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La oposición demora el tratamiento de la ley para limitar la venta de campos a extranjeros

El proyecto de la Presidenta para limitar la compra de tierras a extranjeros sufrió un traspié en el Congreso, ya que la oposición se negó a debatirlo en una sesión compartida entre las comisiones de Agricultura, Legislación General y Asuntos Constitucionales, lo que obligará a tratar el tema en cada comisión por separado, demorando la sanción de la iniciativa.

El proyecto, que el martes 14 fue presentado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en la Cámara baja ante los diputados oficialistas de la Comisión de Legislación General, busca limitar la propiedad de la tierra por parte de extranjeros a un máximo de 1000 hectáreas por persona y poner un tope del 20 por ciento a la superficie de tierras rurales en manos de inversores del exterior.

"Acá no queremos trabar nada, pero no queremos aprobarlo a libro cerrado. Tratarlo en sesión plenaria no nos parece adecuado. Es mejor hacerlo con tiempo, con la posibilidad de plantear modificaciones", dijo el diputado Juan Casañas (ACyS-Tucumán), presidente de la Comisión de Agricultura.

Por su lado, el diputado Christian Gribaudo (Pro-Buenos Aires) sugirió que el proyecto se trate comisión por comisión. "Ese es el camino por el que pasan todos los proyectos. Tratar algo en sesión plenaria sirve para leyes con mucho consenso, que se pueden sancionar rápido. Este proyecto no tiene esas características", dijo.

La diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro-Capital Federal), presidenta de la Comisión de Legislación General, se mostró molesta por la ausencia del resto de las comisiones. "Si se siguen negando a participar plantearé la situación en el recinto para que los obliguen a hacerlo", señaló.

En su presentación, Domínguez explicó que hay 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros, que se debe considerar la tierra "como un recurso estratégico no renovable y no como inversión" y destacó que la normativa no afectará los derechos adquiridos. Por su parte, uno de los autores de la iniciativa, el abogado Eduardo Barcesat, también letrado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, dijo que "hay una urgencia dramática para la sanción del proyecto, para garantizar el correcto acceso a los alimentos y a las tierras de la población local".

 

Foto Télam: El ministro Domínguez, con Pedro Peretti, de la Federación Agraria.  

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