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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Las activistas defensoras de la tierra son perseguidas y criminalizadas

Fuente: Censat Agua Viva
Autoría: Laura Panqueva
Fecha: Domingo, 22 Noviembre 2015

Cuando le preguntan qué siente por la tierra, Esperanza Martínez, una mujer que ha regalado su vida a la defensa de la naturaleza, recita sin prisa la siguiente frase: “los seres humanos somos tierra que camina”.

Pero como si las palabras no alcanzaran a definir esa conexión, ese respeto por su territorio, continúa, mientras aligera la voz, “me remite a la naturaleza y, en ese sentido, a la mezcla de seres –de nosotros– como parte de las culturas”. Esta ecologista que, desde hace más de 25 años, defiende y promueve los derechos de las comunidades en contexts de agresión ambiental en Ecuador, no duda de la razón por la que, a pesar de las agresiones que ha recibido, continúa su lucha.

El Yasuní es una de las reservas con mayor diversidad del mundo y, al decir de Martínez, de las más apetecidas por las empresas extractivas debido a las inmensas cantidades de petróleo que subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.

La riqueza que se aloja en su interior se complementa con la vida de los seres que se arrastran, vuelan, caminan, nadan y respiran. Alrededor de 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200 de mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas, aguardan allí, junto con dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, los tagaeri y los taromenan que, según la ecologista, “se internaron en la selva virgen a inicios de los setenta”. Época en la que se inició la exploración y futura explotación petrolera en el país.

En el paraíso verde del Yasuní todavía habitan seres místicos. Hombres, mujeres y niños que respetan el poder de la naturaleza y reconocen el territorio virgen como su casa. Para ellos, este lugar significa la capa más delicada, más natural. La que los protege y les manda señales de vida, de crecimiento, de cambio; la que revitaliza sus grietas y se alimenta del agua y de caricias constantes; la que confía en su entorno y cosecha para ellos, sus habitantes; la que es libre. Por recordar a la sociedad su valor, Martínez se ha convertido, lamentablemente, en uno de los casos emblemáticos en el universo de hostigamientos y estigmatizaciones contra defensoras de la naturaleza por parte de quienes ejercen el poder. “No explotar hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní” o “mantener el petróleo bajo tierra”, han sido sus defensas y las de la organización Acción Ecológica que, en varias ocasiones, ha recibido agresiones por mostrarse en desacuerdo ante proyectos de explotación de minerales en Ecuador.

“Desde su participación como asesora en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente empezó a ser objeto de comentarios y manifestaciones privadas y públicas hostiles por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo, en particular, del Presidente de la República”, denuncia el informe que conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 23 de octubre, a través de la audiencia número 50 del Periodo Ordinario de Sesiones número 156. Durante la sesión, seis defensoras de los derechos de la mujer y la tierra –Diana Murcia (Colombia), María Paz Becerra (Chile), Perla Álvarez (Paraguay), Esperanza Martínez (Ecuador), Lina Solano (Ecuador) y Cristina Auerbach (México)– expusieron ocho casos de criminalización paradigmáticos que, supuestamente, denuncian patrones de agresión por parte de sus Estados y varias empresas extractivas.

Según el informe, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho alusión a Esperanza Martínez con diversas frases injuriosas e insultos como “ecologista infantil”, “fundamentalista”, “argolla” o “tranquera”. Por su parte, el Vicepresidente de la República la calificó públicamente como “la mentirosa del año”. Las defensoras de la tierra en Latinoamérica denuncian que se les está violando el derecho a la protesta y a la libertad de expresión ante la CIDH .

 En el caso de Martínez, lejos de corregir insultos, “la respuesta institucional se ha concretado en intentar cerrar la organización (Acción Ecológica), llevando a cabo operaciones de inteligencia ofensiva y elaborando organigramas en los que se presenta a esta líder como una delincuente”, sostiene el informe. “Creemos que es muy importante que se escuche qué es lo que está pasando, porque existe una especie de fantasía sobre un país donde se respetan derechos y, aparentemente, se lanzan propuestas en defensa de la naturaleza.

Sin embargo, lo que hemos reportado es que vivimos una profunda agresividad en contra del medio ambiente y sus defensores”, denuncia Martínez. Por su parte, la activista ecuatoriana Lina Solano, miembro del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (FMDPM), asegura que “los procesos de criminalización, la persecución judicial y la violencia son una situación bastante fuerte en mi país, sobre todo durante este Gobierno”. Solano denuncia que, cada vez más, se restringen los derechos y que “en este momento no hay garantías mínimas para la libertad de expresión, de opinión, e inclusive para el derecho a la resistencia”.

Esta activista y otras defensoras han enfrentado varios cargos por robo y obstaculización de la vía pública, debido a sus protestas en contra de proyectos extractivos de minería de empresas como ExplocCobres. Hace unas semanas Solano denunció que, “fuerzas de seguridad del Presidente Rafael Correa golpearon y arrastraron a un grupo de mujeres, incluida yo, por mostrar una pancarta que decía: 'minería responsable, cuentos miserables', durante un evento en la provincia de Azuay, donde el Gobierno impulsa un megaproyecto de la minera China Junefield”.

De esta manera, según Martínez, “evaluar los casos y las agresiones que nos ocurren individualmente en un context de incremento de violencia y hacerlos visibles a nivel internacional, resulta un avance en la lucha por los derechos de las mujeres”.

El informe, que se titula “Modalidades de criminalización y limitaciones a la efectiva participación de mujeres defensoras de derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas”, expone “una mirada de los impactos diferenciados por motivos de género que, hasta ahora, ningún estudio sobre violencia contra defensores de la tierra había propuesto”, explica Diana Murcia, abogada del Fondo de Acción Urgente Para América Latina (FAU-AL), quien se encargó de constituir el documento, en alianza con doce organizaciones más. Murcia sostiene que “los casos son de alta gravedad y están categorizados en tres escenarios de criminalización: judicialización, hostigamiento y estigmatización”. “En mi equipo de trabajo un hombre nunca se ha planteado que lo puedan violar sexualmente mientras se dirige de noche a la mina. Yo sí” El caso de Cleofe Neyra y Elizabeth Cunya, miembros de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA) en el norte de Perú, expone, por ejemplo, la discriminación y el abuso sexual por parte de guardias privados de la empresa minera Río Blanco Copper, según indica Murcia.

La abogada indica que Neyra y Cunya fueron secuestradas en agosto de 2005, junto con 26 manifestantes más, por las fuerzas de seguridad de dicha empresa minera, la cual, desde 1994, afecta a la región de Piura con sus proyectos de exploración de cobre. “Durante cinco días, no tuvieron comida, ni agua”. “Nos golpearon repetidamente con sus puños y botas, y apretaron mis pechos con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar”, relata Neyra. Según sus denuncias, las amenazaron con violarlas, mientras les contaban fantasías de lo que iban a hacer con ellas. Desde ese momento, miembros de su comunidad, en lugar de protegerlas, las culpan y rechazan por haber participado en dichas manifestaciones, según afirma Murcia.

Las mujeres AMUPPA han recibido amenazas de violación y muerte. “Con piedras, palos y gritos, en el camino a casa o al pueblo. Por teléfono o en persona, la cotidianidad de estas líderes está ligada a la amenaza permanente sin que ninguna authoridad tome medidas efectivas para su protección”, denuncia el informe.

Perla Álvarez, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales (CONAMURI) de Paraguay, hace hincapié en que la criminalización, además de poner en riesgo la vida de las mujeres, “altera el entorno familiar y las relaciones con la comunidad, por ese rol que nos otorga la sociedad de cuidadoras”. Esta líder enfatiza en que las diferentes formas de violencia tienen marcados unos rasgos de género. “En el caso de la judicialización, por ejemplo, se hacen acusaciones basadas en la vida privada sexual de las defensoras para desacreditar su lucha”.

Ese sesgo de género, según Álvarez, “debe ser diferenciado en los informes de los organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos, con el fin de que se contemplen formas especiales para la protección de las defensoras”. Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos de México, coincide con Álvarez. Resalta, por ejemplo, el hecho de que las defensoras viven con temor constante a ser agredidas sexualmente. “En mi equipo de trabajo –sostiene– un hombre nunca se ha planteado que lo puedan violar sexualmente mientras se dirige de noche a la mina. Yo sí”. “considerar la resistencia de proyectos de diversa índole como delito, constituye una forma de castigo social que viola los derechos constitucionales” Según Auerbach esta situación hace que las activistas se sitúen de manera diferente frente a los conflictos. “La violencia sexual –puntualiza– nos obliga a vivir bajo un agregado de estrés”.

Hasta la publish_up, no se conoce una cifra exacta de las mujeres que en el marco de conflictos de carácter socio ambiental sufren criminalización. Sin embargo, “en 2012, la iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos registró un total de 414 agresiones en México, Honduras, El Salvador y Guatemala”, agregó Auerbach. “De ellas, casi 40 por ciento trabajan en la defensa de la tierra”, añade. La resistencia a la explotación de recursos o a la construcción de infraestructuras es “una conducta que las authoridades estatales y empresas asocian a la ilegalidad”, según el informe, que alerta sobre dos casos urgentes en Chile y México. Millaray Huichalaf, líder chilena de los indígenas mapuche, ha sido arrestada en varias ocasiones por defender su territorio, supuestamente amenazado por la Central Hidroeléctrica Osorno.

Durante sus capturas, según sources próximas a la chilena, “ha primado el uso excesivo de la fuerza, lo que ha producido impactos psicológicos tanto en ella, como en su hija de tres años”. Bettina Cruz, activista indígena de la comunidad Binnizá en México, defiende el territorio y los recursos naturales de los pueblos ikjoots y binnizá de los intereses privados que buscan instalar generadores de energía eólica sin hacer una consulta previa. “En razón a esto, ha sufrido amenazas, intento de asesinato y criminalización”, indica Cristina Auerbach, quien añade que, “entre las campañas de discriminación que han sacado en su contra, resalta la siguiente: “como mujer debería estar en casa y no causando problemas y conflictos”.

Esta conducta se repite en varios casos, según la abogada, en los que las defensoras son neutralizadas de sus capacidades por vías de aparente legalidad (uso de la fuerza por funcionarios públicos, procesos judiciales o administrativos). Murcia agrega que “considerar la resistencia de proyectos de diversa índole como delito y como delincuentes a sus líderes, constituye una forma de disciplinamiento y castigo social que viola los derechos constitucionales”. El informe también constató que, “los Estados hacen uso indebido del derecho penal para entorpecer las luchas de las activistas”. Por tanto, recomienda “adoptar una metodología efectiva para investigar a fondo todas las amenazas y ataques”.

La solicitud más urgente que estas defensoras hicieron a la CIDH, consiste en que “se exija a los Estados garantizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las activistas, en tanto que no deben permitir que sus funcionarios abusen de la fuerza para reprimir y criminalizar a las líderes”. Al final de la audiencia, los comisionados de la CIDH James Cavallaro y José de Jesús Orozco destacaron que el informe “da cuenta de una óptica distinta y permite resaltar nuevos elementos en la situación de las defensoras” y que, además, “aporta información para un documento particular que preparan sobre el uso indebido del derecho penal para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos”.