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Los retos ambientales de PPK

Fuente: Servindi
Autoría: José Carlos Díaz Zanelli
Fecha: Martes, 07 Junio 2016

Aunque por el momento la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no da los resultados de la segunda vuelta al 100 por ciento, los conteos rápidos de todas las encuestadoras prácticamente confirmarían a Pedro Pablo Kuczynski como el nuevo presidente del Perú a partir del próximo 28 de julio.

Ante este escenario, cabe reparar en algunos retos que tendrá que afrontar la nueva gestión gubernamental en materia ambiental y de pueblos indígenas. Uno de ellos será, sin duda alguna, implementar adecuadamente la Ley de Consulta Previa, una iniciativa legal creada durante la gestión de Ollanta Humala pero cuya ejecución dejó más de una duda.

Cabe recordar que la Consulta Previa se creó como una iniciativa que buscaba implementar la participación de la población indígena en la licencia de los grandes proyectos de inversión extractiva. Esto, en gran medida, producto de la masacre ocurrida en Bagua en junio del 2009 en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos y que tuvo, entre sus principales involucrados, a Mercedes Araoz, hoy vicepresidenta de Kuczynski.

Fortalecer el Senace

Otra problemática constante que heredará el gobierno de PPK será el debate en relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Como se recuerda a inicios de la gestión de Humala se decretó la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el mismo que recién ha terminado de implementarse durante el último tramo del actual gobierno.

Sin embargo, una de las principales dudas en relación a la labor del Senace es la disponibilidad de recursos con que realizará las evaluaciones de los EIA. Dotar de independencia y recursos a esta institución, sería un buen gesto de compromiso político con el medio ambiente de parte de la futura gestión.

Es necesario recordar que dos de los conflictos socio-ambientales más controversiales de los últimos años, han surgido principalmente a raíz de los cuestionamientos a los EIA de proyectos extractivos. Puntualmente los casos de las minas de Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa).