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Domingo, 19 Noviembre 2017

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“Proceso de cambio”: de la revolución a la encrucijada (Bolivia)

Fuente: Fundación Tierra
Autoría: Gonzalo Colque
Fecha: Martes, 08 Marzo 2016

La aspiración de Evo Morales a un cuarto mandato (2020-2025) fue frenada por apenas 2,6 puntos porcentuales. La encuesta a boca de urna y el conteo rápido habían vaticinado este estrecho margen el mismo día del Referendo pero un Movimiento al Socialismo (MAS) casi desesperado, se resistió a aceptar la derrota y de inmediato volcó su atención hacia el voto rural o campesino, casi siempre subrepresentado en las proyecciones e invariablemente computado al final del recuento oficial. El resultado no se revertiría a su favor.

El MAS tenía sobradas razones para depositar su confianza en el sector pobre y marginado. El campesinado se había convertido en la principal cantera del ‘voto duro’. Sin embargo, si bien en la última elección nacional (2014) el oficialismo conquistó más del 86% del voto rural del departamento de La Paz, en el reciente Referendo el apoyo de este sector se redujo al 72%. Esto es 14 puntos porcentuales. En realidad, el resultado final ya era irreversible desde que el recuento oficial alcanzó el 80% de las actas escrutadas1. La ‘modificación drástica’ anunciada por el vicepresidente Alvaro García no llegaría a materializarse. El campesinado siguió votando mayoritariamente por Evo Morales pero sin la contundencia del pasado.

Aunque la brecha entre el Si y el No es estrecha, tiene enormes implicaciones para el futuro de Bolivia. La gran interrogante es ¿Qué sucederá en adelante? ¿Qué rumbo tomará el “proceso de cambio”? En este breve text, ensayaré una primera aproximación desde la economía y la política.

1. Capitalismo de Estado a la boliviana

En 2006 el gobierno de Evo Morales heredó un aparato estatal desmantelado por las reformas neoliberales que privatizaron la economía y empobrecieron a las grandes mayorías. El nuevo gobierno se propuso la nacionalización de los recursos naturales, la eliminación política de las élites de poder neoliberal y la inclusión de las mayorías indígenas y campesinas. El principal pilar de este proyecto de estatización fue la renegociación de contratos con las transnacionales del sector gasífero para incrementar la participación estatal en el control de la renta. Esta política coincidió con el “superciclo” del precio internacional de materias primas (2003-2013). En su mejor momento, Bolivia llegó a exportar gas a Argentina y Brasil a un precio entre ocho a diez veces mayor con respecto al precio de 2003. El efecto combinado fue enorme. En muy pocos años el tamaño de la economía boliviana se quintuplicó. La presencia del Estado se expandió a casi todas las esferas de la sociedad boliviana. Las inversiones públicas no pararon de crecer, mejoraron las prestaciones de servicios sociales y los sectores pobres se beneficiaron con bonos y transferencias monetarias condicionadas.

El proyecto de estatización se tradujo en el retorno del capitalismo de Estado pero con nuevos rasgos y contradicciones. La nacionalización no desembocó necesariamente en el control y propiedad estatal de los recursos naturales y sectores estratégicos de la economía. Pablo Solón señala que “en términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya que hoy día dos empresas trasnacionales (PETROBRAS y REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia”2. Por su parte, Andrés Soliz Rada hace notar otra inconsistencia en el sector minero que se originaría en un contrato suscrito “para la explotación de San Cristóbal, en Potosí, en el que la japonesa Sumitomo se lleva 1.000 millones de dólares anuales y deja 30 millones al país”3. En el sector de la agroindustria, las transnacionales más importantes del agronegocio global como ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus se instalaron en Santa Cruz sin ninguna interferencia del gobierno para la mercantilización de las tierras fiscales y el control del negocio de la soya transgénica. Es decir, no estamos ante una política heterodoxa de estatización irrestricta sino frente una gran coalición entre Estado y compañías transnacionales con el interés común de extraer las rentas extraordinarias generadas por la explotación de recursos naturales.

Este modelo económico soporta casi cualquier crítica y embate político por su componente social redistributivo. En comparación con el periodo neoliberal, el régimen vigente es socialmente progresista, con un Estado rentista proclive a reparar las deudas sociales e históricas, que promete industrialización, modernización y una economía pos-capitalista. Cualquier cuestionamiento a la creciente dependencia de los altos precios de materias primas –es decir del capital global– es desacreditado desde las esferas del poder político con el argumento de que tal subordinación sería una simple táctica “temporal” para sentar las bases de una nueva economía y sociedad, en referencia a la retórica del “socialismo comunitario” que esgrime el gobierno. La respuesta es la misma si se cuestiona, por ejemplo, las inconsistencias entre los hechos y el discurso de “Madre Tierra”. En esta lógica y argumentación oficialista, la acumulación capitalista por desposesión que se adopta en las ‘periferias’ en realidad sería un proyecto anticapitalista y antiimperialista.

Pero, bajo la superficie de este alegato y de la coalición Estado-capitales transnacionales acecha un problema real que podría socavar el empuje económico logrado durante la última década y echar por la borda el experimento boliviano de un singular capitalismo de Estado. El problema es que el capitalismo de Estado a la boliviana está aún en pañales y ha empezado a perder su coraza protectora: el alto precio internacional del petróleo. Una primera respuesta ensayada desde del gobierno se ha plasmado en la “Agenda Patriótica 2025”. Se propone el salto hacia la industrialización de las materias primas, la conversión de Bolivia en el centro energético de la región y, como una condición política sine qua non, la reelección de Evo Morales. Esgrimiendo estas proposiciones y en una actitud siempre arrogante, nuestros gobernantes vapulean a los partidos de oposición por no tener un plan de igual o similar importancia. Por supuesto que para que esto ocurra, el gobierno tuvo el cuidado de confinar a la oposición política y a cualquier voz disidente a un lugar marginal y decorativo. Tal es así, que la “Agenda Patriótica” no pasó por el tamiz de la crítica. Nadie parece cuestionar la ambigua formulación del plan de industrialización o la baja inviabilidad de la idea de exportar energía eléctrica cuando los países vecinos como Brasil están montando megaproyectos hidroeléctricos en territorios de sus vecinos pobres y en función de intereses geopolíticos propios de cualquier economía emergente que busca la expansión espacial de su capital.

Una primera conclusión provisional es aceptar que en Bolivia se gestó un modelo económico, innegablemente incipiente y con debilidades pero que tiene la cualidad de estar situado en algún punto intermedio entre las tipologías idealizadas de una economía dirigida por el Estado y una abandonada a la anarquía del libre mercado. No hace falta más debate para coincidir con el gobierno en decir que los partidos políticos de oposición no tienen propuestas. Pero tampoco el oficialismo tiene en sus manos la llave maestra, no tanto por falta de propuesta o su dudosa factibilidad, sino por sobreponer sus intereses de poder con el pretext de que el futuro económico depende sin remedio de un régimen de gobierno capturado por un partido político y su líder caudillista.

2. Clase política con intereses propios

El poder político establecido antes de Evo Morales fue desplazado por el MAS y un movimiento político que emergió desde abajo. La irrupción de la nueva fuerza popular-campesina modificó de forma sustancial no solo la estructura del poder sino la composición de la clase política. Proclamó como razón de lucha la liberación del indígena y de los excluidos. Cuando la economía mejoró, comenzó a capitalizarla como capital político. El MAS alcanzó una legitimidad política sin igual. Expandió social y espacialmente su hegemonía y ello acrecentó su capacidad de gobernar. Depuró a los extremistas radicales y librepensantes, por tanto maduró rápidamente la cohesión e ideología interna del partido. La cooptación de movimientos sociales fue resistida en sus inicios pero no por mucho tiempo. De forma gradual, la acumulación de poder y privilegios se convirtió en un fin en sí mismo, en una parte intrínseca del gobierno del MAS, en una política de dominación más allá de la hegemonía.

El proyecto hegemónico del MAS se materializó en una fórmula –polémica pero legalmente válida– que viabilizó tres periodos de mandato seguidos (2006-2009, 2010-2014, 2015-2020). Aunque la pretensión de un cuarto mandato ha sido frenada en urnas, la clase política constituida se resiste a abandonar su proyecto de poder. El presidente Morales no dudó en calificar el Referendo como una “pequeña batalla” perdida pero no la guerra4. Sus seguidores se resisten porque, en su lectura, tan solo es una “derrota táctica” atribuible a estrategias electorales erradas, cierto desgaste político circunstancial o a la consigna de la oposición, ciertamente falaz, de que todo gobierno de izquierda encarna el authoritarismo5. 

A estas alturas la pregunta no es por qué perdió el MAS sino cuál es la causa subyacente para el empecinamiento. La justificación gubernamental apunta a que la correlación de fuerzas políticas y sociales no se revirtió, al igual que la “victoria estratégica” de la revolución. En mayor o menor medida, este argumento es válido pero parcial debido a que la dimensión económica está ausente en el análisis. Si bien este último factor de mayor peso se presenta desde una óptica triunfalista de fondos públicos repletos, se elude la cuestión fundamental de quién o quiénes controlan y deciden el uso y destino de los recursos económicos. Desde esta perspectiva, el nuevo poder económico en manos de la élite gobernante no tiene un peso marginal sino decisivo y directamente dependiente del acceso al aparato estatal. Por tanto, además de defender el capital político hegemonizado, el MAS tiene interés en conservar el poder económico alcanzado. Ambos tipos de poder son mutuamente dependientes y explican la resistencia al resultado del Referendo. 

De aquí deriva una segunda conclusión. El “instrumento político” de las organizaciones sociales que se ha hecho del poder ha comenzado hace tiempo a perseguir fines propios. Un grupo de políticos ‘masistas’ se ha consolidado cual una clase privilegiada con el interés explícito de permanencia en el poder. Los electores al haber negado en urnas esta pretensión de la clase gobernante expresaron que la misma no coincide necesariamente con la voluntad de la mayoría. Es una divergencia en cuanto a pretensiones ‘prorroguistas’ pero no hay razones para inferir sin más que representa también un rechazo mayoritario del modelo económico y, en general, del “proceso de cambio”.

La resistencia provocó críticas que apuntan a que la monopolización del poder estatal, su ejercicio prolongado y la adulación excesiva del caudillo acabaron por transformar a los propios gobernantes. Esta percepción se acentúa en muchos sectores de la población porque el gobierno actual usa hábilmente los medios políticos de coerción, represión y amedrentamiento, arte que puede ser deleznable en términos morales pero que es inherente a todo Estado que busca la dominación. El punto crítico es que la acentuada tendencia al control del poder político por una élite nos acerca a un momento de quiebre en el régimen de gobierno, desde el actual sistema de democracia liberal con algunas ambiguas formas comunitarias hacia un régimen de tipo authoritario y represivo.

3. Encrucijada 

Bolivia tiene mucho que perder si se destruyen o quedan inconclusas las transformaciones de carácter estructural que comenzaron hace una década. El riesgo parece ser inminente ante el agotamiento del “proceso de cambio” como paradigma y visión de futuro a seguir. En términos económicos, el capitalismo de Estado a la boliviana ha caído en contradicciones que minan sus pilares fundamentales. La adopción irrestricta del ‘extractivismo’ se justifica desde el poder con argumentos sin sustento como que la sobreexplotación es una necesidad ‘temporal’ para la economía del futuro. No se pone en balanza, por ejemplo, que el rentismo de alta intensidad encierra dinámicas económicas improductivas que no generan riqueza, al contrario, pueden provocar la enanización de la economía a mediano y largo plazo6.

La nueva clase política tiene sus propias contradicciones. Mientras en el discurso dicotomiza la sociedad entre la ‘genuina izquierda’ cuyo lugar estaría dentro del MAS y la ‘derecha’ inexorablemente fuera, lo cierto es que esta clase política tiene acceso y control sobre la mayor parte de la riqueza. Aunque puede ser cierto que sus miembros no comulguen con posiciones liberales apáticas frente a desigualdades e injusticias sociales, tienen intereses económicos y, en ese sentido, tienen intereses de poder y riqueza propios de la ‘derecha’.

El desafío ineludible es detectar la gravedad del agotamiento del proceso transformador que inició el MAS, antes que la tendencia esté firmemente establecida y antes de traspasar el punto de no retorno. La emergencia de grupos de poder económico y clases medias de la burocracia estatal con capacidad de decisión sobre las inversiones públicas millonarias, de dudosa transparencia administrativa y viabilidad económica, en realidad es una pésima señal que devela la debilidad de los planes de industrialización y expansión del aparato productivo. En otras palabras, la clase política que tomó el poder –en sus inicios sin pretensiones de asaltar las arcas públicas– hoy tiene fines económicos propios que dependen de forma directa del acceso al aparato estatal. Solo así se explica que la retención del poder se haya convertido en el objetivo supremo, por encima de cualquier esfuerzo por encontrar nuevos derroteros para el “proceso de cambio”.

Aquel Octavio Paz revolucionario que escribía para sus lectores de izquierda solía decir que “la derecha no tiene ideas sino intereses”. Sería injusto achacar del todo esta sentencia al MAS y a sus líderes, peor todavía a quienes aportan con el ‘voto duro’. Pero la sentencia es una advertencia severa para la clase política constituida en poder estatal.