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La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se realizará en Lima, Perú, el próximo 30 de noviembre, centrará su debate en la aprobación de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación entre los Estados parte, cuyo fin es crear condiciones de confianza recíproca en situaciones de conflicto y en materia de defensa regional.

Así lo destacó el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, una vez culminada la sesión 89 del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno de este país, actual presiden pro témpore del organismo.

En ese sentido, aseguró que desde ya están coordinando la realización de la Cumbre, así como la documentación y los temas que se discutirán en esta importante cita, entre los que destacó dos en particular: la relación entre democracia e integración; y entre democracia e inclusión social.



En relación al Protocolo mencionado, resaltó que servirá para la desactivación de campos minados, que avanza en las fronteras de Perú con Chile y Ecuador, y la erradicación de las minas antipersonales.

Asimismo, la iniciativa busca limitar los gastos en armamento y mejorar el uso de los recursos de las naciones del área, en beneficio del desarrollo económico y social.

El Canciller peruano respaldó las declaraciones ofrecidas por los ministros de Defensa de Perú, Pedro Cateriano, y Chile, Andrés Allamand, quienes ratificaron el compromiso de sus países de acatar el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya, sobre un diferendo bilateral de límites marítimos.

Agregó que la semana pasada se reunió en París, Francia, con los abogados peruanos encargados de la defensa nacional en este caso de diferendo marítimo con Chile.

“Ha sido una reunión positiva, avanzamos mucho en la argumentación peruana y queremos tener un clima lo más civilizado posible”, expresó.

La cita regional aspira reunir a los presidentes y jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Guyana y Surinam.

En el caso de Paraguay, esta nación está suspendida del bloque luego de la destitución, en junio pasado, del presidente democrático y constitucional Fernando Lugo, en una acción parlamentaria calificada como un golpe de Estado institucional por la mayoría de los países de la región.

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