, detectaron las relaciones de los movimientos de los astros, con los períodos climáticos. Aceptables precisiones, al considerar que las herramientas utilizadas, en los inicios, eran intuitivas y perceptivas; considerando, más o menos  periodos estacionales constante, que redundaron en cosechas abundantes. Y con el crecimiento grupales, empezaron a incluir otros rubros e incluso, monocultivos, quizás, lo que más les gustaban, o los más demandados. Y mediante el trueque, fueron ampliando las posibilidades.

En los grandes glaciares del Cuaternario, 10.000 años a.c, se inició un retroceso por deshielo y en consecuencia, se  ampliaron   los bosques, ocupando mayores altitudes y las vegetaciones menores, ocuparon mayores espacios. Además, el calentamiento global, surge como una preocupación a nivel mundial, por los efectos del incremento de la temperatura, dióxido de carbono y el deshielo con efectos negativo; que interaccionan,  disminuyendo la capacidad de carga de la biosfera, en la producción de alimentos.

Complementando, con la producción y liberación de gases de efectos invernaderos, la deforestación y desertificación, y el consumo de combustibles fósiles, como mayores fuentes antropogénicas de C02; que propicia la pérdida  de capacidad de absorber y de reflejar el calor.

La agricultura antes y hoy

Es posible que la agricultura comenzara con un hecho casual: al observar que las semillas productos de desechos, germinaron y posiblemente crecieron y los frutos, les indicaron,  las posibilidades de replicar, lo que observaban en grandes vegetaciones. Como plantas silvestres, en abundancia, generadoras de alimentos, que recolectaban anualmente. Se puede inferir, que debido a los cambios climáticos y a la competencia, con otros grupos y con los animales, muchas veces el viaje era infructuoso. Aunque algunos expertos afirman, que para el cultivo racional, tuvo que pasar varios siglos; producto de las sabidurías acumuladas, al seleccionar las especies más productivas y resistentes, y bajo las condiciones variables del clima.

En base a experiencias acumuladas como sabidurías de los pueblos y conocimientos pragmáticos - dogmáticos se generaron nuevos métodos y procedimientos. La agricultura industrial, con objetivo de producción masivas alejadas de los métodos tradicionales, asociadas a los monocultivos y vinculadas a las deforestaciones de ecosistemas que afecta, y sigue afectando, la realidad sensible  e incluyendo la degradación  de la biosfera primarias impulsó  la “Revolución Verde” actualmente ralentizadas. Es con este origen que se da paso a la  “Agricultura Resiliente al Clima” que investiga la capacidad de resistir y rehacerse frente a los factores intervinientes, pudiendo surgir de ésta  fortalezas que se pueden aplicar a otros cultivos para dotar al agricultor con más recursos que los disponibles antes los hechos adversos.

Durante siglos, los humanos vienen luchando con las posibilidades de producir alimentos vegetales y, mientras más producen, más se siente el incremento de la pobreza. Al comienzo del Siglo XXI, son muchos los  expertos que afirman que con lo que se produce es suficiente alimentar a todos los pobres del mundo y sin hacer una discriminación entre alimentos vegetales y alimentos de otra naturaleza. Sin considerar las inmensas cantidades de alimentos que se pierden al no ser usados por malas praxis, se lleva inferir, en áreas prioritarias como lo importante para evitar los desperdicios alimenticios y evitar, lo urgente como, la Agricultura Resiliente al Clima que requieren procesos de investigaciones.

Los diferentes intentos en revolucionar las metodologías agrícolas para incrementar la  producción y para satisfacer las grandes necesidades alimentarias contrasta   con  el continuo incremento de la pobreza.  Donde connotados pensadores, investigadores y científicos se preocupan más como objeto conceptual. Por lo tanto, son pocas las iniciativas de que los alimentos, como objetos físicos, lleguen a los pobres.  Motiva a considerar, los Sistemas Dinámicos Agrícolas, como otro enfoque, que faciliten la comprensión y el entendimiento, de los objetos conceptuales y físicos; para motivar la empatía alimentaria. Nuevas metodologías, como la  Agricultura Resiliente al Clima (ARC) son nuevos intentos para  incrementar la productividad de los sembrados.

Para alcanzar la estabilidad dinámica del sistema se asume pequeñas perturbaciones de las variables que las integran, donde las ecuaciones de movimientos producen un comportamiento similar al comportamiento sin perturbaciones, al tratar de controlar los riesgos mediante factores de controles sobre las variables que impactan en la  variabilidad. Esto se entiende como un modelo económico en sentido general, también impactado por los límites de bordes, elementos, e identificando  el comportamiento, en un espacio, donde se aprecian los aspectos relevantes utilizados en ARC. Elementos  que interactúan, en forma causal; por variables intervinientes (exógenas)  que las afectan, sin que la provoquen y  que afecta el sistema que la provoca (endógenas)

Es importante comprender que la Agricultura se considera como un espacio donde se desarrolla el proceso de preparación de la tierra, siembra, cuidados y recolección. Permite inferir, como un sistema físico que evoluciona en el tiempo; con elementos, relaciones y bordes de límites, factible de modelar económicamente, que permita identificar las variables, medirlas, controlarlas y entonarlas.

Asimismo, la agricultura brinda la posibilidad de desarrollar simulaciones, incursionando, en los conocimientos de la ingeniería de calidad robusta, desarrollados por el Dr. Genichi Taguchi, como un extracto de avanzada tecnológica. Complementado, con estudios sobre un Diagrama (P)  y  en realidad se alude a los factores; estructurados por parámetros y variables. El autor infiere, en base a la estructura, como verdadero nombre diagrama (F).

Establece relaciones entre los resultados (salidas) y las entradas de un sistema dinámico, para localizar factores contribuyentes a la variación de las variables y medir datos, en forma estratificadas, que permitan obtener resultados robustos. Es un sistema dinámico, que se infiere, como manejado por un microprocesador; con estado de ejecuciones en un momento dado, cuyo valores tienen que ser registrados, mediante un programa, reservando informaciones « como memorias y contenidos»  que facilita  el sistema dinámico y tienen que ser complementada con una  planificación agrícola; sin eludir, los conocimientos sobre la ingeniería de calidad,  que puede ayudar a la profundidad conceptual del ARC y disminuir, los desperdicios de alimentos.

Planificación Agrícola

En base a las experiencias en planificaciones de trabajos y proyectos, adquiridas en las diferentes empresas y a la escala jerárquica del concepto, existen los siguientes niveles: en sentido general, que aplican los países “desarrollados”. Se inicia, como algo pragmático e individual. Mediante la profundización conceptual, conservando lo individual, se transforman en algo dogmático; mantenimiento una gerencia, para maximizar los recursos en la obtención de máximas ganancias y en sentido específicos, la que se vienen utilizando por los pueblos, en un tratar y tratar, con algunos errores, que se superan mediante el pragmatismo. Utilizando el individualismo como puente para transformarse en sujeto y estructurar lo colectivo. En este espacio la gerencia se orienta para optimizar la eficiencia humana.

Al enfatizar que todos los conceptos están estructurados por elementos comunes y diferencias, en sentido general, prevalece lo común en detrimento de las diferencias y en sentido específico, prevalecen las diferencias.  Y el camino que se aproxima a la verdad, en ambas es la misma.

En vez de establecer necesidades alimentarias en base a la población nacional, hacerla a nivel regional, en base a las necesidades  y en las posibilidades productivas. Indicando los pasos de la Planificación de los Sistema  Agrícolas;  para optimizar la eficiencia humana,

Toda organización tiene que velar para que los conciudadanos tengan la disponibilidad alimentaria. Para eso, es necesario, censar a la población y desarrollar fuentes de trabajo, para garantizar la disponibilidad financiera y que, de esta forma, los productos alimentarios sean comercializados.

Asimismo, las unidades de producción que logran capacidades excedentarias, tiene que ofrecerlas a los que tienen capacidad  de ficitarias, tratando de que se logre actividades de complementariedad.

Calcular y facilitar los recursos, para cada Sistema Dinámico de Agricultura.

Para lograr resultados eficientes, es menester contar con  todas las entradas requeridas. Desarrollar la estructura desagregada de trabajo (EDT) orientada a facilitar la eficiencia agrícola humana, desafortunadamente es una metodología, al alcance de pocos; Desarrollar la Planificación, ya que existen empresas dedicadas a estos menesteres.

Asimismo, es importante Desarrollar la Programación, incluyendo estrategias para corregir desviaciones, producto de las variables intervinientes (Proyectos tácticos), minimizando riesgos y desarrollando factores de controles. También es relevante establecer índices de eficiencias, en base a los esfuerzos humanos; para compararlos con los estimados en base a las ganancias monetarias e incluyendo la estructura desagregada de trabajo, en función de las personas.

CONCLUSIONES

Según la escala jerárquica del concepto, se puede inferir, que los países desarrollados presentan un nivel desarrollo conceptual en sentido específico más general, que los Latinoamericano y El Caribe. Lo que indica, que el desarrollo político, económico y social, fue impactado conceptualmente, por los intereses foráneos. Esto implica, que es necesario revisar los conceptos más relevantes, que permitan insertar los verdaderos objetivos, al señalar las alternativas, selección de alternativas e indicar la propensión de futuro, que favorezcan a las futuras generaciones latinoamericana y caribeños. Por ejemplo, el  concepto Agricultura Resiliente al Clima, es parte de la comprensión del concepto Resiliencia, con ontología mecánica, mimetizándose con epistemología para ser aplicada en la Agricultura.

Al citar, lo que exponen algunos expertos, sobre la Agricultura resiliente, como la capacidad de resistir y rehacerse frente a la adversidad de la vida, pudiendo emerger de las mismas fortalecidas y dotadas aún de más recursos, que los disponibles antes de los hechos adversos.  Al comparar, con el concepto original de Resiliencia: La capacidad de los materiales de sufrir un esfuerzo y volver al estado inicial,  en las mismas condiciones. Sin embargo, al desarrollar la profundidad conceptual, los materiales sufren fatigas, que poco a poco minan las capacidades de los materiales. Esto lleva a inferir que es necesario desarrollar investigaciones más profundas para lograr mayor eficiencia al momento de alcanzar objetivos.

Se habla de estrategias agroecológicas, para incrementar la adaptabilidad de la Agricultura Industrial a los eventos climáticos cambiantes y extremos. En los comienzos del Siglo XXI, se presenta la Agricultura Resiliente al Clima, sustituyendo a la Revolución Verde, en lo acometido. Y mediante las investigaciones se sugieren prácticas surgidas de las Sabidurías de los Pueblos que incrementan la resiliencia a los eventos climáticos para disminuir la adversidad  y con mayor sostenibilidad a largo plazo. Incluir en la agricultura tradicional, estrategias, para disminuir la variabilidad de las variables que afectan la productividad y la sostenibilidad de los productos agrícolas, para obtener beneficios económicos; considerando los factores de riesgos, que ofrecen las variables intervinientes.

La Agricultura Resiliente al Clima, como objeto conceptual puede ser el inicio de un camino, que se aproxime a la verdad. Sin embargo, para lograr el objeto físico que la relaciona, es menester elegir el camino más acertado. El camino pragmático, es una elección de vicisitudes prácticas; en un tratar y tratar, se pierde muchos esfuerzos. Es imperante, desarrollar nuevos caminos. En vez de alcanzar la productividad para los máximos beneficios económicos, alcanzar la productividad mediante la comprensión e interpretación, en el logro de la óptima eficiencia humana.

En la agricultura durante muchos siglos, son muchos los problemas que no se han solucionados. Se infiere,   falta de capacidad de profundidad conceptual, porque se ha dado prioridad a lo  pragmático, que a lo dogmático. Esto quiere decir, que no ha sido suficiente las sabidurías de los pueblos y ni los principios ontológicos y epistemológico.  Hay que Insistir en el desarrollo  de la Facultad de Pensar, que permite optimizar la imaginación en los procesos creativos, para transitar caminos más eficientes para aproximarse al camino a la verdad. Es importante buscar la profundización conceptual de los conocimientos existentes y ligarlas significativamente a las experiencias.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Las compras públicas en Bolivia han llegado a ser una oportunidad para los pequeños productores de este país, sin embargo y pese a la normativa, existen algunas dificultades para acceder a estos espacios. En este artículo, la autora nos explica más sobre la importancia del acceso a la compra pública para construir la soberanía alimentaria. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) se complace en presentarles un trabajo que forma parte del Curso Virtual Interaprendizaje de “Compras públicas para la soberanía alimentaria en Bolivia”.

Actualmente en nuestro país existe un amplio marco normativo que promueve la compra publica preferencial a pequeños productores y productos locales. Cinco artículos de la Constitución Política del Estado, y varios artículos en las Leyes 031, 144, 338 y 622; además de múltiples Decretos Supremos tales como el DS 181, DS 2294, DS 2167, DS 2753 y hasta los planes nacionales de desarrollo, específicamente en los acápites referentes a la soberanía alimentaria, hacen referencia a las intenciones y obligaciones del Estado de promover la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña agricultura, ya sea esta de origen a campesino, indígena originario, afroboliviano, agricultura familiar, organización económica campesina (OECA) o comunitaria (OECOM); a través de su inclusión como proveedores a programas de compras públicas de alimentos u otros servicios requeridos por el Estado.

Las compras públicas de alimentos, que representarían al 2011 un mercado potencial de 1.409 millones de bolivianos, tienen como principales compradores a los Gobiernos Autónomos Municipales (45%), el Gobierno Central (32%) y los Gobiernos Autónomos Departamentales (9%). Entre estas, se encuentran diversos tipos de compras tales como compras para refrigerios, compras para centros hospitalarios y penitenciarios, compras para las fuerzas armadas y otros. Sin embargo, una de las compras con mayor potencial para incluir a pequeños productores de alimentos es la compra para los programas de Alimentación Complementaria Escolar.

El potencial de estas compras radica en que la decisión de compra se toma a nivel municipal, es decir esta descentralizada y son los Gobiernos Municipales quienes tienen el poder de decisión acerca de que comprar y a quienes comprar. Esto significa que el mercado se hace más cercano a los productores, y su poder de influencia en él se incrementa. Por otra parte también significaría una reducción en los costos de logística y transporte para la distribución de los productos, puesto que se los vende en el mismo municipio realizando entregas periódicas a escuelas o algún centro de acopio de acuerdo a las diferentes configuraciones locales. Una tercera ventaja, es que al formalizarse estas compras a través de un contrato, los riesgos inherentes a la venta informal en mercados rurales o través de intermediarios, tales como el regateo o el “hold up” (una forma de oportunismo en la que la parte más aventajada se aprovecha de la parte en desventaja a la hora de negociar),  que podrían sufrir los productores se reducen, pues el contrato establece de antemano los montos a pagar.

Por otra parte en cuanto a Soberanía alimentaria se refiere, las compras públicas locales a pequeños productores podrían llegar a constituirse en un dispositivo mediante el cual se alcance y se ponga en práctica los postulados y objetivos del paradigma de soberanía alimentaria. El poder de compra del Estado puede ser utilizado para favorecer el desarrollo o fortalecimiento de sistemas productivos locales y hasta regionales, destinados a reconciliar la producción con el consumo de alimentos sanos, saludables, biodiversos y con identidad cultural. A esto se suma el gran potencial de influencia que a través de las compras de alimentos podría tener el Estado en las prácticas de conservación del medio ambiente, al favorecer la compra de productos orgánicos y ecológicos.

Sin embargo, pese a las ventajas potenciales que ofrecería este mercado y a la amplia normativa vigente hace un buen tiempo, en la actualidad la participación de pequeños productores tanto en las compras estatales de alimentos en general como en las compras para la Alimentación Complementaria Escolar es mínima e inestable. Por ejemplo, un estudio  registro que en el 2011, solamente el 3% de los contratos y el 1.72% del valor asignado a la Alimentación Complementaria Escolar a nivel nacional, pertenecía a las organizaciones de productores. El resto era copado por las grandes empresas (45% de contratos y 73% del valor) y las empresas unipersonales (50% de los contratos y 23.7% del valor). Además en base a diferentes estudios de caso y seguimiento a asociaciones de pequeños productores que alguna vez participaron en este mercado se puede observar que su participación suele ser complicada y por una única vez, o por un corto tiempo lo cual significa que no se logran construir relaciones estables y sostenibles con los Gobiernos municipales y que muchas veces la participación en estos mercados resulta frustrante para los pequeños productores de tal forma que no vuelven a intentarlo al siguiente año.

Ante este panorama es importante preguntarnos cuales son las causas que obstaculizan la participación de los pequeños productores en mercados potencialmente habilitadores y hasta formalizadores para la pequeña producción rural. A continuación se presentan algunos argumentos acerca de las posibles causas para esta exclusión.

Contradicciones con las “otras” normativas

Si bien la normativa directamente relacionada a las compras públicas y a pequeños productores presenta muchas ventajas para los mismos, existen aún otras normativas relacionadas a las compras de alimentos que no han sido transformadas ni adaptadas para que esto sea posible, y que por lo tanto a la hora de hacer operativa la compra a pequeños productores se convierten en obstáculos infranqueables tanto como para los pequeños productores como para los Gobierno Municipales que desean realizar las compras. Por ejemplo un obstáculo recurrentemente citado tanto por Gobiernos Municipales y productores, es la necesidad de obtener un registro sanitario de sus productos que les permita garantizar la inocuidad de estos y por lo tanto venderlos al Estado.

Entonces para obtener este registro el productor deberá atravesar por un sinnúmero de trámites y procedimientos que implican desde la utilización de empaques individuales para la entrega de sus productos, hasta la modificación de la infraestructura o el sitio de elaboración de los mismos, entre otros. Esto obliga a que los productores deban realizar inversiones que muchas veces no están a su alcance para lograr ingresar al mercado de la Alimentación Complementaria Escolar, sin mencionar que los procesos de otorgación del certificado incluyen mucho tiempo y esfuerzos de desplazamiento a las ciudades más cercanas, contacto con técnicos y personal administrativo que en su mayoría no hablan su idioma y quienes están acostumbrados a lidiar con empresas más formales. En resumen, obtener el registro se convierte en un obstáculo muy difícil de superar en la mayoría de los casos. Cabe preguntarnos si es que ¿acaso no existen otras formas de garantizar la inocuidad de los alimentos? es necesario trasmitir esta pregunta a los tomadores de decisiones y a quienes diseñan los reglamentos para el registro.

Es urgente la creación de un registro específico que nos permita garantizar la inocuidad de los alimentos producidos y transformados de forma tradicional por la pequeña agricultura sin obligarlos a dejar su forma de producción artesanal, o a realizar inversiones fuera de su alcance. Al momento las normas y procesos que rigen la certificación sanitaria parecen estar sesgadas hacia el ámbito de producción y transformación industrial de alimentos, lo cual significa que el pequeño productor deba intentar acomodarse y hasta imitar las prácticas de la industria. Debido a esto, pese a que la normativa de compras públicas otorgue ventajas a los pequeños, a la hora de obtener el certificado de registro sanitario los pequeños productores tienen todas las de perder.

Debilidades de la oferta

En cuanto a las debilidades de la oferta, por su condición de pequeños y pequeñas productoras se podrían nombrar muchas debilidades inherentes al entorno rural en nuestro país, las cuales obedecen más a factores estructurales tales como la baja escolaridad y la deficiente infraestructura así como la incertidumbre en la producción de materia prima debido a factores climáticos, entre otros. Sin embargo, específicamente para la provisión de alimentos a los programas de Alimentación Complementaria Escolar nos concentraremos en un factor principal que complica su participación: el paso de un sistema de producción netamente agrícola a un sistema de transformación y provisión a un mercado formal.

Por pequeño que parezca, el paso de un estadio de la cadena productiva a otro, valga decir del eslabón de producción al eslabón de procesamiento y aun mas comercialización es un salto cualitativo importante para cualquier productor, el cual requiere de aprendizaje y acompañamiento cercano, además de un amplio soporte económico para contrarrestar los riesgos de embarcarse en una actividad novedosa de la cual en la mayoría de los casos no se tiene un buen conocimiento. Es así que los pequeños productores se embarcan en un proceso de formalización el cual en la mayoría de las veces no resulta ser exitoso, puesto que ingresan al proceso sin saber lo que esto implica y como afectara a su vida cotidiana. Por ejemplo, si hablamos del manejo del tiempo del productor o productora campesina este ya está constituido alrededor de los ciclos agrícolas de los cultivos que produce.

Los productores al embarcarse en la venta a la alimentación escolar deberán dedicar una gran cantidad de tiempo a ello, la cual restaran de sus actividades agrícolas. Si consideramos que la mayor parte de los pequeños productores se caracteriza por producción para el auto consumo y comercialización de excedentes, el descuidar una tarea agrícola puede resultar catastrófico para su sobrevivencia durante el año, puesto que los cultivos y sus ciclos agrícolas exigen tareas puntuales que no pueden ser aplazadas.

Esto lleva a los productores asociados a abandonar las actividades de provisión a la ACE en momentos críticos para el cultivo, como ser las épocas de siembra o cosecha, siendo usualmente los líderes de las asociaciones quienes se quedan a asumir las responsabilidades de provisión, extremando esfuerzos que a la larga llegan a constituirse una experiencia negativa que los desincentiva a continuar en el mercado.  Debido a estos problemas algunas asociaciones se desintegran, o se mantienen con un bajo porcentaje de socios “activos” y un alto porcentaje socios “pasivos”.

Debilidades de la demanda

Por su parte la demanda también presenta debilidades para la inclusión de los pequeños productores, entre las cuales están: poco conocimiento de la vocación productiva local, falta de planificación y articulación entre programas dentro del municipio en torno a la alimentación complementaria escolar y desconocimiento de las normas que favorecen a los pequeños productores, entre otros.

Para lograr la inclusión de pequeños productores y productoras  como proveedoras a la Alimentación Complementaria Escolar, es necesario conocer la vocación productiva del municipio es decir, cuales son los alimentos que los productores están en condiciones de suplir, cuáles son sus características nutricionales, sus ciclos y épocas de cosecha, sus formas de preparación, procesamiento y consumo. Esta información es esencial para en primera instancia diseñar un menú que incluya productos locales disponibles en el municipio. Tomar en cuenta características tales como la estacionalidad y disponibilidad del producto durante el año, su duración y mejor forma de conservación ayudaría a determinar los tipos de licitaciones o  contratos más adecuados para la provisión. Por ejemplo, un error frecuente es el de diseñar contratos anuales de provisión de un producto cuya producción es estacional, esto obliga a los productores a comprar el producto de otras zonas y convertirse en intermediarios.

Otro factor importante a tomar en cuenta es  la ubicación geográfica de los productores en el municipio. Si el contrato es diseñado tomando en cuenta este factor, y con la intención de beneficiar a los pequeños productores, se tratara de fijar puntos de acopio o entrega cercanos a las zonas de producción, lo cual ayudaría mucho a reducir los costos de transporte, logística y hasta de conservación de los alimentos. El desconocimiento de la vocación productiva del municipio conduce al diseño de menús basados en productos no comunes en el municipio, lo cual lleva en la mayoría de los casos a contratar de manera externa arguyendo la no existencia de proveedores.

Otro problema de la demanda es la falta de planificación adecuada de las compras, esto ligado a la desarticulación que suele existir entre diferentes unidades dentro del Gobierno Municipal, tales como por ejemplo la desarticulación entre las unidades de asistencia técnica agropecuaria con las unidades de compras o alimentación complementaria escolar, provocando un retraso considerado ya casi típico en la provisión de alimentos a los estudiantes cada año. Siendo una compra recurrente, esta podría ser planificada y licitada incluso hasta un trimestre antes del siguiente año. Sin embargo la tendencia que se observa en la mayoría de los municipios es comenzar los procesos de contratación en febrero y extenderse hasta marzo o abril llegando a proveer las raciones a los estudiantes incluso en mayo.

Esta débil planificación, influye de gran manera en la participación de los pequeños productores, quienes para obtener un contrato son condicionados a la provisión inmediata, pues debido a la urgencia que conlleva el retraso en la licitación, los gobiernos municipales tratan de subsanarlo contratando productos listos para la entrega y con características muy diferentes al tipo de producción (meramente agrícola) característica de pequeños productores. Si estos procesos de licitación se realizaran en el tiempo adecuado, esto permitiría que los proveedores pequeños se organicen y se acomoden con mayor soltura a las exigencias de una provisión más formal.

Una ardua tarea por delante: decir adiós al sachet

Los muchos estudios de caso y experiencias en la inclusión de pequeños productores locales a las compras públicas nos muestran que no es nada fácil comprar localmente y para lograrlo se requiere de mucha voluntad y creatividad de parte de todos los actores.

La compra pública local se constituye en la aplicación y vivencia de un nuevo paradigma como lo es el de soberanía alimentaria y como toda construcción social no es algo que se pueda dar por hecho o surja de la noche a la mañana, se debe deconstruir, construir y volver a deconstruir en ciclos constantes de retroalimentación que nos permitan aprender y realizar ajustes hasta lograr que sea posible. Por lo tanto es una tarea que requiere de mucha paciencia, flexibilidad y el abandono de ciertas concepciones en torno al tipo de alimentos adecuados para la compra pública. Por ejemplo entre estas están la necesidad de que los alimentos sean fraccionados en porciones iguales y envasados en bolsitas plásticas o “sachets”, su exigencia conlleva muchos problemas como ser la generación de desechos plásticos que no podemos gestionar dentro de los municipios, la necesidad de que los productores deban ajustar sus productos al envase en cuanto a tamaño y forma, la obligación que esto conlleva de adquirir insumos externos poco frecuentes en el entorno rural (bolsitas plásticas, selladoras, uso de energía eléctrica para el proceso, entre otros) y por último el simple hecho de que los productos sean fraccionados da pie a la exigencia de registro sanitario lo cual conlleva muchos otros procesos inadecuados como lo habíamos descrito anteriormente.

Éste y muchos otros elementos deben ser repensados y principalmente desafiados, si se desea alcanzar soberanía alimentaria a través de las compras públicas. 

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El presente texto es un artículo elaborado en base al análisis de los desarrollos alternativos dentro de una Maestría en Desarrollo Rural. El autor hace una pequeña recopilación de conceptos claves e ideas para comprender y presentar una postura sobre las nuevas alternativas para el desarrollo. Cabe recalcar que este texto contiene aportes de algunos Ruralistas y aliados del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Es un honor poder presentarles el artículo 177 de la serie Diálogos, un aporte que llega desde Argentina.

El concepto de desarrollo tanto en sus orígenes como en su tránsito hacia el significado actual  ha presentado un permanente sesgo economicista - proveniente de la ortodoxia económica-, que en mayor o menor medida se ha intentado minimizar, debido a las múltiples críticas efectuadas sobre esta visión reduccionista. Así, este concepto ha sufrido grandes transformaciones desde sus inicios y sigue siendo el objetivo perseguido por las instituciones oficiales. Aunque en la práctica estas variaciones teóricas-discursivas no son transmitidas fielmente y por tanto no se evidencian.  Finalmente en las acciones que se realizan procurando este objetivo, se termina evocando a viejas ideas –predecesoras del concepto actual de desarrollo- el progreso y el crecimiento económico; ambos pilares de la modernización y de la visión occidentalizada del mundo, redundando nuevamente en cuestionamientos sobre un giro sustancial del significado.

Desarrollo: En las sierras de Guatemala: “No se necesita matar a todos. Desde 1982, nosotros dimos desarrollo al 70% de la población, mientras matamos al 30%”. (General Héctor Alejandro Gramajo, ex Ministro de Defensa de Guatemala, recientemente graduado en el curso de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Publicado en Harvard Internacional Review, edición de 1991). Diccionario del Nuevo Orden Mundial. “Ser como ellos y otros artículos”. Eduardo Galeano.

Por tanto, el concepto de desarrollo continúa siendo interpelado y situándose en el centro del debate. Hegemónico y ligado al sentido común de las sociedades occidentalizadas. Pregonado por los organismos internacionales de cooperación y con amplia aceptación aún, el concepto de desarrollo ha sido acomodado para encajar en variados contextos. Como consecuencia ha llegado a ser distorsionado y utilizado para justificar amplias formas de accionar, algunas de ellas inclusive, que van en contra del mismo significado.

Despegarse de la visión netamente economicista

El desarrollo sostenible desde el Informe Brundtland -en 1987- hasta la actualidad ha sido el concepto más explorado y divulgado por los organismos oficiales, constituido como una visión más concertada y superadora que el desarrollo cásico que enarbolaba al crecimiento económico como su única meta. El desarrollo sustentable es el objetivo central del mundo occidental contemporáneo para intentar dar respuesta a las crisis ecológica, económica y social. El sistema económico que se instrumenta para cumplimentar su objetivo, actualmente sigue en construcción, y se lo conoce como basado en la Economía del medio ambiente, donde entre otras cosas,  promueve el reverdecimiento de la economía clásica bajo el principio contaminador-pagador y la internalización de los costos.

Asimismo, en la medida en que aparecieron las propuestas superadoras al desarrollo clásico, ha ocurrido la evolución en cuanto a los parámetros para medir el nivel de desarrollo alcanzado. En tanto, el PBI como indicador individual, resulta ya obsoleto por su reduccionismo económico, siendo sustituido por el Índice de Desarrollo Humano, que mide el impacto de las políticas de desarrollo sobre los países con una visión un poco más abarcativa y contemplativa. Incorporando y ponderando parámetros económicos y sociales -salud y educación- para analizar el impacto de las medidas.

Al margen del recorrido conceptual sobre la versión hegemónica del desarrollo, vienen adquiriendo fuerza otros conceptos que intentan dar respuesta a la actual crisis civilizatoria. Algunos de estos conceptos parten del seno de las sociedades occidentalizadas, apareciendo como reaccionarios frente a la ineficacia del desarrollismo convencional. Otros conceptos son recuperados desde las cosmovisiones pre-occidentales, como los pueblos originarios sudamericanos. Debido al desgaste que posee el término desarrollo, algunos autores proponen hablar de alternativas al desarrollo más que de desarrollos alternativos. Esta consideración es debido a las connotaciones negativas que arrastra el término, aunque para otros, sea solo una cuestión menor, semántica y que nada dice acerca del acercamiento/alejamiento de estas “otras visiones” respecto del concepto oficial.

Estas cosmovisiones resultan muy variables y entre ellas poseen similitudes y diferencias. Aunque hay algunas clasificaciones vigentes resulta engorroso y se puede caer en una simplificación. Por tanto, solo considerando aquellas alternativas que tienen mayor trascendencia, se puede encontrar como similitud la ruptura con el “motor” del desarrollismo oficial; el consumismo. El patrón de producción y consumo es el punto a superar para pensar alternativas. La productividad actual es fuertemente cuestionada y en este sentido se aleja del eco-tecno centrismo oficialista, en el que está sumido el desarrollo sustentable en la actualidad.

Algunas propuestas sobre alternativas al desarrollo/desarrollos alternativos - Desarrollo a escala humana

Max Neef, Elizalde y Hoppenhayn proponen una revisión sobre la satisfacción de las necesidades en tanto objetivo del desarrollo sustentable. En principio manifiestan que las necesidades humanas habitualmente son confundidas con los satisfactores de tales necesidades. Entendiendo que las necesidades humanas son pocas, identificables y conservables entre culturas y generaciones, lo que presenta variación varía son los satisfactores. Para ejemplificar de forma gráfica; siendo la protección y subsistencia dos necesidades humanas universales una casa es un elemento satisfactor. Las necesidades humanas que identifican son 9 desde el punto de vista axiológico; afecto, entendimiento, ocio, libertad, identidad, creación, participación, subsistencia y protección. También se pueden agrupar en categorías existenciales como Tener, Hacer, Estar, Ser. Así como la libertad quizás no tomó relevancia durante la época en que habitaba el homo habilis la necesidad de trascendencia todavía no es incluida por falta de amplio consenso. Los satisfactores entonces son los medios para alcanzar estas necesidades y la falta de una necesidad debe ser comprendida como el potencial del individuo para conseguir esa meta y no como una carencia.

La noción de pobreza se aleja del sentido economicista. Hay muchas pobrezas, tantas cuantas necesidades humanas no hayan sido alcanzadas. Los medios para satisfacer las necesidades son muchos y variables, aunque se podrían agrupar en 5 categorías; violadores o destructores, pseudo satisfactores, inhibidores, singulares y sinérgicos. El motor del desarrollismo clásico –consumismo- bajo esta visión es cambiado por la realización de las necesidades humanas utilizando satisfactores acordes a cada contexto. Regresando al ejemplo de la casa como elemento satisfactor las características de esta, tales como dimensiones, materiales, ubicación deberán tener cierta aceptación moral para ser considerada elemento satisfactor.

Sumak kawsay –quechua- (buen vivir); Sumaq qamaña - aymara - (vivir bien); Ñandereco – guaraní – (nuestra bella forma de ser). Estos conceptos han sido recuperados desde las antiguas cosmovisiones de los pueblos originarios sudamericanos. Muy difundidos sobre todo en la región andina donde las comunidades quechua y aymara han venido practicando estos  “ideales de vida” desde la época precolombina, con vigencia en aún en la actualidad. No existe en el vocablo de estas comunidades un término que permita la traducción de la palabra desarrollo, fundamentalmente porque no existe tal idea. Ecuador y Bolivia, son países pioneros en la recuperación y consideración de estos conceptos. Ambos fueron declarados estados plurinacionales y el sentido del “buen vivir” y “vivir bien” ya formas parte de las respectivas constituciones.

La concepción del “buen vivir”, quizás la más diseminada, parte del seno de las comunidades andinas quechuas e invoca a la forma de ser y estar en el mundo. Parte de la organización en comunidades para debatir y definir aquellas medidas que involucran a su territorio. Entendiendo éste como el entorno social, ambiental y espiritual. La administración gubernamental para lograr este cometido debe ser “de abajo hacia arriba” ya que se incluye la co-evolución naturaleza-sociedad. El antropo-centrismo por tanto vira al cosmo-centrismo, ya que el individuo no es lo primordial, sino la convivencia, la interacción y el diálogo. La naturaleza pasar a ser sujeto de derecho y no un objeto mercantil en donde la vida tiene valor por sí sola.

El decrecimiento y el ecosocialismo

Nace de una crítica al consumismo del desarrollo convencional desde los países occidentales. Pone de manifiesto que ya se han sobrepasado los límites al crecimiento y que urge consumir menos, producir menos y trabajar menos. En este sentido postula el “tener menos para ser más”, adquirir actitudes frugales y considerar la opulencia como un obstáculo a la prosperidad. La prosperidad  debe ser medida en términos de felicidad y poco tiene que ver con el crecimiento económico. Para llevar adelante el proceso de decrecimiento es importante considerar la equidad, ya que no todas las poblaciones deben decrecer de igual manera. Teniendo en cuenta el consumo actual aún hay poblaciones que necesitan crecer para lograr su subsistencia. Aunque con ciertos condicionamientos surgidos de los errores cometidos por las poblaciones “consumistas”. Como medidas se destacan la revalorización de lo local respecto a lo global –descentralización- sobre todo en los sistemas agroalimentarios. La necesidad de impulsar la economía social y limitar el capital privado. La supresión de ciertos productos y servicios que son incompatibles con esta visión y la sustitución de contaminantes y energías no renovables.

Se ha profundizado mucho recientemente en cuanto a la construcción de la alternativa ecosocialista, hasta al punto de poder evidenciarse ciertas corrientes que divergen en algunos puntos, sin embargo esta propuesta data del año 1973. En la primera reunión del PNUMA Maurice Strong -por entonces director ejecutivo- hace mención al Ecodesarrollo desde un cuestionamiento de fondo al modelo hegemónico. Aunque minimizado este concepto luego fue tomado y ampliado por Ignacy Sachs. El Ecodesarrollo era considerado como aquel modelo que incorporaba la dimensión ambiental a la planificación de desarrollo. Se basaba en 6 niveles de operación críticas; el patrón de consumo; el régimen sociopolítico; las tecnologías; el patrón de utilización de recursos naturales y energía; el patrón de ocupación del espacio; y el tamaño, ritmo de crecimiento y distribución de la población.

Entre otras cosas se mencionaban cambios en cuanto a la externalización de costos, las tecnologías direccionadas hacia la descontaminación y no destructoras, la eliminación de prácticas depredadoras. También se hace mención a los efectos negativos de la revolución verde y la construcción de viviendas que sean adecuadas para cada entorno.

El Ecosocialismo quedó reducido durante un largo tiempo como foco del debate de las instituciones internacionales, aunque fue siendo enriquecida su concepción teórica. Se añadieron nuevas disciplinas emergentes que encontraron un perfil de desarrollo adecuado para ser consideradas, tales como la economía ecológica, el eco-femisnismo y el culturalismo para llegar a converger gran parte de las corrientes opositoras a la productividad. Bajo la bandera del Ecosocialismo organizaciones no gubernamentales dieron un paso hacia la formación de partidos políticos y la participación en elecciones. Tal es el caso de Die Grunen en la República Federal de Alemania.

Construcción de otro sentido común

Las alternativas continúan tomando protagonismo y sumando adeptos paulatinamente, debido en parte a una mayor concientización sobre las problemáticas socio-ambientales del desarrollismo convencional. Aunque, los verdaderos artífices todavía reformulan y apuestan a esta idea ya carente de sustento sólido, pero aún hegemónica.

La actual crisis ambiental, social y económica permanece siendo analizada y atendida de manera focal y en tópicos por los organismos oficiales, excluyendo de esta manera a las interrelaciones del sistema-mundo. Considerando por tanto que se trata de una crisis de civilización es necesario que se coloque en tela de juicio e intervenga sobre los niveles de productividad y consumo actual. Los escenarios futuros de seguir esta tendencia son alarmantes. Siguiendo el planteamiento sobre la reducción de la productividad y el consumo es inevitable entonces una revisión sobre las horas dedicadas al trabajo diario. Y entonces como interrogante surge; ¿Qué hacer con el tiempo extra? Como respondiendo a esta cuestión es clave el rol de la acción dialógica intensa, presente y resaltada en todas las alternativas, aquella que entre otros valores, debe movilizar e impulsar el respeto hacia todas las formas de vida.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor plantea un análisis a la problemática de acceso a la tierra desde el ejemplo sucedido en la Provincia de San Juan en Argentina. La falta de reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales para con los pueblos originarios causa conflictos con compradores que recurren al desalojo y al avasallamiento para obtener la tierra. Por su parte, las comunidades usan todos los medios posibles para defender su tierra de origen. El IPDRS se complace en presentarles el artículo 176 de la serie Diálogos  que nos muestra un caso de acceso y lucha por el territorio.

Para hablar de los conflictos de tierra en Argentina es importante comprender y revisar casos que nos sirven como ejemplo para analizar la complejidad que adquiere el uso y acceso a los recursos naturales en nuestra región.

En la provincia de San Juan (Argentina) se visibiliza este conflicto, que se ve agravado en algunas zonas específicas donde se llevan a cabo mejoras de infraestructura, pero no se resuelve  la titularidad registral del dominio de tierras.

En la localidad de El Encón, ubicada en el Departamento de 25 de Mayo  donde conviven  comunidades de pueblos originarios y campesinos, se encuentran superpuestos derechos sobre las tierras, en la que algunos tienes escrituras traslativas de dominio inscriptas en los registros pertinentes y otros no lo tienen. Esa superposición se basa en que al momento de realizar esas escrituras se desconoció la existencia de pobladores ancestrales que poseen las tierras a título de dueño desde siempre, mientas que los que realizaban esas escrituras jamás tomaron posesión de esas tierras.

Una mirada jurídica necesaria

En la Constitución Argentina se reconoce expresamente la  preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, donde entre los derechos que menciona la norma está  el de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, además de otros derechos que se encuentran expresamente consagrados en la norma mencionada (Art. 75 inc. 17).

La Argentina tiene un sistema federal de gobierno, por lo que existen constituciones provinciales y, en la de San Juan, se le otorga una función social a la tierra (art. 111) donde además se la valoriza como un factor de producción y no de renta (art. 114).

Luego se sancionó la ley N° 26331,  de Protección de Bosques Nativos, a la que la provincia de San Juan adhirió mediante ley provincial N° 8174, normas buscan evitar algún beneficio económico generando con ello que quienes tienen los intereses económicos especulativos del sistema de acumulación, agudizan también el conflicto de tierras habiendo producido en Argentina varios muertos.

En ninguna de estas dos últimas leyes mencionadas con anterioridad, se establece que sea indispensable presentar el título de dominio de la tierra o escritura pública para que puedan otorgarse los beneficios de la ley y, no obstante ello, al momento de aplicar dicha normativa para el cuidado de los bosques nativos, los órganos de aplicación exigen el título de dominio, impidiendo con ello que algunos dueños que poseen la tierra ancestralmente tengan acceso a dichos beneficios.

En el caso de San Juan,  expresamente se encuentra previsto en el art. 16 de la ley 8174 la posibilidad de acceder a estos beneficios a quienes sean poseedores. A esto se suma el hecho que en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino se establece como una de las formas de adquirir el dominio de la tierra por la posesión de ella por 20 años o por 10 años en el caso de contar con título (art. 1897) lo que ya existía en el anterior código, siendo esta una de las formas de adquirir dominio de la tierra.

En el art. 18 de la Ley 27.118 que se llama “Declárase de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena” establece la obligación que se realice un programa específico y permanente para el relevamiento, análisis y abordaje integral de la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena, siendo en éstos días en la República Argentina discutida la reglamentación de la ley para su aplicación.

En pie de guerra defendiendo su territorio

No obstante ese cuadro jurídico antes expuesto que debería favorecer a los campesinos e indígenas que viven en sus tierras, la comunidad Huarpe Rosa Guaquinchay y Salvador Talquenca se vieron afectados cuando se le autorizó a un empresario a alambrar más de 6.000 hectáreas por el solo hecho de poseer una escritura de dominio, dejando encerrado a familias y animales criados en el predio.

La defensa de las comunidades se realizó con diversos ejes: la organización y resistencia de las comunidades; la acción judicial y la campaña mediática.

El principal elemento que permitió frenar el avasallamiento de derechos fue la organización de las comunidades y la resistencia. Este método de defensa permitió a comunarios evitar los desalojos de sus propias tierras.

En efecto, tal como lo demuestran los registros fotográficos, pudieron frenar el avance de  los alambrados, haciendo guardia frente a quienes trataban de desalojarlos y teniendo presencia siempre varias personas de las comunidades para evitar ser envestidos violentamente.

Otro aspecto importante a la hora de defender su territorio fue la acción judicial. La organización y defensa legal permitió a la población afectada tener un respaldo jurídico a la hora de defenderse y de  enfrentar los avasallamientos. Es así que, mediante acción judicial se consiguió obtener una victoria que daría un respaldo legal a la defensa del territorio.

La oportuna y eficaz presentación judicial de los Dres. Ariel Lopez y Andrea Lopez generaron un fallo judicial favorable básicamente se basaba en la resolución  169 de la OIT, en la Constitución Argentina, y la ley 26160.

Finalmente, la presión mediática y la fuerte presencia en la opinión pública permitieron jugaron un papel importante en la defensa territorial. Así, los medios de comunicación sirvieron para visibilizar una problemática real y latente.

No obstante la resistencia de algunos medios en difundir la intensidad del conflicto, algunos equipos de trabajo en los medios hicieron los esfuerzos necesarios para poder tener como resultado algunas publicaciones.

Es así, que medios locales, como el Diario de Cuyo plasmaban en sus titulares el conflicto vigente. “Dura Pelea de los huarpes en defensa de sus tierras”, “Recrudece la disputa por las tierras de El Encón”, “Conflicto por tierras: la justicia falló a favor de los pueblos originarios”, decían algunos titulares sobre el conflicto.

Canales de televisión, radios, periódicos y otros medios acompañaron la protesta. Se mostraba a las comunidades en el territorio y a las comunidades en las calles de la ciudad. La unión de la población y el apoyo que recibieron los afectados dieron pie a un movimiento que ganaría mayor peso.

Es sin duda la movilización de las comunidades en la ciudad de San Juan lo que genera el mayor impacto en los decisores políticos sobre este conflicto que contó con la presencia de las comunidades de pueblos originarios y el apoyo de agrupaciones citadinas que facilitan la logística de alguna manera para hacer más efectiva la protesta. Las protestas y el respaldo movilizado generaron resultados en la práctica.

Un futuro desalentador

Se está realizando en la zona un proyecto de ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL DESARROLLO PECUARIO DEL DEPARTAMENTO 25 DE MAYO, SAN JUAN- PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS (PPI). Este proyecto tenía un subcomponente sobre el plan de regularización de tenencia de tierra, que si bien se ha desarrollado en la faz teórica, los censos realizados no fueron correctamente socializados y se desconoce los avances producidos en tal materia.

Esto, a su vez, pone en riesgo a las comunidades ya que hoy está casi instalada la infraestructura para brindarle el servicio de electricidad, lo que genera interés en quienes tengan títulos y traten de desalojar a sus verdaderos dueños, quienes viven en las tierras en forma ancestral. Una vez más, la forma de acceso y de propiedad de la tierra limitan el accionar de los verdaderos dueños de ésta y los ponen a merced de desalojos, avasallamientos y otros.

Es por ello que se deberá seguir profundizando en la investigación, conjuntamente con los actores territoriales, hasta que éstos puedan tener sus tierras regularizadas y completamente reconocidas de forma real. 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) ofrece el presente artículo que surgió de la reflexión de la temática de tierras en Argentina. La autora hace una descripción de la problemática del acceso a la tierra y las acciones concretas que el Gobierno de ese país ha realizado para cambiar esa situación. De esta forma, el presente artículo sirve como un documento descriptivo del problema de la tierra y plantea una visión crítica a la situación actual.

La concentración de la tierra en Argentina se profundizó al finalizar el siglo XX, vía compra o arrendamiento a favor de medianos y grandes propietarios, y posteriormente de inversores nacionales y extranjeros que acaparan tierras o intervienen en la actividad productiva de manera indirecta, como lo explica Marcelo Sili (2011). Este panorama no pudo haberse constituido de esa forma sin la expulsión y desplazamiento, aún latentes, de los pequeños campesinos y de los pueblos indígenas.

En la agenda mediática, los propietarios agremiados (medianos y grandes) son los principales protagonistas de movilizaciones y protestas que demandan o interpelan políticas agrícolas. En 2015 se desarrollaron varias protestas (paro y suspensión de venta de productos) por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), reunidas en la Mesa de Enlace, en contra de las políticas agrarias gubernamentales aplicadas en los últimos doce años. Los convocantes denunciaron, según medios locales, que más de 95 mil productores agropecuarios dejaron la actividad, desde 2002 (un tercio del total), desapareció un tambo por día, desde 2003, y se recortará la siembra de todos los cultivos por cuarto año consecutivo. 

Del otro lado los pequeños campesinos todavía enfrentan una desventaja legal y económica en la posesión de la tierra y conviven con las explotaciones agroindustriales recibiendo el impacto directo de su intervención (fumigaciones, por ejemplo), sin contar con la presencia de actividades extractivas mineras.

En ese contexto las políticas explícitas o implícitas para tratar a propietarios extranjeros, por un lado, y a los pueblos indígenas, por otro, revelan la opción del Estado argentino por una negación hacia la población más vulnerable y son la fuente de una serie de conflictos en torno a la tierra.

Contra la extranjerización de la tierra

En lo que parecen pasos primerizos para regularizar la tenencia de la tierra, en la gestión pasada el gobierno de Argentina comenzó a recolectar información para conocer el estado de la tenencia (propiedad, posesión, titulación, informalidad) en un sector específico del sector agrario: los grandes propietarios no nacionales.

Los datos demuestran una escasa proporción de extranjerización de la tierra, con base en registros construidos con información proporcionada voluntariamente por los propietarios. Según los primeros resultados publicados, un 6,09% de las tierras rurales, equivalente a 16.253.279 hectáreas, está en manos de propietarios extranjeros. El Registro Nacional de Tierras Rurales, de donde se obtienen esos resultados, no solo es una instancia de estadística sino que además permite la formalización de la propiedad y la tenencia de los propietarios (accionistas de personas jurídicas). Entonces un proceso necesario de relevamiento y actualización de información se ha convertido en un mecanismo para legitimar la posesión de grandes propiedades.

Un informe elaborado por GRAIN muestra otro dato importante que es la  reducción paulatina, en los últimos años, del número de pequeñas fincas en el país. Aunque se trata de “fincas pequeñas” no necesariamente se refiere a la propiedad o posesión de los pequeños campesinos que producen en parcelas y que han sido desplazados por las grandes propiedades para ir hacia las aglomeraciones urbanas. 

Y ¿Qué pasa con los pueblos indígenas?

La situación de los pueblos indígenas se torna más precaria políticamente debido a que si bien está vigente la Ley 26.160, que detiene temporalmente toda medida de desalojo en áreas rurales, esta forma de desposesión en su contra continúa vigente. La persecución política a los dirigentes indígenas y la simple invisibilización de sus luchas son rasgos de los administradores políticos del Estado, así como los desalojos y expulsiones violentas. Para algunos pueblos indígenas, la simple permanencia en la tierra se ha convertido en una forma de resistencia. 

Una última encuesta aplicada a 51 comunidades indígenas muestra el siguiente panorama:  53% se declara poseedora de la tierra, no propietaria. Sólo 31% tiene título de propiedad comunitaria de sus tierras. El 63% usa la tierra para la producción familiar, mientras que el 63% refiere la existencia de conflictos territoriales, principalmente con terratenientes o vecinos externos a la comunidad. 51% concretó la delimitación de la tierra de ocupación actual y pública (Ley 26.169) y el 65% cuenta con la resolución ministerial aprobada que certifica la ocupación de la tierra.

El panorama muestra una fragilidad legal de los pueblos indígenas para defender la tierra porque si bien existen mecanismos estatales que respaldan la posesión (certificado de ocupación, delimitación de posesión), no tienen títulos de propiedad para defenderse de los grandes avasalladores y los conflictos territoriales son frecuentes. Aunque los datos de esa encuesta no revelan un perfil completo de la situación, es claro que los pueblos indígenas son todavía poseedores de tierras susceptibles de entrar en disputa fácilmente, ante la simple expresión de interés de inversores o terratenientes que las desean para desarrollar empresas turísticas, agroindustria o el arrendamiento para obtener renta.

Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

El panorama descrito muestra a inversores capitalistas (extranjeros y nacionales), medianos y grandes propietarios, pequeños campesinos y pueblos indígenas como actores en torno a la disputa de la tierra, una disputa en la que los primeros dejan sentir su peso político y económico.

La presencia de la gran propiedad agraria, junto a la empresa extractiva en distintos rubros, ha provocado conflictos por la tierra permanentes en Argentina. Amnistía Internacional (www.territorioindigena.com.ar) tiene contabilizados 183 conflictos respecto de pueblos indígenas y sus territorios frente a empresas agropecuarias, mineras, petroleras, inmobiliarias, etc., por problemas que van desde usurpación de tierra hasta daños ambientales.

A continuación revisamos algunos conflictos destacados en la gestión 2015, aunque algunos de ellos tienen más larga data.

Si bien la Ley 26.160 prohíbe la expulsión y desalojo de comunidades indígenas de sus territorios, esta forma de actuar no ha desaparecido y se ha convertido en una modalidad de los grandes propietarios para hacerse con tierras. La persecución penal a la indígena Relmu Ñamku, por resistir un desalojo en Neuquén lanzando piedras a los funcionarios encargados de su despojo, es un ejemplo. El desalojo estaba dirigido a la comunidad Winkul Newen, a solicitud de una petrolera estadounidense. La dirigente fue absuelta por un jurado intercultural en noviembre de 2015, pero la persecución penal de la que fue objeto se suma a otras similares contra líderes de comunidades indígenas.

Asimismo, en febrero, se instaló una vigilia de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, conocido como acampe Qopiwini, que se extendió por diez meses en Buenos Aires y recibió la solidaridad de organismos de derechos humanos e intelectuales progresistas. A principios de diciembre, el campamento provisional se levantó sin ninguna respuesta de la presidenta Cristina Fernández al pedido de devolución de tierras, respeto de su autodeterminación (consulta previa) y mejora de la calidad de vida (trabajo, salud, educación) de estos pueblos en Formosa.

Por otra parte, un informe de la OMS sobre la potencialidad cancerígena del glifosato fue el contexto del desarrollo del 3° Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya declaración se pronuncia en contra del uso de pesticidas. Los dos puntos de su declaración demanda: 1. “Prohibir completamente la fumigación aérea en todo el país con cualquier tipo de agrotóxico. Los niveles de contaminación que esta generan son inaceptables para el ambiente y la salud humana; 2. Prohibir totalmente los agrotóxicos reconocidos por IARC-OMS como cancerígenos humanos grados 1, 2A y 2B, sobre todo glifosato. No hay necesidad ‘productiva’ que justifique el riesgo de generar cáncer en personas expuestas ambientalmente o a través de alimentos contaminados”.

En abril se realizó la Primera Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que convocó a mujeres de 36 nacionalidades del territorio. Ellas entregaron al Congreso Nacional el proyecto de ley por el buen vivir con el propósito de crear el “Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, para la realización de un proceso de consulta, participación, información y difusión a fin de elaborar y proponer normativas y políticas que garanticen y efectivicen el buen vivir”.

La lucha por el acceso a la tierra y el territorio

En el 2015, diversos sectores se movilizaron en búsqueda de tierra y una mejor calidad de vida. Es así que no solo se realizan marchas y protestas sino también   cumbres en las que se plantean propuestas y se buscan soluciones a la problemática que afecta al área rural.

La Unión de Trabajadores de la Tierra impulsó la toma de terrenos por parte de grupos de pequeños campesinos organizados, entre los que destacan los agricultores cercanos a los centros urbanos, migrantes (en su mayoría de origen boliviano) y cuyo objetivo es acceder a créditos para comprar tierras. En abril sucedió una toma por la tierra y trabajo en Jáuregui, Gran La Plata, por parte de familias campesinas que pedían créditos amigables para comprar terrenos. En septiembre en una marcha se mostraron propuestas para establecer una “Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano” mediante un comodato que permita a las familias sin tierra cultivar en territorios ociosos estatales.

En otra actividad impulsada por los pueblos indígenas, estos realizaron la Segunda Cumbre de Pueblos y Naciones Indígenas de Argentina, en septiembre, donde se  propuso una declaración en la que afirman que se comprometen a seguir con las “luchas, defendiendo nuestros valores y derechos ancestrales, defendiéndonos de cualquier violación a nuestros pueblos y derechos, y protegiendo nuestras tierras y territorios”, según se expresaron ante medios locales. Además denuncian al gobierno argentino por violar las leyes y acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y la persecución a sus líderes.  

A la vez, desde el Estado, entró en vigencia el nuevo Código Civil (Ley 26.994) que en su artículo 18 dice: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”.

La legalidad y la institucionalidad estatal es, por tanto, otro campo donde se trata de obtener puntos a favor de los pueblos indígenas. En 2015 varios colectivos de comunidades indígenas, entre ellos miembros del campamento Qopiwini, junto a diputados y senadores de distintas organizaciones políticas, presentaron a principios de diciembre de 2015 el proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. La propuesta caracteriza a la propiedad comunitaria como “de administración autónoma, indivisible, inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros e insusceptible de gravámenes”, y plantea que queda “excluida del sistema sucesorio del Código Civil y Comercial de la Nación, correspondiendo para su transmisión interna la aplicación del derecho consuetudinario del Pueblo Indígena de que se trate”. Un mes antes, en noviembre de 2015, otra coordinación entre dirigentes de comunidades indígenas y un grupo de parlamentarios también presentó un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El problema de la búsqueda de una institucionalidad legal es que puede desgastar esfuerzos, trabajo y lucha en busca de una norma cuyo cumplimiento es incierto. Como sucede con la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina” para cuya ejecución la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) demanda presupuesto con la consigna de que “sin presupuesto no hay ley”.

Las pequeñas victorias se anotan también en este campo, como sucedió en el Concejo Deliberante de Monte Maíz, localidad en Córdoba, que legisló la prohibición de fumigar a menos de 500 metros de las viviendas de la población con los agroquímicos menos tóxicos. En esos “500 metros se creará una barrera forestal y recién a los 1.000 metros de allí se podrán usar los agroquímicos más nocivos”. En este mismo ámbito está la propuesta expresada en un proyecto de ley para crear una “Comisión Permanente de Asesoramiento sobre Legislación y Buenas Prácticas para Usos y Aplicación de Agroquímicos, Pesticidas, Herbicidas, Plaguicidas y/o productos similares”, en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el propósito de crear un marco normativo e institucional que genere procedimientos para la aplicación, manipulación y disposición final de productos y envases de agrotóxicos.

El presente artículo tiene origen en el Foro virtual del área de Interaprendizaje, en su análisis a la Ley 775 de Promoción de la Alimentación Saludable en Bolivia. Este foro del IPDRS generó ideas y críticas a la norma, entre las que se encuentra la imagen de los alimentos y su papel en el ejercicio del derecho a la salud. El IPDRS se complace en presentar este trabajo que aborda el análisis realizado a la Ley 775 desde la imagen de los productos y la soberanía alimentaria.

En Bolivia, en enero de 2016, se promulgó la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable con la finalidad de contribuir al ejercicio del derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para “Vivir Bien”. Su alcance comprende la  promoción de hábitos alimentarios saludables, la regulación de la publicidad, el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas y el fomento de la actividad física.

Un punto principal de apoyo de esta normativa es la imagen. La Ley reconoce implícitamente la importancia de la imagen en la producción de sentidos, patrones de consumo, en la valorización de uno u otro sistema alimentario y en el proceso de descolonización alimentaria. Estos apuntes resultan muy novedosos porque suponen una perspectiva nueva en el abordaje de los problemas alimentarios. Por eso es importante denotar el lugar de la imagen en esta ley, sus implicaciones prácticas para profesionales (de la comunicación, publicidad, fotografía, nutrición o agronomía; por nombrar algunas sugerencias) y para pensar la seguridad con soberanía alimentaria.

La imagen afirma, construye e informa

Luego de realizar una revisión a la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable (principalmente los artículos 13, 15 y 16) se puede reconocer  que la imagen tiene la tarea de afirmar la gastronomía boliviana saludable o el consumo de alimentación saludable a través la publicidad y medios de comunicación. Asimismo, la Ley asume que la imagen es capaz de producir sujetos, pues ordena que la publicidad de alimentos y bebidas debe evitar generar expectativas referidas a que la ingesta de alimentos y bebidas no alcohólicas proporciona superioridad o estatus.  Desde la Ley, igualmente, se incentiva a otras prácticas alimentarias pues ordena que en los menús se escriban mensajes para impulsar una alimentación saludable; que la publicidad muestre porciones adecuadas de comida de acuerdo a la edad del público a la que se dirigen y que se informe sobre los niveles de azúcar, grasa y sodio de los alimentos y/o bebidas no alcohólicas a través del etiquetado de productos.

Reconocer el poder de las imágenes para la producción social de las cosas es superar un mero tratamiento nutricional de los fenómenos alimentarios. Las imágenes son de tal modo concebidas como dispositivos importantes para construir y reforzar identidades. Sólo para poner un ejemplo, algunas imágenes de alimentos  como el churrasco o las pastas, se han usado mucho para afirmar la “identidad”  argentina e italiana. Cabría preguntar ¿qué tan presente están las almendras en nuestra memoria visual sabiendo que en Bolivia este es un alimento de exportación cuyo destino principal es Alemania y Estados Unidos? ¿Por qué algunos alimentos nunca salen en la televisión? ¿Qué alimentos aparecen o desaparecen de la escena mediática y cómo eso constituye la identidad plurinacional?

Algunas imágenes omiten sujetos. Por ejemplo, los desayunos con lácteos, cereal y frutas que aparecen en muchos spots de televisión probablemente no reflejan en lo más mínimo al desayuno tradicional boliviano, muy diverso entre regiones. Las imágenes plasmadas pueden resultar muy diferentes al alimento de un campesino, que se sirve una sopa o un plato fuerte antes de salir al monte o al chaco.

Respecto a la publicidad, la Ley indica que ésta debiera mostrar proporciones de comida adecuadas (Art. 15. II, inciso b). Dicho apunte resulta interesante ante el hecho de que, en las últimas décadas, los tamaños de las porciones de comida se han incrementado y coincidentemente cerca de un cuarto de la población mundial, es decir, aproximadamente 130 millones de personas, tiene sobrepeso y obesidad (OMS, 2015).

Existen pautas culturales y de género que han establecido las porciones de comida en muchos grupos culturales; la idea de reforzar la alimentación del “jefe de familia” o las porciones reducidas y la restricción de  los dulces a las viudas en la India, en los ashrams o casa de viudas,  son un ejemplo de ello. Sin embargo, el incremento del volumen extra o “mega grande” de la comida tiene relación directa con el mercado. Las ofertas de porciones mayores se han  posicionado en las plazas de comidas y  sitios de comida rápida a partir de estrategias promocionales visuales y sugerentes típicas del mercado de este tipo de alimentos. Morgan Spurlock ilustra muy bien esta discusión mediante video y en su  propio cuerpo cuando se sometió, en el documental “Supersize me”,  a 30 días de comida rápida (con su variantes de grande y extra-grande).  Entonces,  regular las imágenes sobre las porciones de comida tiene mucho sentido para afirmar discursos y prácticas de alimentación más saludables, un acierto de la Ley 775.

Ahora, resulta una tarea de gran envergadura para los operadores de esta normativa evitar que la publicidad asocie alimentos y prácticas alimentarias con estatus y superioridad (Art.15, III, inciso a). Para esto resultaría fundamental que se diseñen  mecanismos para controlar los mensajes publicitarios y parámetros para evaluar si un mensaje promueve o no la asociación entre el consumo de determinados alimentos o bebidas y las adquisición de éstos como garantía de un mejor estatus o superioridad. Si bien la idea no es mala, es muy fácil que se derive en un análisis de género, clase y cultura que no efectúe una lectura descolonizadora de la alimentación que identifique la dominación de un sistema de alimentación sobre otro.

Tal vez, un ejercicio para establecer los indicadores de análisis es visualizar productos de la publicidad de alimentos y generar categorías al respecto y, quizá en eso, la Ley resulta demasiado ambiciosa. Por eso, en el reglamento es importante que se trabajen estrategias para desmontar muchas ideas pre-establecidas sobre los alimentos, sus productores o  sobre quienes los preparan. La clave está en preguntar dónde se produce la dominación alimentaria y cómo se co-produce un sistema de alimentación con seguridad y soberanía alimentaria.

El etiquetado,  la imagen para informar

Una de las tareas que la Ley otorga a la imagen es la de informar a través del etiquetado (Art.16, Ley 775).  Se trata de un sistema gráfico de barras y colores para distinguir niveles altos (color rojo), medios (color amarillo)  y bajos  (color verde) de azúcar, grasa y sodio en los alimentos y bebidas no alcohólicas. Si bien los colores se combinarían  con mensajes  como “consuma sal yodada, azúcar y grasas con moderación” o “consuma 10 vasos de agua al día”,  se sigue una estética un tanto medicalizada de los objetos- alimento.

Además, el etiquetado como dispositivo para ejercer el derecho a la información, con la barra de colores semejante a la de un semáforo, se desenvuelve en un contexto del derecho a la información individual. Son las personas quiénes aparentemente toman decisiones respecto a sus consumos alimentarios y son las directas responsables de lo que ingieren.

Si bien eso es verdad, también es cierto que el mercado ha condicionado fuertemente las formas de elegir lo que hoy se come en el plato. Pongámonos a pensar, por ejemplo,  de qué manera la idea de lo crujiente, pensando en las texturas de la carne de pollo, se ha instalado tan fuertemente en nuestros gustos y en nuestras búsquedas culinarias.

En el caso boliviano, la estructura pecuaria ha ido invirtiendo la pirámide de una crianza de  ovinos a la crianza de pollos parrilleros. De acuerdo a la tesis de Albarracín (2015), Planificación Agropecuaria en Bolivia: Análisis de las estrategias y planes (1942- 2013),  el Censo de 1950 mostraba que la producción ovina representaba 59% y el de las aves constituían 13% del total de la producción ganadera; en cambio, el año 2011 se conocía que la producción ovina representaba 4%  y la producción de pollos parrilleros formaba el 89% de la estructura pecuaria. Estos datos afirman que la estética culinaria actual, basada en lo crujiente de la carne de pollo, tiene estrecha relación con la transformación de la estructura pecuaria del país.

Por un lado, la etiqueta informa y transparenta la información de lo que comemos o bebemos; pero ¿funcionará en una estructura pecuaria o de alimentos dada? ¿cuál es su alcance? ¿en qué medida se puede decidir sobre lo dado? Por otro lado, el etiquetado no está libre de omisiones o eufemismos, por ejemplo, en el DS. 2452 (otra normativa nacional) para etiquetar alimentos transgénicos se admite el uso de la sigla OGM (Organismo Genéticamente Modificado) para evitar la palabra transgénicos y, se destina el color rojo (en triángulo) para simbolizarlo, al igual que el color rojo destinado para los niveles altos de azúcar, sodio y grasas para alimentos y bebidas no alcohólicas que establece la Ley 775. 

Estéticas alimentarias

En la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable, entre líneas, se pueden leer las reflexiones estéticas dirigidas a la publicidad de alimentos. Si bien estos apenas son apuntes, merecen atención.

La Ley promueve una estética naturalista para fotografiar alimentos, pues ordena evitar mostrar imágenes de productos naturales, si éstos no lo son (Art. 15, Ley 775). La necesidad de una estética naturalista en la fotografía fija y en la fotografía en movimiento tiene sentido en un contexto tan sofisticado de producción de la imagen, pues, las técnicas se han sofisticado tanto que una persona termina consumiendo algo irrealizable.

Por ejemplo, escribiendo “maquillaje de alimentos” en YouTube, encontrará muchos trucos para fotografiar alimentos; se puede aprender que usando chocolate se puede oscurecer el color de la carne, que los alfileres sostienen las hojas de lechugas o que las jeringas distribuyen mejor la mayonesa, que se puede lograr la apariencia de un vaso helado con una capa de vaselina y agua rociada con un atomizador  y que el puré de papa con colorantes puede reemplazar al helado que seguro con la luces de un estudio de foto desaparecería en un santiamén. Ahora, si bien estas prácticas contemporáneas de fotografía y publicidad nos sorprenden por su creatividad o por su conocimiento sobre texturas y reacción química de los alimentos, éstas han marcado una tendencia dominante que establece pautas estéticas sobre tipo de piel y color ideal de los alimentos (u otras características como ser humedad, textura, duración, etc.) que pueden considerarse como parámetros inalcanzables.

Este tema no es menor pues, inclusive, muchas instituciones de desarrollo que trabajan para fortalecer los alimentos nativos terminan poniendo como portada la imagen “que se ven bien” pero  que no corresponde con la verdadera apariencia del alimento que se pretende proteger o revalorizar, sucede así con las papas y el maíz, se usan fotos de híbridos en lugar de usar las fotografías de papas o maíces nativos. Aspectos que no pasan desapercibidos para un productor o productora.

Cuestionar estas prácticas, representa todo un desafío para quienes trabajamos con la imagen  y la comunicación en el ámbito de lo rural, así como también debería representarlo para quienes hacen comunicación en general. El desafío, debiera ser el generar una estética que afirme que los productos vienen del campo y no solo del grifo, de la lata de leche, de la tienda o el supermercado, pues la desvinculación de los alimentos y los sujetos que lo producen es la desvinculación entre sistemas, recuperando un concepto que usó Roland Barthes,  en  su artículo: Por una psicología de la alimentación contemporánea (1961). No se trata de negar las posibilidades de creatividad publicitaria; sin embargo no, por renovar historias o nuevos sistemas de signos, vamos a sustituir a los alimentos, a los sujetos y los signos del campo quienes garantizan la seguridad alimentaria.

También, cabe preguntar cómo fotografiar sin abandonar las técnicas tan creativas para exaltar texturas de los alimentos y evitar, al mismo tiempo, la sustitución. La sustitución parece ser inocente pero establece parámetros muy altos para los verdaderos alimentos.  Es una pregunta que queda para publicistas, profesionales de la  fotografía, agronomía o comunicación. Sin duda, en dicha tarea hay que generar estéticas que reconozcan que los alimentos vienen del campo, más campesinista, no escolarizada y desmedicalizada de los alimentos. 

La imagen y la seguridad con soberanía alimentaria en la Ley 775

El Foro IPDRS, que dio origen este artículo, ha puesto en evidencia que la Ley 775  tiene muchos aspectos novedosos. Por otra parte, de acuerdo a Zulma Gareca, integrante del Foro, “la Ley se concentra en el componente de consumo” y parte de una idea de seguridad alimentaria muy apegada a lo nutricional cuando en realidad “el tratamiento de la alimentación involucra las dimensiones productivas, distributivas, económicas, sociales, educativas de salud, territoriales y prevención de desastres que en última instancia descansan en los poderes del Estado” (Zulma Gareca, Participación 3ra Actividad: Análisis y debate a profundidad, Foro Interaprendizaje. Reflexión actualizada para el Desarrollo Rural, 2016).

La imagen puede incidir en la transformación de los sistemas de producción de alimentos a través de un cambio de los patrones alimentarios y a su vez, desde un sistema alimentario más saludable se puede transformar las imágenes y los patrones de consumo poco saludables; pero, difícilmente se puede transformar las cosas solo con imágenes.  Ya se habló de cómo la necesidad de una carne crujiente de pollo condice con  la transformación de la estructura pecuaria de un país, por ejemplo.

Al respecto, si bien desmontar la idea de que la falta de carne es sinónimo de pobreza, es importante evitar que la diversidad de ingredientes en los menús se reduzcan a  dos o tres ingredientes (como sucede con muchos platillos de comida rápida). Por eso, es necesario modificar y/o ajustar las estructuras de producción y consumo, pues gracias a la rica producción y agrobiodiversidad con que aún contamos en nuestros sistemas de producción campesinos, existen muchas posibilidades de consumo para gozar del derecho a una alimentación integral y biodiversa.

El fenómeno de “El Niño” ha afectado a la región con efectos cada vez más visibles y dañinos en diferentes áreas del cotidiano vivir, sin embargo hay otros problemas que hacen que la tierra reciba cada vez más daños y cambios. El IPDRS presenta este breve análisis de los efectos “De ‘El Niño’ y otros fenómenos” en Colombia y Sudamérica.

El fenómeno de El Niño es la fase cálida del ciclo climático del Océano Pacífico, también denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) cuya fase de enfriamiento conocemos comúnmente como el fenómeno “La Niña”. En condiciones normales, los vientos alisios llevan el agua de la superficie oceánica desde Ecuador a la costa de Indonesia y Australia (dirección este a oeste) pero, debido al incremento de la presión atmosférica del Océano Pacífico, durante El Niño disminuye la fuerza de los vientos alisios ocasionando que las aguas cálidas, ubicadas cerca de Australia e Indonesia, se desplacen hacia Sudamérica (dirección oeste a este), causando a su vez diferencias en la temperatura y la pluviosidad de los países que rodean dicho océano.

Este fenómeno climático se presenta desde 1950 y tiene una duración de 12 a 18 meses, manifestándose con intensidades diferentes y una frecuencia irregular en intervalos de dos a siete años. En Colombia debido a los efectos que tiene este fenómeno estamos acostumbrados a asociarlo con sequías, sin embargo, vale la pena mencionar que en algunas zonas de otros países de la región El Niño aumenta las precipitaciones y en la región Pacífico Norte intensifica los ciclones.

Por ejemplo, el año pasado en el sur de Brasil fueron afectadas 25.000 personas en 108 municipios de los Estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul; más aún, en octubre Porto Alegre registró el mes más lluvioso desde 1939 y el Lago Guaíba alcanzó su nivel más alto desde 1941, como resultado de uno de los fenómenos El Niño más fuertes que ha enfrentado ese país. Sin embargo, otras regiones de ese país sufrieron una realidad totalmente diferente, a finales de 2015 más de 30 ciudades registraron temperaturas superiores a los 40 °C, muchas de ellas batieron marcas históricas de altas temperaturas que provocaron incendios y el Río Amazonas disminuyó su nivel en varios metros.

En Colombia, El Niño ha agudizado problemas ya existentes como la falta de agua en la Guajira, donde la comunidad indígena Wayúu tiene que abastecerse de este líquido por medio de tanques ubicados cerca del río Rancherías. Al mismo tiempo en algunos municipios las ciénagas se convirtieron en desiertos y otros corregimientos llegaron a encontrarse aislados porque la lancha es el único medio para transportar víveres y personas. Además, debido al déficit de precipitaciones, ríos como el Magdalena y el Cauca, que abastecen al 70% del país, presentaron niveles cercanos al 30% de su cauce normal.

Asimismo, cabe resaltar la estrecha relación que tiene El Niño con el cambio climático, pues los efectos del cambio climático implican fenómenos de El Niño y La Niña cada vez más extremos. El reporte del Banco Mundial (2014), titulado “Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad climática”, muestra algunos de los efectos adversos que está enfrentando el mundo debido a las altas temperaturas.

Uno de los datos presentados por el Banco Mundial afirma que, para el año 2100, se espera que la temperatura global aumente entre 1,5 °C y 5,5 °C dependiendo de los niveles de emisiones, siendo los países menos afectados de la región Brasil, Uruguay y Argentina (en sus extensiones costeras del atlántico). Este aumento de temperatura conllevará al incremento de la aridez y la escasez de recursos hídricos.

También, se espera una intensificación de la recesión de los glaciares tropicales, que según las estimaciones presentadas, perderán en volumen cerca del 78% y el 97% en un escenario medio, pero se puede esperar una desglaciación casi completa en el peor de los escenarios. Esto a su vez implica aumentos del nivel del mar.

A futuro, según el mismo informe del Banco Mundial, se estiman pérdidas de alrededor del 24% de 138 especies de árboles bajo un incremento de temperatura de 2 °C. A su vez se espera una desaparición paulatina del Amazonas, degradación forestal y pérdida de biodiversidad. También, existe la expectativa de un crecimiento pronunciado en la extinción de mamíferos, aves, mariposas, ranas y reptiles para 2050, puesto que los recursos como agua y alimentos serán más limitados y habrá más competencia entre las especies.

Finalmente, los arrecifes de coral y la piscicultura se encuentran seriamente amenazados por la elevación de la temperatura, la acidificación y la hipoxia en los océanos. Esto ocasiona que las poblaciones de peces estén migrando hacia los polos, en busca de aguas más frías.

Esta vez El Niño estaba más que anunciado y de este tipo de reportes, así como de las experiencias pasadas, debimos haber aprendido para prepararnos mejor. Durante las pasadas 3 décadas los episodios de El Niño que más intensidad habían tenido ocurrieron en los años 1982-1983 y 1997-1998, y de acuerdo al Boletín Técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), titulado El fenómeno de “El Niño” en la agricultura de las Américas (2015), el primero de estos dos eventos ocasionó un estimado de USD 10.000 millones en pérdidas a nivel mundial, mientras que el segundo fue de mayor impacto para América Latina y el Caribe, generando pérdidas en los países andinos que representaron 50% de las actividades agrícolas y pecuarias, junto con daños en infraestructura de transporte, electricidad y agua que incrementaron los costos de producción en los períodos siguientes. Los países más afectados en ese momento fueron Perú y Ecuador, y en Colombia los daños representaron 2% del PIB nacional.

Impactos de “El Niño” en la Agricultura

Siguiendo el documento del IICA (2015), Perú es uno de los países que más se ve afectado con las apariciones de este fenómeno, las altas temperaturas afectan significativamente los cultivos de aguacate, caña de azúcar, algodón, banano, limón, papaya, trigo, maíz y arroz, así como afectan la piscicultura, especialmente la captura de anchovetas peruanas. En Ecuador los cultivos que se ven más amenazados por las sequías son el arroz, el maíz, el cacao, el banano, los pastizales y los tubérculos. También, como mencioné al inicio, en Colombia El Niño se traduce mayormente en condiciones de sequía y desabastecimiento de ríos, esto afecta fuertemente la ganadería y los cultivos, no solo por la falta de agua para los animales o el riego, sino por el poco crecimiento de pastos para la alimentación; una situación similar a la de Venezuela.

No obstante, contrario a una de las hipótesis citadas por el mismo informe del IICA, la producción de café en Colombia no se vio potenciada por los incrementos en la temperatura y la disminución de precipitaciones, por el contrario, según un estudio del Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros, 90.000 hectáreas productivas que equivalían al 18% de la cosecha esperada en el segundo semestre de 2015 se vieron afectadas en algún grado. Si bien es cierto que cuando El Niño se ha presentado de forma moderada el sector caficultor se ha visto beneficiado en alguna medida, en 2015 sus efectos fueron más intensos, lo que implicó déficits continuos de agua, aumento de plagas y problemas de broca que condujeron a un aumento de los costos de mano de obra, reduciendo drásticamente la rentabilidad de los cultivos de café.

Por todo lo anterior, no es sorprendente que el fenómeno El Niño tenga un impacto en la Seguridad Alimentaria y Nutricional así como en las variables macroeconómicas de varios países. En Colombia la inflación superó las metas establecidas por el Banco de la República el año pasado principalmente por el gran aumento de precios en los alimentos, situación que se vio agravada por la rápida depreciación que, lejos de beneficiar a los exportadores, implicó aumentos en los precios de insumos para la producción agrícola. De acuerdo a la Revista Semana (2016^a) cerca de 50.000 animales han muerto de sed y la producción de leche en Colombia cayó en un 20%.

A nivel mundial se sigue observando un aumento en los precios de los alimentos y es importante reconocer, como afirma el boletín del IICA (2015), que los países de América Latina y el Caribe más vulnerables serán aquellos que además de tener un alto porcentaje de su población en situación de pobreza o subnutrición, tienen alta dependencia a las importaciones para cubrir su demanda interna por alimentos.

Un Fenómeno peor que “El Niño”

Mientras que las noticias en Colombia tuvieron titulares alarmantes como que los bogotanos nos tendremos que adaptar al calor, que Cartagena y otras ciudades costeras serían inhabitables por las altas temperaturas en unos años o inclusive comparaciones odiosas con la época del terrorismo por las evacuaciones masivas en colegios, universidades y varias entidades gubernamentales que se presentaron por los incendios ocasionados por El Niño y el cambio climático en general, no deja de sorprender que el gobierno nacional concediera una licencia de explotación petrolera a la empresa Hupecol en la Macarena (que afortunadamente fue suspendida), ignorando los daños ambientales que podría ocasionar como la contaminación o sequía de los ríos Guayabero, Duda y Lozada y las consecuencias más que adversas que se presentarían sobre la maravilla natural y atractivo turístico Caño Cristales… Ahora van por el Valle de Cocora, lugar donde crece la palma de cera, que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en Salento, Quindio. Estos hechos parecían inconcebibles ya que estos escándalos salieron a la luz pública poco después de que el gobierno anunciara la protección de varios páramos en el país.

Por otra parte, la paradoja de los efectos del fenómeno El Niño en Colombia en el sector energético es que durante las olas de calor se presenta un aumento enorme en el consumo (demanda) de energía mientras que disminuye su oferta debido a la reducción del caudal o sequía de ríos como el Sambingo en Cauca (tragedia en la que además influyó la minería ilegal) y aún seguimos sin saber aprovechar otros tipos de energía como la energía solar. Y aunque Revista Semana (2016^a), de manera optimista, afirmaba que después del apagón de 1991 el sector eléctrico “se reinventó” y era puesto de ejemplo por no estar en crisis, la realidad en los meses siguientes fue diferente pues el pasado marzo el presidente Juan Manuel Santos tuvo que lanzar la campaña “Apagar paga” para evitar un racionamiento energético en el país.

Pero El Niño no es el principal causante de que América Latina se esté quedando sin alimentos, sin energía o sin oportunidades en general, hay un fenómeno común en la región que tiene efectos más devastadores que los fenómenos El Niño y La Niña juntos, se trata de la corrupción. Ejemplos de los escándalos de corrupción y sus efectos sobran: Petrobras y la crisis política en Brasil, lavado de activos en Argentina o desabastecimientos críticos de varios productos de primera necesidad en Venezuela, por nombrar solo algunos. Por supuesto, Colombia tampoco escapa a este fenómeno. A comienzos de este año, se descubrió que el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), que se esperaba que ayudara a mejorar la calidad de los combustibles y generara utilidades para el país, llegó a costar 8.016 millones de dólares, 4.023 millones de dólares más de lo que se preveía hace menos de 6 años. Catalogado por algunos como el caso de corrupción más grande en la historia de este país, las pérdidas millonarias de Reficar y, por lo tanto, del Estado colombiano (puesto que la refinería pertenece a Ecopetrol, la empresa de petróleos del país), son resultado de malas decisiones administrativas, una “feria de contratos”, retrasos en la entrada en operación y hasta de una dramática caída de la rentabilidad esperada del proyecto.

Otro escándalo de corrupción no menos grave, y en mi opinión, moralmente más cuestionable, es el del desvío de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional.De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en más de 10 contratos en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Amazonas, Magdalena, Chocó y Huila se desviaron más de 7.700 millones de pesos colombianos que debían estar destinados a la alimentación de 11.000 personas, entre niños, madres y adolescentes. Es indignante saber que en el país mueren niños por hambre y desnutrición mientras se roban el dinero de su comida en los colegios y descaradamente simulan estar cumpliendo con los contratos como se muestra en video “Trampas con alimentación escolar en Aguachica” (disponible en Youtube).

Para terminar, y retomando el tema inicial, hago una invitación a la reflexión sobre los efectos devastadores que tuvo El Niño en la región, muchos pudieron ser minimizados o incluso evitados; los fenómenos climáticos son fenómenos globales y, por lo tanto, deben ser pensados y abordados globalmente. Como bien se menciona en Revista Semana (2016^a), El Niño estaba más que anunciado y los impactos que tuvo se debieron principalmente a la falta de planeación y acciones preventivas. Ahora bien, quiero dejar constancia de que, de acuerdo al Gobierno australiano, 7 de 8 modelos sugieren una probabilidad alta de ocurrencia de La Niña en septiembre, entonces con la falta de planeación a la que estamos acostumbrados solo resta esperar a ver los titulares de las noticias o ¿será que esta vez sí vamos a prepararnos?

Adenda: Celebro la próxima divulgación de resultados del Censo Nacional Agropecuario en Colombia, después de casi 50 años sin información oficial sobre el sector, sin embargo, la realidad que nos muestra es desalentadora. Si el 45,6% de las personas que habitan en áreas rurales dispersas (que fueron las áreas censadas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional, y además está altamente concentrada en los departamentos de la Guajira, Vichada, Guanía y Vaupés, ¿cómo podemos esperar que superen esta situación de pobreza si además son departamentos altamente afectados por el Fenómeno de El Niño (y la corrupción)?

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En este artículo, dice Miguel Urioste, “(…) queremos desarrollar algunas ideas que nos ayuden a entender cómo esta suigéneris metropolización surge a partir de la secular postergación del campesinado, no es fruto del azar, ni del ineluctable destino, ni de la fatalidad. Al contrario, en el contexto de una economía y sociedad dominada por grupos corporativos y un capitalismo de Estado que se alimentan de las rentas del extractivismo, las políticas públicas promueven la acelerada expansión de la frontera agrícola para la inserción de Bolivia en un nuevo régimen alimenticio planetario controlado por el agronegocio, Bolivia está llegando tarde a la metropolización, pero además lo está haciendo de manera perversa”. El artículo fue publicado en la página Web de la Fundación TIERRA y el IPDRS lo vuelve a publicar porque el tema es vigente y urgente.

Bolivia es un país en transformación profunda porque no solo dos tercios de su población ya es urbana, sino porque hoy el 46% vive en el área metropolitana (La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz junto a los 16 municipios periurbanos que rodean estas ciudades). En este territorio se constata un notable crecimiento de los ingresos de los estratos medios urbanos que se han incluido a la vida económica nacional. El detonante de este fenómeno de cambios socioeconómicos ha sido el exitoso crecimiento pro pobre de la última década, fruto del crecimiento económico sin precedentes en la historia contemporánea.

En estas metrópolis el acceso a la educación y salud ha mejorado,  ha retrocedido la pobreza y han aumentado los ingresos y el consumo de la población aunque la calidad de los servicios y del empleo sigue siendo precaria y la matriz productiva continúa afincada en la exportación de materias primas.  Este proceso de urbanización metropolitana ha ocurrido de forma desordenada y sin planificación lo cual conduce a la multiplicación de demandas sociales y al aumento de la inseguridad ciudadana. Esta realidad –la Bolivia urbana y de clases medias– no tiene retorno. Debemos cuestionar nuestros enfoques previos y es hora de que la metropolización constituya una variable central (unidad de intervención) para la planificación de políticas públicas.

¿Nuevo rostro o una cara de la moneda?

Lo anterior podría ser un resumen apretado de los principales hallazgos y conclusiones del Informe de Desarrollo Humano del PNUD recientemente publicado (El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia, PNUD, 2016). Pero esta es solamente una cara de la moneda. El revés de esta moneda es el estancamiento y retroceso de las economías campesinas, es la sostenida des-ruralización del país como efecto de la expansión del modelo planetario del agronegocio que privilegia la exportación de materias primas agropecuarias. Como indican los propios autores del IDH: “Pensar las ciudades y regiones metropolitanas como una agenda nacional no significa dejar de lado las preocupaciones sobre la mejora del mundo rural. De hecho, muchas de las condiciones de la Bolivia urbana de hoy tienen sus orígenes en el desarrollo de las áreas rurales, marcada por la larga historia de migraciones entre regiones y particularmente por las migraciones campo-ciudad. De aquí se desprende la importancia de atender políticas de desarrollo rural, intervenciones centradas en la desaceleración de la urbanización y consolidación del proceso de redistribución de tierra, entre otros, para el logro de un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional” (IDH, 45).

En varios de los países de la región el fenómeno de vaciamiento del campo que comenzó hace medio siglo estuvo acompañado de cierta industrialización y proletarización que junto a algunos avances tecnológicos –los casos de Brasil, México y Argentina principalmente–, demandaban mano de obra y ofrecían empleo y relativos mejores ingresos a los migrantes rurales. Eso explica en gran medida el surgimiento de mega ciudades metropolitanas como México, Buenos Aires, San Pablo y Río acompañadas de sus emblemáticas villas miserias, chabolas y favelas. En menor escala los entonos metropolitanos de grandes ciudades como Lima, Santiago, Caracas, Quito, Guayaquil, Bogotá y Medellín, reproducían el fenómeno de manera parecida pero con los mismos problemas de hacinamiento, insatisfacción ciudadana y creciente conflictividad e inseguridad ciudadana”.

En nuestro caso, anunciar la metropolización solamente como una panacea, como la buena nueva, como la oportunidad para lograr el ansiado despegue hacia el desarrollo humano, no parece una recomendación muy certera o por lo menos es una mirada parcial. Especialmente si es que “no se mira” las fluidas interrelaciones y los complejos vasos comunicantes entre el campo y las ciudades. Particularmente en Bolivia una lectura dicotómica entre lo urbano y rural medida principalmente por el número de personas (densidad demográfica) que habita determinado territorio nos parece un error conceptual que no toma en cuenta algunas particularidades de nuestra nueva ruralidad.

Para entender mejor esta nueva ruralidad –envejecida y feminizada, indígena y mestiza, multiactiva y temporal, marginal y de baja productividad– es necesario rastrear paralelamente las causas y los orígenes de la des-ruralización. En efecto, ya hace treinta años, diversos estudios alertaban sobre el rápido crecimiento del sector informal urbano en condiciones laborales altamente precarias como consecuencia de la confluencia de una serie de factores: la creciente expulsión del campo a las ciudades provocada por el estancamiento de la productividad y la producción agropecuaria de origen campesino, la fragmentación de la tierra y los consiguientes impactos irreversibles en el medio ambiente, la falta de incentivos pero sobre todo de condiciones macroeconómicas que hagan rentable y atractiva la producción de alimentos. Todo lo anterior fuerza a los campesinos e indígenas a construir estrategias de sobrevivencia basadas en el multi empleo agrícola y no agrícola, en la constitución de campesinos agricultores de medio tiempo,  en la auto explotación de la fuerza de trabajo familiar especialmente de las mujeres, y en la multiresidencia temporal o permanente con la figura del ”residente” como aquel actor que vive en la ciudad pero mantiene la propiedad de sus tierras lo que induce a un aprovechamiento marginal de la misma.

El común denominador ha sido un recurrente “Estado anticampesino” y el consecuente abandono del campo. Campesinos abandonados a su suerte, sin políticas públicas proactivas de desarrollo rural sostenible luego de la distribución-devolución de tierras con la radical reforma agraria de 1953;  campesinos abandonados a su suerte desde la estabilización monetaria de 1985 (DS 21060) que –hasta la fecha– convierte a la economía boliviana en una de las más abiertas a las importaciones; campesinos abandonados a su suerte en medio de fuertes devaluaciones de las monedas en los países vecinos que hacen imposible competir con el contrabando y los precios mucho más bajos de los productos extranjeros.

Lo que sabemos, pero …

Todos sabemos que la ruralidad actual es muy distinta a la de hace 20 años; sabemos que –en términos absolutos– la población rural continúa aumentando muy lentamente aunque parece estancarse en alrededor de tres millones de personas; sabemos que no hay un vaciamiento del campo aunque sí fuertes desplazamientos poblacionales de las áreas más alejadas y deprimidas hacia las periferias de las metrópolis; sabemos que en general ha mejorado el acceso de la población rural a servicios de educación y salud pero que la calidad de los mismos continúa siendo muy deficiente.

Sabemos también que en la última década ha habido importantes esfuerzos por ampliar la cobertura de superficie bajo riego y caminos vecinales rurales, sin embargo, están muy por debajo de las necesidades de los productores; sabemos además que ley de la “década del riego” está colmada de buenas intenciones pero no tiene metas cuantificadas ni presupuestos asignados; sabemos que en los últimos años han mejorado significativamente algunas condiciones materiales de vida en el campo como el acceso casi generalizado a la luz eléctrica,  gas por garrafa, precarios sistemas de agua para consumo humano, y al transporte por minibús y colectivo en lugar de los tradicionales camiones.

Sabemos igualmente que quienes quedan en el campo son generalmente adultos mayores y la mayoría de las veces mujeres; sabemos que la gran mayoría de los agricultores familiares no tienen una vida digna y no reciben una justa remuneración por su trabajo; sabemos que, generalmente, no es “rentable” ser agricultor familiar, que no es “negocio” ser campesino.

Sabemos que la ruralidad boliviana continúa signada por una fuerte identidad étnica indígena que cohesiona tanto a las comunidades como a los barrios en las ciudades dotándolas de formas de reciprocidad y autoayuda. Sabemos que la Participación Popular municipal impulsada desde 1994 ayudó al empoderamiento de los gobiernos locales construyéndose colectivamente formas novedosas de manejo de recursos públicos, de fiscalización, de democracia participativa y de formación de renovados liderazgos en espacios subnacionales.

Sabemos asimismo que las comunidades rurales afincadas en áreas alejadas, dispersas, en tierras yermas y sin riego, seguirán expulsando su más valioso capital: sus jóvenes hombres y mujeres; sabemos que la población rural conectada a las metrópolis tiene mayores posibilidades de acceder a servicios y mercados de trabajo y de productos; sabemos que las familias de las áreas rurales hacen todos los sacrificios imaginables para que sus hijos estudien y salgan del campo para así escapar a la extrema pobreza y exclusión en la que siguen entrampadas.

Sabemos que en las ciudades los migrantes del campo apenas encuentran ocupaciones precarias en las que se auto explotan; sabemos que los hijos y los nietos de los campesinos viven en los barrios más pobres y alejados de las metrópolis; sabemos que  los miembros de las familias de origen rural diversifican sus fuentes de trabajo temporal, que regresan a sus comunidades a las siembras, cosechas y fiestas; sabemos que a muchos les gustaría quedarse en sus predios y hacer una intensa vida comunal, pero que no pueden porque la tierra no crece y está cansada, además sus productos en el mercado “no pagan”.

Sabemos también que la constitución y puesta en marcha de las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas (AIOC) están postergadas y que son muy  pocas las experiencias que apenas están logrando superar la larga carrera de obstáculos de la ley Marco de Autonomías; sabemos que los recursos financieros del Fondo Indígena (FONDIOC) fueron dispendiosamente utilizados como caja chica, corrompiendo desde el Estado lo más preciado del ser humano: su autoestima; sabemos que el “vivir bien” y el respeto a la “madre tierra” son postulados válidos pero que en la práctica han quedado en discursos vacíos.

Sabemos de igual manera que el cultivo excedentario de hoja de coca, la producción, el consumo y el tráfico de droga están íntimamente relacionados y que corroen nuestros valores humanos, envilecen nuestras conductas sociales y desestructuran nuestra economía, especialmente la de los productores familiares de alimentos.

Sabemos que mientras el saneamiento de tierras ya está prácticamente concluido en las tierras de los grandes empresarios del oriente y Amazonía, no ocurre lo mismo con las tierras de los campesinos de los andes; sabemos que la mayoría de los campesinos e indígenas de valles y altiplano e inclusive en los llanos muy pocas veces se dedican exclusivamente a actividades agropecuarias o forestales.

Sabemos también que hay notables excepciones, pero se trata de minorías de campesinos o indígenas, agricultores, ganaderos o recolectores que –gracias a un acervo adecuado de recursos naturales (tierras, agua y bosques), conocimientos y capitales– han logrado insertarse en dinámicas que les permiten algún margen de ganancia.

Sabemos que a la par que crecen rápida y desordenadamente las metrópolis cada vez importamos más alimentos; que la dieta alimenticia boliviana urbana y rural está compuesta crecientemente de alimentos chatarra; que nuestro incipiente aparato productivo nacional languidece; que en el oriente crece la concentración de la propiedad y la extranjerización de la tierra; que el agronegocio es mostrado por los gremios y las autoridades como el modelo a seguir; que la deforestación, la contaminación de los ríos y aires, y el deterioro al medio ambiente es imparable; que desde “cumbres” oficiales se promueve el uso de transgénicos y agroquímicos; que desde el Estado se proclama que la reforma agraria ha terminado; que se ha dispuesto el despilfarro de ingentes cantidades de dinero en innecesarias plantas de energía atómica, que los liderazgos de las organizaciones de campesinos están cooptadas por el disfrute del poder; que a las legítimas organizaciones de base se las persigue y se las divide; que los programas de riego, aguas potables y caminos vecinales ocupan un reducido margen del presupuesto nacional. Esta es la otra cara de la metropolización con exclusión campesina e indígena.