Perú - Esterilizaciones forzadas: Más de 15 años esperando justicia

Fuente: Servindi
Autoría: Patricia Saavedra
Fecha: Jueves, 09 Junio 2016

Las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) conforman uno de los casos de delitos de lesa humanidad más emblemáticos en el mundo. A casi 20 años de su aplicación, sus víctimas aún aguardan justicia, es decir: su reconocimiento como tales, reparación y, sobre todo, castigo a los responsables intelectuales, quienes hasta la publish_up no llevan proceso judicial alguno.

Justamente, sobre esa larga búsqueda de justicia trata el documental "Esterilizaciones forzadas en Perú: El silencio", que acaba de difundir la cadena televisiva Hispan TV. 

"Festival de ligaduras"

En la sierra de Perú, con ese nombre se le conocía al Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se empezó a ejecutar allá por el año 1996. Según precisa el audiovisual, en solo cuatro años se esterilizó a más de 276.272 mujeres y 22.004 hombres. De ese total de mujeres se sabe que dieciocho mujeres murieron. 

Durante las jornadas el personal itinerante de salud llegaba a las comunidades y convocaba a mujeres y hombres para que se practiquen ligaduras de trompas y vasectomías. Dicho personal estaba “motivado” a cumplir con cuotas mínimas de esterilizaciones para mantener sus puestos. El objetivo del programa eran, sobre todo, mujeres indígenas, pobres y analfabetas. 

Para Julio Arbizu, abogado de las víctimas, no se trataron de hechos aislados como lo han venido diciendo voceros del fujimorismo. Indica así que existió una especie de aparato estatal organizado que tenía como programa específico "esterilizar a mujeres quechuahablantes, pobres y de comunidades indígenas y campesinas, con el fin presunto de combatir la pobreza a través de un mecanismo de control de natalidad". 

Como se aprecia en el documental, ellas denunciaron haber sido obligadas a someterse a la intervención médica mediante mecanismos como el chantaje. Las amenazaban con no inscribir a sus hijos en el registro civil, o les ofrecían incentivos económicos. También les prometían alimentos o medicinas. En los casos más extremos las víctimas acusaron el uso de la fuerza física para llevarlas a los centros de salud.

Testimonios como el de Felicitas Chaca muestran el sufrimiento por las secuelas sicológicas además del impacto físico y social del costo de ser esterilizadas. Ellas quedaron debilitadas en su salud e imposibilitadas para el trabajo del campo. Otras sufrieron el abandono de sus esposos al no poder procrear. Imagen: captura de pantalla

Justicia esquiva

Del total de esterilizaciones practicadas durante el gobierno de Fujimori, se desconoce cuántas fueron realmente consentidas. Si bien se tenía conocimiento de estos casos desde fines de los años noventa, fue recién en los años 2000, 2001, con la caída del régimen, que se iniciaron investigaciones a nivel del Congreso. 

Tras ser archivado y luego reabierto, el caso presenta grandes obstáculos que han frenado su adecuado proceso. Uno de estos obstáculos, advierte uno de los expertos entrevistados, es la ausencia de pruebas, es decir, documentación probatoria de la aplicación del programa de esterilizaciones. Lo que se tiene por el momento son juicios individuales, aislados, que no hacen referencia a que se trató de una política de Estado. 

Se ha hecho difícil llevar adelante las denuncias, ya que “el programa (de esterilizaciones) carecía de los formatos y protocolos regularmente utilizados, teniendo un carácter semiclandestino”, explica en el video la investigadora Alejandra Ballón.

Precisamente, esto habría llevado a que las denuncias e investigaciones abiertas sean abordadas bajo figuras de delitos de menor magnitud, cuyas responsabilidades solo recaen sobre authores materiales, y no sobre los intelectuales. Por estas razones, los casos investigados no logran pasar de la fiscalía a la vía judicial, advierte el video. 

A la publish_up, nuevamente el caso corre peligro de no llegar al Poder Judicial. Para febrero último se esperaba el pronunciamiento de la fiscal Marcelita Gutiérrez, sin embargo una nueva prórroga extiende su pronunciamiento hasta después de las elecciones generales. De ser así, cabe preguntarse si en un eventual gobierno de Keiko Fujimori esta garantizará la imparcialidad de las investigaciones, sabiendo que ella solo reconoce responsabilidades individuales en los médicos y como víctimas a poco más de cien mujeres.  

 

Artículo original disponible en: http://www.servindi.org/actualidad-cronica-noticias-opinion/30/05/2016/esterilizaciones-forzadas-mas-de-15-anos-esperando