A través de un comunicado la CIDOB manifestó que "el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley Transitoria Electoral, que no fue consultada con los pueblos indígenas ni con otros sectores sociales de esta región del país".

Pedro Nuni, vicepresidente de la CIDOB agregó que los abogados del Ministerio de Defensa Legal habían trabajado un proyecto de ley distinto para presentar al Congreso de forma unilateral. "Con esta opción no hay forma de garantizar nuestra presencia y denunciamos que estas autoridades actuaron de mala fe", dijo.

El comunicado afirma que en ese contexto, el 12 de Febrero, la CIDOB, ha planteado al Parlamento Nacional y el país una propuesta de Ley Transitoria Electoral, la misma que se ha construido de manera consensuada, desde sus realidades y tomando en cuenta los nuevos derechos y garantías que establece la Nueva Constitución Política del Estado".

La iniciativa legislativa surgió por organizaciones que consideran insuficientes los 15 escaños asignados por la propuesta gubernamental de los pueblos indígenas. Algunos dirigentes opinan que cada pueblo debería tener al menos un representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a conformarse en los comicios del 6 de diciembre próximo.

Reacciones inmediatas

Tras los hechos, Adolfo Chávez, presidente de CIDOB viajó a La Paz para presentar el proyecto de ley de la confederación. "El Ejecutivo se ha lanzado sólo, dejando de lado la propuesta de la CIDOB. Por eso hemos decidido presentar otro proyecto de ley asumiendo el derecho democrático. Nosotros pedimos 18 escaños considerando la participación de los hermanos del occidente".

El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), dijo que para elaborar este proyecto de ley "no fuimos convocados. Es una propuesta sin consenso que salió de algún ministerio. Siempre hemos coordinado con el hermano Presidente, pero ahora no nos dijo nada,

Según Javier Aramayo Caballero, integrante del equipo de Investigación del CEJIS, la medida responde a "una amenaza que existe fundamentalmente desde las prefecturas del Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, que han otorgado personería jurídica a organizaciones indígenas paralelas obedientes a intereses de grupos de poder económico."

Actualmente el proyecto del Gobierno y el de la CIDOB se encuentran en la Comisión de Constitución del Congreso. Para Iván Bascopé, responsable de la oficina del Centro de Estudios Jurídico e Investigación Social (CEJIS) de La Paz, "el proyecto de la CIDOB tiene un nivel superior de coherencia con la nueva Constitución".

Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, sostuvo que la cantidad de escaños " Las observaciones que presentó la CIDOB pueden ser consideradas en el Congreso sobre la base del proyecto presentado por el Gobierno".

Sobre el reclamo de las organizaciones, Arce Zaconeta afirmó que "es un tema trabajable. No hay divergencias, lamento mucho algunas declaraciones desaprensivas de algunos dirigentes indígenas que no están bien asesorados".

Al respecto, Javier Aramayo afirma que dichas declaraciones son subjetivas. "Tendríamos que debatir en público las propuestas de ley. Y se comprobaría que el proyecto de la CIDOB tiene un nivel superior de coherencia con la nueva Constitución Política del Estado. El Gobierno ha omitido un acuerdo con las organizaciones indígenas. Ahora, los pueblos indígenas están en todo su derecho de plantear una propuesta desde su visión" afirmó.