Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Envíe su artículo

Posts @IPDRS

Y después de tanta contaminación…lo mínimo es consulta y participación (Perú)

Fuente: Justicia Viva
Autoría: Tami Okamoto, Mario Zuñiga, Juan Carlos Ruíz
Fecha: Lunes, 22 Febrero 2016

Una de las cosas que salta a la vista, es la existencia de normas en materia de transportes de petróleo a través de ductos y de herramientas de gestión ambiental, que han sido aprobadas, de espalda a las los pueblos indígenas, a pesar de la gran incidencia de estas. Temas tan sensibles para los pueblos indígenas no pueden ser aprobados de espaldas a estos, ni tampoco pueden ser definidos de manera unilateral sin tomar en cuenta el context sociocultural y espiritual de estos pueblos. Por ello urgen procesos de consulta que canalicen la participación de los pueblos indígenas, con la finalidad de recoger las expectativas, las preocupaciones y las necesidades de los pueblos indígenas, así como mecanismos de participación intercultural que permitan equidad y justicia, en cuanto a la definición de los modos de reparación y restauración del equilibrio ambiental pero también del cultural y social.

Uno de los casos más resaltante sobre la toma de decisiones sin consulta y participación, en las que diversos pueblos han sufrido las concecuencias de los proyectos de inversión sobre sus territorios y sobre sus cuerpos, es la construcción del Oledoducto Norperuano y la normativa e instrumentos de gestión ambiental correspondientes a su funcionamiento. El oleoducto norperuano, con una longitud de 854 kilómetros que va desde la Selva Norte del Perú ( Andoas-Loreto) hasta la costa Norte (Bayovar-Piura) fue construido entre lo años 1974 y 1978 con una participación de más de 7 500 personas, un millar de ellas extranjeros[1]. El oleoducto atraviesa princiapalmente el territorio de diversos pueblos indígenas (Quechuas del Pastaza, Achuar, Shapras, Wampis, Awajun, kukama, etc).

Desde su creación el oleducto ha tenido innumerables rupturas con sus consecuentes derrames sobre los ríos y bosques de la amazonía, produciendo la contaminación y afectación de la vida de los territorios y los cuerpos de los pueblos indígenas. Solamente en los últimos 5 años han habido 11 accidentes registrados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En promedio dos derrames al año[2]. Los últimos derrames producidos han conducido a que OEFA emita la Resolución Directoral No 012-2016-OEFA/DF, que contiene por lo menos dos actos administrativos que afectarían a las comunidades nativas, y que sin lugar a dudas deben ser consultados.

¿Cuáles son los actos que deberían de consultar y cuales los actos en donde los pueblos deben participar efectivamente? La Resolución Directoral No 012-2016-OEFA/DF plantea dos actos administrativos. En primer lugar tenemos en el artículo 2 de la parte resolutiva de la mencionada resolución, la aprobación por parte de OEFA del cronograma de cumplimiento de la medida, que implica dar mantenimiento y renovar el oleoducto. En segundo lugar, en el artículo 4 de la misma parte resolutiva se puede identificar el acto administrativo de aprobación por parte de Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM, del proyecto de Petroperú de actualización de su instrumento de gestión ambiental. En relación con este última, la medida es más que razonable, y aunque ha llegado tarde, se hacía más que necesaria ya que el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del oleoducto, llamado, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), fue aprobada por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minería, mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH el 19 de junio de 1995[3].

¿Afecta a las comunidades nativas estos dos actos administrativos? El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es muy claro. Se deberá consultar con los pueblos indígenas todas las medidas administrativas, es decir todas las decisiones, siempre que sean susceptibles de afectarles directamente. Asimismo, se debe tener en cuenta, de conformidad con el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, que los pueblos deben cooperar en dichos estudios[4], evaluando “… la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas” puedan tener sobre los pueblos indígenas”.[5]

Así, luego de los recurrentes derrames de miles de barriles de petróleo, en suelos y cuerpos de agua en el territorio de las comunidades nativas en la Amazonía, ha quedado claro que el buen o mal funcionamiento del oleoducto norperuano, afecta de forma directa a sus territorios. En ese context, los derechos de los pueblos indígenas y la afectación del territorio ancestral pone en peligro la propia subsistencia de estos pueblos. La conclusión es evidente, las decisiones tomadas referentes a mejorar un IGA antiguo, que indicará las medidas que tomará Petroperu para realizar cambios, acciones de prevención, de inversión, de cambios, de mitigación, etc.,tienen implicancias e incidencia directa en los pueblos indígenas, por cuyo territorio ancestral atraviesa el oleoducto norperuano.

En ese marco podríamos determinar que la primera medida, debe tomar en cuenta el atículo 7 del Convenio, definiendo acciones en cooperación con los pueblos indígenas para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural que dichas acciones tendrán sobre sus territorios y sus vidas. Por otro lado, tomando en cuenta el Convenio y las sentencias de la corte interamericana, la segunda medida, referida a la actualización del PAMA, debería consistir en la aprobación y/o conformida mediante resolución de la actualización, solo después de una Consulta Previa, Libre e Infromada[6]. Es importante destacar que dicho IGA fue aprobado algunos meses después que entraba en vigencia del Convenio 169 de la OIT, con lo cual se habría incumplido con la normativa.

¿Quiénes serían los encargados de la consulta y de aseguar la efectiva participación de los pueblos indígenas? La aprobación del cronograma de cumplimiento de la medida, que implica dar mantenimiento y renovar el oleoducto, debería ser establecido por PETROPERU y OEFA tendría que asegurar dicha participación, en la medida que es el órgano que la aprueba. La aprobación del proyecto de Petroperú de actualización de su instrumento de gestión ambiental, tiene una ambigüedad en cuanto a quién consultaría. Si la medida administrativa deriva en una adecuación bajo la norma del MINEM, el responsable sería la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM, consultándose la medida que aprueba la adecuación[7].Por otro lado, la actualización plantea como responsable a la OEFA, para que determinela conformidad con dicha actualización, consultándose así, la resolución que manifiesta la conformidad de la actualización[8].

¿Específicamente para que servirá la consulta de estas medidas? La actualización del Instrumento de Gestión Ambiental del oleoducto, como mencionamos, podría derivar en la aplicación de acciones de adecuación que implicarian una serie de actividades especiales y la elaboración de diferentes estudios, planes e instrumentos complementarios. Por ejemplo, en cuanto a las acciones a realizarse, de ser necesario (y es más que probable que sea necesario) se tendría que redimensionar y adaptar las características técnicas del oleoducto, con lo cual se podría plantear reacondicionar el oleducto con la instalación de más ductos[9]; realizar mantenimiento o el reemplazo de ciertos tramos[10] debido a la pérdida de material de cobertura producida por los ríos o cambios geológicos[11]. Solo estos dos aspectos de tantos más, implicarían acciones alternas, como ingreso de equipos, personal, la ampliación del derecho de vía[12], cuyas consecuencia afectarían los territorios de los pueblos indígenas.

En cuanto a los estudios, se requerirían, si se plantearan acciones de este tipo, Estudios de Factibilidad, Planes de Manejo Ambiental, estudios de ingeniería básica,[13]y otros. Todo ellos con información clave acerca de la protección y afectación de la población indígena y sus territorios, las cuales incluirían estudios de base, estudios de riesgo y hasta cartas fianzas que aseguren el cumplimiento de las multas, en caso, valga la redundancia que la actualización suponga también Planes de Adecuación[14].

Pero ojo, iniciamos nuestra respuesta con una incertidumbre (podría derivar), porque esta actualización y posible adecuación podría implicar también modificaciones mínimas que igual traerían consigo condiciones de operación que llevarían a mantener este estatus quo de contaminación permanente sobre los territorios. Cualquiera de estas acciones referidas al oleoducto, impactarían los territorios ancestrales de las comunidades nativas, y ello aun cuando existen servidumbres legales (es decir expropiaciones “encubiertas” del territorio ancestral sin consentimiento por el bien del Perú pero bajo el sacrificio de los pueblos), lo que no significa que estas comunidades, en su condición de pueblos indígenas, dejan de ser propietarios. Toda esta situación nos llevaría hacia algunos puntos:

En primer lugar, la actualización y posible adecuación tendrían que tomar en cuenta la compensación y/o modos de indemnización, y esto no es incompatible con el reconocimiento que el ducto es parte de la política energética, que es de necesidad pública. Esta compensación no solo debe ser entendida o determinada en base a aspectos monetarios, también se deberían restituir bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales que hayan sido privados sin su consentimiento previo libre e informado, o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres[15]. En ese sentido, aspectos que se supone deberían estar contemplados en los Instrumentos de Gestión Ambiental y Social sería considerar los niveles de denigración de los valores culturales y espirituales de los pueblos, como se planteaba en la sentencia a favor del Pueblo de Saramaka[16]. Un ejemplo de ello, es que la contaminación del río para los kukama, puede significar, más allá del impacto directo contra su biología (quees vital), el impacto sobre ciudades espirituales sumergidas lo cual, destruiría la vida conectada con sus sabios. Asimismo, es importante destacar que la forma (aspecto que es dejado de lado siempre) y monto de la reparación, (indemnización) debe ser acordado con los pueblos[17]. En ese sentido los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la determinación de los daños ambientales causados los proyectos, así como en la determinación de los impactos sobre sus actividades básicas de subsistencia[18]. Esta situación debe estar plenamente garantizada por el Estado y en un proceso de consulta sería tomado en cuenta.

En segundo lugar, se debe establecer mecanismos efectivos para asegurar que se dé mantenimiento al oleoducto, pero que este sea monitoreado y vigilado por las poblaciones indígenas, reconocidas y financiadas por el Estado, a efectos de garantizar la vida, los territorios y el hábitat de los pueblos indígenas. La forma como se ha manejado esto ha sido, absolutamente de espaldas a los pueblos indígenas, y han sido ellos principalmente quienes no solo han sufrido los daños sino han advertido sobre la magnitud de los daños. En tercer lugar, se podría plantear el establecimiento de mecanismos efectivos de atención a las comunidades nativas afectadas, ello referido a su salud. La vulnerabilidad de estas comunidades está en relación, y es consecuencia de la extremada dependencia de los PPII de sus hábitats y de sus ecosistemas. Una alteración en los mismos, como por ejemplo la contaminación de ríos afecta el acceso agua, a alimentos y la actividad económica principal (y como lo hemos mencionado, también a su corazón espiritual). Es por eso que la CIDH ha reconocido que los pueblos indígenas y tribales cuyos miembros resulten afectados por contaminación ambiental, falta de acceso a agua potable o exposición a agentes tóxicos derivados de proyectos de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios, tienen derecho a acceder al sistema de salud sin discriminación[19]

CONCLUSIÓN

Los pueblos indígenas tienen derecho a que se consulte las decisiones adoptadas por el Gobierno que afectan sus territorios. Tienen derecho a saber y conocer las decisiones que afectaran su territorio. Tienen derecho a influenciar en la determinación de daños. Así como tienen derecho a cooperar en la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental. Entonces ¿El Estado en ese sentido volverá a tomar decisiones sin consulta ni participación de los Pueblos Indígenas los cuales podrían ser sometidos contaminación permanente sobre sus vidas y territorios? Por lo tanto, consideramos que el Estado debe aplicar el Convenio 169, y tomar en cuenta las recomendaciones y sentencias de la Corte con lo cual se deberá consultar a los pueblos indígenas afectados durante decenios, la medida que aprobaría la adecuación y/o actualización del PAMA, y los pueblos indígenas deben participar de manera efectiva en la elaboración de dichos instrumentos.

 

————————

 

[1] http://www.petroperu.com.pe/Portalweb/Main.asp?Seccion=76   Revisada a las 2:00 am.

 

[2] Resolución Directoral No 012-2016-OEFA/DF

 

[3]Ibid.

 

[4]Convenio 169, artículo 7.3.

 

[5]Convenio 169, artículo 7.3.

 

[6]Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131.

 

[7]Primera Disposición Complementaria del DECRETO SUPREMO Nº 039-2014-EM que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

 

[8]Artículo 20.3 del RCD-007-2015-OEFA/CD. REGLAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO DEEVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA

 

[9]“Elaboración de Ingeniería Básica de la Primera Etapa del Proyecto Transporte de Crudo Pesado de la Cuenca del Marañón por el Oleoducto Nor Peruano”, en el PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR CMA-0002-2010-OLE/PETROPERU. Ubicable en http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/archivos/CMA-002-2010-OLE-IB.pdf

 

[10] Resolución Directoral No 012-2016-OEFA/DF

 

[11]Ibid

 

[12]Ibid.

[13]Revisar por ejemplo, el proyecto que se quedó el proceso para adecuar el ducto, y que se estaba realizando sin consulta http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php.

[14]Tercera Disposición Complementaria DECRETO SUPREMONº 039-2014-EMque aprueba el Reglamento para laProtección Ambiental en las Actividadesde Hidrocarburos

[15] DNUDPI. Art. 11.2.E

[16] Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 200.“…el daño inmaterial que estas alteraciones (producto de actividades externas promovidas y aprobadas por el Estado) causaron en el tejido de la sociedad misma del pueblo Saramaka les daba el derecho de obtener una justa indemnización”.

[17]Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 219.

[18] CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137, Recomendación 6. Ver también: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.

[19]CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 224.

 

source: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/y-despues-de-tanta-contaminacion-lo-minimo-es-consulta-y-participacion/