Tras 4 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la devolución de territorios para los indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, el Estado Paraguayo aún no ha cumplido.

“La lamentable situación de las comunidades Yakye y Sawhoyamaxa, refleja la de otras comunidades indígenas de diferentes partes del país”, manifestaron representantes de Amnistía Internacional.

“Es necesario que amplias reformas de alcance nacional sean urgentemente realizadas, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que beneficien a todos los pueblos indígenas del Paraguay” agregaron.

La sentencia de la CIDH había determinado que el Estado proporcione los servicios básicos a las comunidades.

Pese a ello, se registraron más de 27 casos de muertes por enfermedades por falta de atención médica. En los últimos cuatro meses, 6 indígenas Sawhoyamaxa -cuatro menores de edad-, murieron por diarrea y vómitos.

En noviembre de 2008, el presidente Fernando Lugo presentó un proyecto de ley donde declaraba “de utilidad social” 15.963 hectáreas de tierras reclamadas por la comunidad.

La iniciativa legislativa también ordenaba la expropiación de los propietarios para que luego sean entregados a los Yakye Axa. Sin embargo, el proyecto quedó en ser analizado por el Congreso en marzo de 2009.

Se estiman la existencia de 108.600 indígenas en el Paraguay, que significa 1,7% de la población.

La Constitución del Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus tierras comunales y exige que el Estado las proporcione legalizadas sin costo alguno.Servindi, 2 de abril, 2009.- Tras 4 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la devolución de territorios para los indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, el Estado Paraguayo aún no ha cumplido.

“La lamentable situación de las comunidades Yakye y Sawhoyamaxa, refleja la de otras comunidades indígenas de diferentes partes del país”, manifestaron representantes de Amnistía Internacional.

“Es necesario que amplias reformas de alcance nacional sean urgentemente realizadas, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que beneficien a todos los pueblos indígenas del Paraguay” agregaron.

La sentencia de la CIDH había determinado que el Estado proporcione los servicios básicos a las comunidades.

Pese a ello, se registraron más de 27 casos de muertes por enfermedades por falta de atención médica. En los últimos cuatro meses, 6 indígenas Sawhoyamaxa -cuatro menores de edad-, murieron por diarrea y vómitos.

En noviembre de 2008, el presidente Fernando Lugo presentó un proyecto de ley donde declaraba “de utilidad social” 15.963 hectáreas de tierras reclamadas por la comunidad.

La iniciativa legislativa también ordenaba la expropiación de los propietarios para que luego sean entregados a los Yakye Axa. Sin embargo, el proyecto quedó en ser analizado por el Congreso en marzo de 2009.

Se estiman la existencia de 108.600 indígenas en el Paraguay, que significa 1,7% de la población.

La Constitución del Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus tierras comunales y exige que el Estado las proporcione legalizadas sin costo alguno.