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PPK hereda daño petrolero y compromisos incumplidos de Ollanta (Perú)

Fuente: Servindi
Autoría: Renato Pita Zilbert
Fecha: Lunes, 25 Julio 2016

El gobierno de Ollanta Humala concluye su periodo y el caso de las cuatro cuencas continúa sin atenderse con decisión y eficacia. Los compromisos asumidos por el Estado y suscritos en actas con las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP, ACODECOSPAT y OPIKAFPE, no avanzan o avanzan lentitud y desigualdad. Es al menos lo que se percibió el pasado 14 de julio en Iquitos, durante la evaluación de cumplimientos entre los indígenas y funcionarios públicos.

Por otro lado, el pasado 18 de julio los presidentes de tres de las federaciones de este proceso, Carlos Sandi, Aurelio Chino y Alfonso López, tuvieron una breve reunión con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y el próximo ministro de cultura Jorge Nieto.

En esa reunión los apus expresaron preocupación por el cumplimiento de acuerdos pendientes y el respeto a la consulta previa y a los territorios indígenas, temas donde el candidato PPK no se mostró favorable.

Las próximas authoridades indicaron que mantendrán el diálogo con las organizaciones indígenas y que el derecho a la consulta previa y los territorios serán respetados. Los apus entregaron un documento con los principales puntos pendientes de la agenda de las cuatro cuencas e hicieron un breve balance del proceso.

Actas: Evaluación marzo 2015 - julio 2016

La reunión de evaluación en Iquitos duró más de seis horas. En esta funcionarios e indígenas intercambiaron y debatieron perspectivas y la valoración del trabajo. Liderada por el ministro de Vivienda, Francisco Dumler, esta fue la primera sesión del Grupo de Trabajo multisectorial para el seguimiento de acuerdos, aunque este grupo se formó entre controversias el pasado abril.

Los informes demostraron que el Ministerio de Vivienda es quien ha cumplido con mayor eficacia lo comprometido, con 65 plantas de tratamiento de agua instaladas en comunidades, y 65 adicionales en proceso de implementación, aunque presas en la lentitud de la burocracia.

La titulación de comunidades a cargo del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) está retrasada respecto al cronograma establecido, pero avanza. La principal traba aquí es que aún se pretende titular comunidades excluyendo zonas petroleras, pese a que estos territorios indígenas son ancestrales y distintos instrumentos legales amparan este derecho. El GOREL debe resolver de una vez esta situación que, según su asesoría legal, ve controversial; aunque según especialistas, no lo es.

La authoridad regional advirtió además la necesidad de aumentar en 1 millón y medio de soles el fondo para la titulación de comunidades, el cual reúne actualmente 3 millones. Esta solicitud se hizo explícita ante el ministro de Vivienda.

Sin embargo las federaciones se mostraron muy preocupadas por las trabas, letargo y poca transparencia en sectores clave como Salud y Ambiente, ambos fundamentales e inseparables para mejorar la calidad de vida en los territorios indígena.

Un ambiente incierto

Uno de los compromisos más urgentes de atención está paralizado. Luego del cumplimiento de algunos compromisos, la remediación de los territorios contaminados de los lotes 1AB y 8, está sometida a la burocracia y a limitaciones del propio Estado.

El problema se encuentra en el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley 30321)  de 50 millones de soles. Si bien este monto es inicial, y su aumento está comprometido, resulta ínfimo para atender la magnitud del problema de contaminación petrolera en los territorios indígenas de las cuatro cuencas.

El informe técnico “Casos de Estudio para Costos de Remediación Ambiental en Zonas Petroleras” de la ONG especializada ETECH International, estima que un proceso adecuado de remediación en la zona, costaría al rededor de mil millones de dólares. Es decir, el fondo actual sólo representa un 0.000005 por ciento del monto calculado. ¿El Estado cuenta con este dinero para la remediación?

Sin embargo, lo insólito es que hasta hoy esos 50 millones de soles no tienen una reglamentación para su uso. La ley que crea el fondo fue aprobada en mayo de 2015. A más de un año de esa publish_up, recién existe un borrador avanzado de reglamento.

El sector responsable de la aprobación final es Energía y Minas; sin embargo sorprende el rol cumplido por el Ministerio del Ambiente, quien ha demorado cerca de tres meses en hacer observaciones al borrador inicial.

En la última reunión el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a publicar el proyecto de reglamento antes del cambio de gobierno. Quedará de las próximas authoridades la aprobación final del mismo y pronunciarse sobre el aumento del fondo semilla.

Avances y retrocesos de salud

El estudio toxicológico y epidemiológico está en plena ejecución. Es un proceso complejo y largo, que inició a principios de año y concluiría en febrero de 2017; aún se encuentran en la etapa de toma de muestras. Desde un inicio las federaciones lucharon por asegurar la participación de especialistas internacionales y acompañamiento permanente, lo cual se ha cumplido.

El problema radica en el segundo acuerdo con el sector, un Plan de Salud de 10 millones de soles destinado a la atención en las comunidades. Si bien hubo una planificación donde estuvieron el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y las federaciones indígenas, la ejecución del plan a cargo de DIRESA es un misterio para las comunidades.

A pesar de ello, en la reunión del 14/7, la Unidad Ejecutora de la DIRESA expuso una sustentación más que optimista del acuerdo. Evidentemente, la DIRESA fue cuestionada por los presidentes de las federaciones, quienes calificaron como burla y engaño la gestión del fondo.

La credibilidad de la exposición se vio agravada cuando las federaciones FECONACO, FEDIQUEP, OPIKAFPE y ACODECOSPAT informaron que han solicitado información sobre el uso del fondo de 10 millones de soles desde el mes de abril, sin tener respuesta. Asimismo, DIRESA se ha negado a reunirse con las federaciones a pesar de pactarse una reunión para mayo que el ente regional suspendió.

Otro aspecto negativo en la implementación de este acuerdo se vincula a la participación de las federaciones durante la ejecución de los fondos, la cual no se ha realizado ni promovido.

Los apus denuncian que las recientes emergencias y muertes por malarias u otras enfermedades prevenibles, las postas desabastecidas y el personal médico insuficiente, continúan siendo el pan de cada día en comunidades de donde se ha extraído millones de dólares en petróleo para el país.

En la reunión, las federaciones han solicitado que para el 2017 se aseguren fondos especiales para la implementación de este acuerdo aún pendiente; solicitud hecha en mayo, según consta en una carta remitida al presidente Humala.

Asimismo, existen otros compromisos cumplidos e incumplidos, ejecutados con satisfacción o no. Es el caso de talleres de capacitación para vigilancia ambiental, las acciones del OEFA de monitoreo, la implementación de proyectos productivos, entre otros.

Bye bye Ollanta Humala, hello Kucszynski

El diálogo iniciado por las federaciones indígenas de las cuatros cuencas inició en los albores del gobierno Ollanta Humala, en el segundo semestre de 2011. Respecto a otros gobiernos se ha demostrado avances significativos en materia de reconocimiento e identificación de un problema histórico, de magnitudes gigantescas y difícil tratamiento.

Sin embargo, al momento de tomar decisiones y definir las soluciones, las authoridades públicas se han mostrado limitadas y deficientes, la normativa se evidenció vacía, imprecisa, vieja y sin vínculo con la realidad. En este proceso de diálogo el Estado mostró su rostro más monocultural, y a su vez las precarias herramientas interculturales que posee.

Asimismo, el Viceministerio de Intercultiralidad y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en muchos casos generaron más controversia y provocación en lugar de facilitar el diálogo, como lo han denunciado los apus.

También se evidenció que la actual concepción que tiene el Estado de desarrollo, sostenido en el extractivismo, atentó y atenta contra derechos fundamentales y contra la vida misma. En el futuro no se puede dar la espalda a este problema.

Las comunidades indígenas y sus federaciones han atravesado un proceso perverso, impune y ajeno al dolor. Pero a su vez aprendieron que en ese Estado duro también surgen voluntades que desde sus propios valores hicieron sinceros esfuerzos para que el proceso avance.

Queda pendiente la atención rápida, efectiva y pertinente de este problema socioambiental crítico desde hace casi 50 años, lo cual está lejos de la burocracia, el papeleo y la retórica. La efectividad y el real avance que viabilicen soluciones, se miden en las comunidades, en los indicadores de salud de las personas, en las garantías a la vida sana y digna, en el estricto respeto de los derechos, los proyectos de vida y las esperanzas de los pueblos indígenas quechua, kichwas, kukamas y achuares de las cuatro cuencas.

El diálogo entre el Estado y estos pueblos indígenas se abrió por iniciativa de los indígenas, son ellos quienes le enseñaron al Estado a dialogar desde la interculturalidad y la buena fe. Ahora sólo siguen exigiendo lo que les convocó: Respeto, dignidad, vida plena y buen vivir.