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ODS 6, discusión de los ODS en clave rural y en el ámbito de Bolivia: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Fuente: IPDRS
Autoría: Alex Silvetty Mamani
Fecha: Miércoles, 11 Enero 2017

ODS 6, discusión de los ODS en clave rural y en el ámbito de Bolivia: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

 

 

SILVETTY MAMANI, Alex Vladimir

(CIDES – UMSA. Maestría en Desarrollo Rural Sostenible 2016 – 2017)

 

 

Introducción.-

El agua potable es un recurso vital para el ser humano por lo que  el derecho al agua y al saneamiento forman parte integrante de los derechos humanos, oficialmente reconocidos por diferentes organizaciones multilaterales.

Actualmente la escasez de agua en el mundo es un hecho, si bien el agua dulce es considerada como el recurso natural más importante habrá que tomar en cuenta que la escasez del agua no solo se debe a factores técnicos o naturales, sino que está estrechamente relacionada a un contexto político y social, donde son fundamentales las relaciones sociales, las imposiciones económicas  y las estructuras de poder  que dan forma al uso de los recursos.

En Bolivia el 60% de la población en el área rural no cuenta con el servicio de agua potable ni saneamiento, motivo por el cual las personas contraen enfermedades por el consumo directo o por el consumo de productos que han sido tratados con aguas  contaminadas, sea en el uso doméstico, productivo o industrial.

En el contexto boliviano, a lo largo de los años, el control del uso de agua se caracterizó por la administración del Estado con alcance citadino y rural que, en la etapa neoliberal, termina acaparado por empresas privadas  y cooperativas públicas que estaban lejos de comprender el acceso imprescindible de las familias. Entonces se comienza a considerar al agua como un elemento de negocio y mercado. En los últimos años la constitucionalización de los derechos al agua han revertido esta tendencia, en la actualidad predominan las cooperativas en oriente y las empresas públicas en occidente.

En este contexto, el presente trabajo se basa sobre los objetivos planteados por las Naciones Unidas específicamente en el objetivo 6 cuyo enclave es ¨Garantizar la disponibilidad de agua gestión sostenible y el saneamiento para todos¨. En cuanto a las metas y la pertinencia para nuestro contexto boliviano y en particular el ámbito  rural, destacamos la primera meta: ¨Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos¨ pues es un planteamiento por demás importante en el acceso equitativo de este recurso, ya que el acceso al agua potable es aún insuficiente  en nuestro medio rural.

 De igual forma, la meta 6 ¨Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento¨ es una meta por demás interesante teniendo en cuenta las dinámicas de la organización sociopolíticas basadas en asambleas y cargos en rotación en el control y uso de los recursos.

Por otro lado la meta 4 ¨Para el 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y lagos¨ es una meta relacionada con la aplicación de políticas públicas en cuanto a la contaminación ambiental, que es latente en nuestro país, por las industrias mineras, hidrocarburíferas, y por los desechos industriales y agroquímicos que se generan. Esto en tanto la aplicación de las medidas  de control y sanción está puesta en duda.

Datos actualidad.-

En cuanto a los datos de cobertura de agua potable, se estima que el 70% de la población total cuenta con agua potable, sin embargo un  30% es decir tres millones de habitantes que se encuentran en el área rural no cuentan con este servicio, así mismo habrá que notar que estos datos son generales y no especifican el origen de las fuentes de abastecimiento y su tratamiento.

En cuanto a la contaminación de las aguas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela, con datos recogidos del último censo Agropecuario, que un 39.9% del agua que abastece a las comunidades rurales del país está afectada por la contaminación de la minería, la exploración y producción de hidrocarburos, desechos líquidos y solidos de los poblados e industrias y el uso descontrolado de agroquímicos en la agricultura.

Legislación e institucionalidad de referencia.-

La problemática del uso y acceso al agua ha llevado a la elaboración de una serie de políticas.

En este contexto, la Nueva Constitución Política del Estado (2008) reconoce al agua como un derecho en el parágrafo I del Artículo16: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.”

Asimismo la Agenda Patriótica 2025 entre sus pilares destaca que: ¨La socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía¨ cuya meta está en lograr la cobertura del 100%  de agua potable, y alcantarillado sanitario.

 

La ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en el artículo 27 (AGUA) establece las bases del desarrollo integral en agua. En ello se incide en una amplia gama de normativas, entre ellos destacamos para nuestros objetivos:

 

  1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

 

  1. Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del agua según corresponda, debe implementar, entre otros, dinámicas extractivas y de transformación adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de tratamiento que minimicen los efectos de la contaminación, así como la regulación de la descarga de desechos tóxicos a las fuentes de agua. Los pequeños productores mineros, cooperativas mineras y empresas comunitarias, desarrollarán estas acciones conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

  1. El agua en todos su ciclos hídricos y estados, superficiales y subterráneos, así como sus servicios, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni ser mercantilizados. El acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencia, registros y autorizaciones conforme a Ley del Agua específica.

 

  1. Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para la vida.

 

La responsabilidad para el sector de agua y saneamiento recae en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con tres Viceministerios:

 

  • Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.
  • Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiv. C. Climáticos y de Gest. Y Des. Forestal
  • Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

En el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas existe una  Unidad Ejecutora (EMAGUA), creada en 2009 con la responsabilidad de la ejecución de todas las inversiones en los sectores a cargo del Ministerio.

Así también un Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB), actualizado en 2011 hasta 2015. El Plan enfatiza el derecho humano al agua y la participación social.

Y finalmente un Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), una .”instancia de diálogo, concertación, coordinación y de gestión participativa social, con las organizaciones sociales y económicas”.

Si bien Bolivia el 2012 cumplió con la Meta del Milenio, planificada al 2015, de dar cobertura de agua potable al 78% de la población, principalmente a través del programa MIAGUA el porcentaje restante no logra acceder a este servicio. Lo cual significa que aún tres millones de personas en el sector rural no acceden al servicio de agua potable y saneamiento básico, cuyas consecuencias son principalmente enfermedades diarreicas. Asimismo la contaminación del agua en el área rural alcanza un 40%, esto según el INE.

Propuesta de indicadores para Bolivia.-

Planteamos tres indicadores pertinentes al contexto y en relación a las políticas públicas y las dinámicas sociopolíticas de las organizaciones campesinas indígenas.

Primer indicador: un 100% de las familias que viven en el área rural cuentan con servicio de agua por cañería y practican sistemas de potabilización.

Segundo indicador: todas las comunidades cuentan con acuerdos y prácticas para proteger y restablecer los sistemas relacionados a la cosecha de agua en sus territorios.

Tercer indicador: el 100 % de las familias del área rural cuentan con sistemas de selección de aguas utilizadas para su reutilización significativa en  la agricultura y la pecuaria.

 Recomendaciones de línea de acción.-

Meta 1.- ¨2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

Para cumplir esta meta es de vital importancia sostener el acceso al agua como un derecho humano, como un bien escaso, y que no puede estar sujeto a la mercantilización.

Es necesaria la gestión y administración comunal e institucional del agua en coordinación y manejo integral.

Para lograr el uso eficiente de este recurso es necesaria  la concientización a través de talleres, cursos y asambleas.

Y finalmente cabe destacar la importancia de la revalorización de los saberes locales en cuanto a la gestión del agua.

Meta 6.2 ¨De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial¨.

Para el cumplimiento de esta meta, son ineludibles las políticas de protección de las fuentes de agua y evitar su sobrexplotación.

Asimismo el control periódico de las exploraciones y explotaciones mineras e hidrocarburíferas y el uso descontrolado de agroquímicos y desechos industriales debe realizarse en coordinación con las entidades públicas, privadas y comunales.

En cuanto a las normativas para esta meta se debe tomar en cuenta la aplicación de la ley de consulta previa y la  reestructuración de la ley de deslinde jurisdiccional, pues esta no tiene competencia en contravenciones agroambientales.

Bibliografía.-
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
2015                Censo de Población y Vivienda 2012 Bolivia. La Paz
 
BOLIVIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
2015                Programa ¨MIAGUA¨. La Paz. Viceministerio de Agua y Servicio Básico.
 
BOLIVIA. LEYES, DECRETOS, ETC.
2012                Ley 300 de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien. La Paz:                           Vicepresidencia del Estado.
 
BOLIVIA. LEYES, DECRETOS, ETC.
2014                Decreto Supremo  Nº 29894, de 7 de febrero de 2009. La Paz: Ministerio de                    Autonomías.
 
BOLIVIA. CONGRESO NACIONAL. ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
2008                Nueva Constitución Política del Estado. La Paz: Ministerio de Defensa.
 
PERÚ. MINISTERIO DEL AMBIENTE
2016                Objetivos de Desarrollo Sostenible e Indicadores / Ministerio del Ambiente.                      Lima: Dirección General de Investigación e Información Ambiental.