Los representantes de organizaciones y de movimientos sociales de América Latina y del Caribe, reunidos en la Cumbre de los Pueblos del Sur, del 12 al 15 de diciembre de 2008, en Salvador, Bahía, reafirmaron su lucha para construir una integración a partir de los pueblos y para avanzar en la disputa por la profunda transformación del actual modelo productivo en una perspectiva soberana, sustentable y justa.
La Declaración de Bahía, elaborada en un momento histórico en el que se realizan cinco cumbres en forma simultánea, de presidentes del Mercosur, de Unasur, de la Aladi, del Grupo de Río y de América Latina y el Caribe en la capital bahiana, expresa el punto de vista de los movimientos sociales sobre las crisis actuales: energética, alimentaria, climática, social, económica, financiera. En 16 puntos, los pueblos proponen sus alternativas para esas crisis.

"Consideramos que la solución para la crisis económica global debe tener como respuesta estratégica la integración soberana de los países de la región y la construcción de un nuevo orden internacional económico, financiero, basado en la solidaridad, en la justicia y en el respeto de la naturaleza, que valorice el trabajo y que incentive el derecho al desarrollo sustentable de los Países del Sur", se afirma en el documento.

Los pueblos ven con satisfacción el surgimiento de algunas características en la región, como el estímulo de la autonomía, el fortalecimiento de los mercados internos, el abandono del dólar como valor referente en los intercambios internacionales, cuestionamientos sobre la deuda externa, fortalecimiento de la democracia y de la autodeterminación, además de la no ingerencia en los asuntos de otros estados y la búsqueda de una relación respetuosa y fraterna entre las naciones.

Sin embargo, critican el mantenimiento de las políticas de libre comercio, que según ellos, constituyen un obstáculo para la integración de los pueblos, la justicia social, la soberanía y la democracia. También se posicionan en contra de cualquier esfuerzo por reiniciar las negociaciones de liberalización en la OMC, pues consideran que ello contribuirá a mantener el injusto orden internacional, profundizando la crisis alimentaria y climática.
 
Entre las alternativas propuestas se encuentra la realización de un proceso de integración ligado al cambio del modo de producción, asegurando la soberanía alimentaria, que solamente podrá ser alcanzado con la profundización de la reforma agraria. "La integración debe  incluir también la complementariedad de las economías y el fomento de la producción sustentable", se resalta en el documento. Exigen además que el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas sean cumplidos

Para los representantes de movimientos sociales, los gobiernos de la región deben buscar soluciones dentro de marcos de justicia y solidaridad en los conflictos sobre bienes naturales y fuentes energéticas, como es el caso de la renegociación de los tratados de Itaipú y Yaciretá. En relación con los migrantes, sostienen que se debe garantizar la libre circulación de personas y no solamente el flujo de capital y de mercaderías. Por eso, piden la ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 

En la declaración, las organizaciones también denuncian la criminalización de las mujeres en su lucha por autonomía y por el derecho de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la lucha por la legalización del aborto. Exigen el fin de la criminalización de los movimientos sociales en la región. Reivindican también que los medicamentos y la propiedad intelectual no sean incluidos en la agenda de la OMC, por considerar que el  acceso a la salud pública de calidad es un derecho de todos y de todas.

 Para ver la Declaración: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36550