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Desolador panorama del campo al analizar el Censo Nacional Agropecuario (Colombia)

Fuente: Aporrea
Autoría: Carlos Alberto Suescún
Fecha: Lunes, 07 Marzo 2016

A pesar de las polémicas en cuanto a su costo, contratación y tiempos de entrega, lo cierto es que el Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la source de información más precisa y confiable a la que se puede acudir en la actualidad para analizar distintos problemas del sector rural. Nuevamente, no han faltado las controversias, como la estructura misma del proceso de captura de información, para solo mencionar una: no se tuvo en cuenta la categoría social del campesino/na en las encuestas.

Los técnicos dirán que tal categoría no está contemplada en la Ley y, por tanto, no era conveniente su inclusión. Pero se pueden esgrimir consideraciones opuestas a esa opinión, si se acude a algunas sentencias de la Corte Constitucional, donde se reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional *.

¿Qué revela el Censo Nacional Agropecuario 2015? Alta concentración de la tierra, conflicto entre uso y vocación, pobreza, escasa organización social de las comunidades rurales y brechas sociales persistentes; es decir, lo que siempre se ha sabido y se ha denunciado y a lo que jamás el Estado le ha interesado. Adicionalmente, se halla una radiografía de una población sin acceso a garantías mínimas de derechos, que combinado con una tendencia exponencial al envejecimiento, acarreará con el paso del tiempo mayores problemas para la población, esto a menos que en realidad se hagan esfuerzos significativos por transformar tal situación.

Concentración de la propiedad y del uso de la tierra

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2015 (CNA-2015), en Colombia se destinan 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, de las cuales el 80 % corresponden a pastos, y el 20 % restante (8,4 millones de hectáreas) a cultivos agrícolas. El 80 % dedicado a pastos, sirve para mantener ganado en forma extensiva, lo cual hace que en Colombia las vacas tengan más hectáreas para pastar de lo que tiene un campesino para cultivar.

Según el Censo, la superficie agrícola corresponde principalmente a cultivos permanentes (5,3 millones de hectáreas), o sea el 74,8 % del total de área con uso agrícola. Estos en gran cantidad son cultivos como caña de azúcar, palma aceitera y caucho, entre otros agroindustriales, los cuales totalizan 3,4 millones de hectáreas.

En cultivos transitorios y asociados, donde se clasifican productos como hortalizas, tubérculos, algunas frutas y, en sí, una importante proporción de alimentos, se utilizan 1,8 millones de hectáreas. Esta producción es realizada sobre todo por economías campesinas. Así mismo, en el campo colombiano se tiene un total de 2,7 millones de productores, de los cuales apenas el 26,8 % (724 mil personas) son residentes.

El CNA-2015 también revela que el inventario bovino es de 21,4 millones de cabezas, mientras que el equino es de 1,2 millones y el porcino de un millón. De esta clasificación pecuaria, es bien sabido que el ganado bovino es el que requiere de un área considerable en pastos.

Con estos datos del CNA-2015, si se hace el cálculo de hectáreas de pasto por vaca, nos daría que en Colombia cada vaca tendría 1,57 hectáreas para pastar. Muy poco al contrastar con las extensas fincas de que disponen 50 o 100 vacas en los alrededores de Montería (Córdoba), para poner un ejemplo. Pues bien, la razón es que el 53,8 % del inventario bovino en Colombia está en fincas de menos de 50 hectáreas; es decir, son vacas de medianos y pequeños propietarios. Así, más de la mitad de las vacas del país están pastando en minifundios y microfundios.

Mientras el grueso de los habitantes del sector rural que tienen una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) menor a 5 hectáreas, representan el 70,9 % del total y apenas ocupan el 2,4 % del área productiva (un millón de hectáreas), es decir un promedio de 1,4 hectáreas por residente (que es una sobrevaloración); hay vacas que pueden pastar en áreas superiores a las 3,5 hectáreas cada una, ubicándose en fincas de más de 500 hectáreas, las cuales representan el 0,4 % de las UPA y que abarcan el 65,1 % del área productiva.

Dinámica demográfica del sector rural

Sorprenden y preocupan las cifras en materia poblacional del sector rural. El CNA-2015 establece que aproximadamente 2 de cada 3 personas son hombres, y en la mayor proporción se encuentran en edades de 40 a 54 años. Esto significa que se está achatando cada vez más la pirámide poblacional en niños y jóvenes, siendo un punto de inflexión histórico del sector rural, para transformarse en una pirámide invertida.

La afectación es notable en apenas 10 años (comparando con el Censo Poblacional 2005), dándose una migración mayor de las mujeres, niños y jóvenes de áreas rurales a urbanas. Esto se explica en gran medida por la carencia de oportunidades para la población y escasos niveles de bienestar. Igualmente, se puede especular este fenómeno demográfico en factores tales como los mejores indicadores de educación en las mujeres (la deserción es menor en mujeres que en hombres), las limitaciones de medidas para garantizar un retorno efectivo de población desplazada (Ley 1448 de 2011), y por supuesto el rigor del conflicto armado que sigue ocasionando desplazamientos de la población. Indagar de manera profunda en estos y otros factores explicativos es una labor de investigación pendiente.

Los problemas o conflictos de estas tendencias demográficas radican en la necesidad de mayores medidas de atención a la población mayor, las restricciones al crecimiento económico, entre otros aspectos pertinentes a la política pública.

Condiciones sociales y abandono estatal

Vivir dignamente en el campo parece no ser posible si se tiene en cuenta el CNA-2015. Cerca de la mitad de población rural es pobre (45,5 %), de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), y para comunidades étnicas es de 63,5 %, las cuales están en las peores condiciones sociales y requieren de atención diferenciada.

La pobreza, por supuesto, se revela en aspectos objetivos como la calidad de la vivienda: apenas la mitad de las construcciones están hechas en ladrillo y tienen piso de cemento. Igualmente, solo el 42,6 % de las UPA tienen acceso a servicio de acueducto y el 6 %, al de alcantarillado. El servicio de energía eléctrica es el que mejores niveles de cobertura presenta, aunque aún el 18 % de las UPA carecen de electricidad.

En cuanto a salud, la cobertura llega al 95,8 %, garantizado casi en su completitud bajo el régimen subsidiado, ya que la formalidad laboral en el sector rural es la excepción y no la regla. Sin embargo, la universalidad formal choca en muchos casos con el acceso real, pues hay familias que tienen el hospital más cercano a decenas de kilómetros, y el costo mismo del desplazamiento o las condiciones de transporte dificultan acceder a distintos servicios.

El abandono estatal también se revela en la educación. De este derecho social solo basta señalar que el 17 % de la población manifiesta no saber leer ni escribir, situación que debería causar vergüenza en un país, que entre otras, plantea entrar al selecto club de buenas prácticas de la OCDE.

No obstante, el abandono estatal también se hace manifiesto en la incapacidad institucional para contribuir al desarrollo productivo. Por ejemplo, de acuerdo con los resultados del CNA-2015, solo el 15 % de los productores residentes manifestó haber recibido asistencia técnica, y apenas el 83,6 % demandó crédito, siendo este el supuesto vehículo para generar oportunidades de negocio. Igualmente, el 81,9 % de las UPA carece de acceso a sistemas de riego, y apenas un 29,6 % de los residentes manifestó contar con maquinaria.

Con este diagnóstico, donde prima la concentración de la propiedad y del uso de la tierra, donde se revelan unas condiciones sociales adversas para la población, y donde el abandono estatal es prominente, resulta curioso (por decir lo menos) que este compendio de estadísticas no haya merecido un debate nacional amplio ni se haya tenido en cuenta como insumo para una línea base para formular políticas como la materialización del acuerdo sobre reforma rural integral de las negociaciones de paz, y de hecho, se pretenda subvalorar la importancia de los resultados; y al contrario se siga acudiendo a medidas de política pública que profundizan las disparidades sociales y económicas.

Ejemplo de esto último son las denominadas ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social) que hace pocos días sancionara como Ley el Presidente de la República, argumentando una mayor productividad rural, pero a sabiendas de que engendrará graves problemas de concentración de la tierra en empresarios nacionales y extranjeros, y de incumplimiento del deber social del Estado de brindar acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios (Constitución Política art. 64). En la nueva Ley la tierra pública (los baldíos) ahora se entregarían preferentemente en concesiones de largo plazo a empresarios y ya no para procesos de reforma agraria.

Ojalá que con la publicación definitiva de los datos por parte de la authoridad estadística nacional se pueda ampliar el debate académico y político sobre la grave situación del campo colombiano al analizar el Censo Nacional Agropecuario.

*Carlos Alberto Suescún es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.