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Crítica al extractivismo y al agronegocio

Fuente: FAA DR
Autoría: Lorenzo Soliz*
Fecha: Lunes, 05 Octubre 2015

En los países de la región andino amazónica, luego de una década de auge económico y crecimiento basados en el extractivismo, no se logró superar la desigualdad ni la inequidad, ni se alcanzó un bienestar estable de la población que mejoró en algo sus condiciones de vida. Esta situación es más evidente aún si se considera a las comunidades indígenas, originarias, campesinas, afrodescendientes, quilombolas, entre otras; tampoco se avanzó en la construcción de otra matriz productiva distinta a la del patrón primario exportador, como se prometió. Hoy, ante la baja del precio internacional de las materias primas que exporta la región (hidrocarburos, minerales, alimentos), la política que están adoptando los gobiernos, sean de la tendencia política que sean, es intensificar y profundizar el extractivismo y el agronegocio.

Los dirigentes de las organizaciones participantes del Tercer Foro Internacional Andino Amazónico, llevado a cabo en La Paz el 23 y 24 de septiembre, COICA (Ecuador), MST (Brasil), ASACMCAT (Colombia), CNA (Perú), BOCINAB Y CSUTCB (Bolivia), fueron claros al señalar que el agroextractivismo y el agronegocio se expanden en toda la región, no solo con el protagonismo de las transnacionales, sino con el respaldo y apoyo de los gobiernos, que no solo facilitan la inversión extranjera sino que alivianan las condiciones para asegurar su permanencia, incluso les otorgan nuevos beneficios.

Solo en la cobertura de la COICA, en la Cuenca Amazónica está la presencia viva y activa de 390 pueblos indígenas, con 2,5 millones de habitantes y 170 millones de hectáreas reconocidas por los Estados como territorios indígenas; pero hay otros 23 millones de hectáreas que están en disputa y conflicto permanente. Sin embargo, pese a la legalización del derecho propietario, dichos territorios hoy viven una situación muy crítica, caracterizada por la colonización y deforestación para ampliar la agropecuaria y la extracción de madera, así como la explotación minera y los proyectos del IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Suramericana): represas, hidroeléctricas, carreteras y puertos; asimismo, los efectos del cambio climático y el negocio del carbono, el ecoturismo sin control, la biopiratería y las políticas y leyes sin consulta previa.

Esta situación no es propia de la región amazónica; la andina vive el mismo proceso aunque con características específicas: no solo se implementan políticas y normas que atentan contra el derecho a las tierras y territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas sino que son álgidos los conflictos socioambientales de dichas comunidades con empresas extractivas (mineras, petroleras y energéticas) que controlan los medios de comunicación y en muchos casos son ellas las que establecen la agenda de gobierno. Los casos de Conga, Tía María, Lote Petrolero 192, en el Perú, son apenas algunos ejemplos de lo que pasa en buena parte de los andes sudamericanos. Y como si esto fuera poco, los efectos del cambio climático son devastadores de la economía campesina indígena, sector que sigue recibiendo los porcentajes más bajos de la inversión pública.

Lo nuevo del modelo y programa extractivista y el agronegocio son sus mecanismos de amenaza, presión, despojo y saqueo de los territorios de los pueblos y comunidades mencionadas, donde no solo no se hace consulta previa sino que destruyen territorios, dejan pobreza y muerte biológica y cultural. Los desplazamientos forzados y la expulsión de las comunidades no se dan solamente mediante compra o alquiler de tierras sino por la fumigación y envenenamiento de la población (como ocurre en Argentina y Paraguay), forzada a huir a las ciudades y dejar sus tierras para siempre; se intensifica la eliminación de dirigentes y líderes y se judicializa y criminaliza la protesta.

Empero, los efectos del agronegocio llegan también a los pobladores urbanos, obligados a consumir productos a base de agrotóxicos, —causa  del incremento de diferentes enfermedades, entre ellos el cáncer, como indican numerosas investigaciones recientes— y obligados a consumir cada vez menos de la riqueza agroalimentaria y en biodiversidad que nuestros pueblos han preservado para la humanidad.

Y es que, como señaló el Movimiento Sin Tierra (Brasil), hay una absoluta hegemonía política y económica del agronegocio en la región —cuya principal consecuencia es la disputa por los territorios indígenas donde están los recursos codiciados por el extractivismo y agroextractivismo. Como dicen los mismos indígenas, “el título no garantiza el territorio, sino la lucha, la defensa y el control”. Un ejemplo de ello es la lucha creciente y exitosa de las organizaciones campesinas y populares del Catatumbo colombiano (ASCAMCAT) que, a partir del Paro Agrario, en 2013, ha colocado la agenda por la Vida, Dignidad, Tenencia de la Tierra, Territorio y Paz con Justicia Social. Igualmente, el extraordinario activismo de mujeres campesinas en Brasil y Argentina en su lucha contra los transgénicos, desde una perspectiva ética y ecofeminista.

Si bien en todos los países de la región hay acuerdos, normas y leyes que incluyen propuestas, demandas y derechos de los pueblos y comunidades referidas —incluso en las Constituciones de Ecuador y Bolivia y se reconoce como avance sustantivo pero insuficiente—, sin embargo, no solo que no se cumple dicha legislación sino que nuevas leyes, normas y prácticas van burlando y posponiendo el cumplimiento de dicha normativa, de manera que las demandas constitucionalizadas quedan incumplidas, los derechos ignorados y la participación es apenas simbólica y no auténtica, lo que sin duda debilita y erosiona las bases de la joven democracia en la región.

Es por ello que una de las grandes batallas de las próximas décadas será precisamente por el territorio y los recursos naturales. De ahí la agenda que se plantearon las organizaciones sociales: construcción de grandes alianzas entre ellas y con otros sectores del movimiento popular para enfrentar al modelo del gran capital, a través de la lucha de masas y la formación de liderazgos capaces de enfrentar el extractivismo. Propuesta que fue explicitada también en el manifiesto que firmaron las organizaciones sociales participantes del Tercer Foro Andino Amazónico.

Los pueblos y comunidades indígenas, campesinas originarias, afrodescendientes, quilombolas y de pequeños productores no solo se oponen al extractivismo y el agronegocio, sino que tienen propuestas con base en la experiencia de sus sistemas productivos de carácter agroecológicos, prácticas e iniciativas de manejo y gestión sostenible de los territorios y recursos naturales, de donde obtienen alimentos, medicinas y materiales diversos, tanto para las familias que las practican como para el resto de la población; se generan ingresos económicos incluso por la exportación de los productos provenientes de los bosques y territorios; son espacios donde se cría la biodiversidad y los bienes comunes como patrimonio de la humanidad. En ese marco, la experiencia de comunidades del norte amazónico de Bolivia, presentada en la ocasión por el BOCINAB, es apenas otro ejemplo de los muchos que hay en la región. Por ello, el desafío es la defensa, control efectivo y gestión sostenible del territorio, territorio en que aún se puede encontrar rasgos del auténtico vivir bien o el buen vivir, una noción constitucionalizada pero cada vez más vaciada de contenido, burlada e incumplida hasta ahora. Es necesario politizar y repolitizar el rol y aporte de estas formas de manejo y gestión de los territorios por dichas comunidades porque —contrario al modelo extractivista— constituyen germen y semilla de una alternativa civilizatoria más acorde con los derechos de la Madre Tierra y puede ser un aporte para la humanidad.


*Lorenzo Soliz es Director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), una de las instituciones dinamizadoras del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.