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La matanza de Curuguaty costó la vida a 17 personas y un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Además, está suponiendo la criminalización de campesinos y organizaciones y la consolidación del modelo de agronegocio que necesita acumular tierras sin gente. El actual gobierno y la justicia juegan a favor de un bando… y éste no es el campesino.

“Qué pasó en Curuguaty” es ya la fórmula establecida por la sociedad paraguaya para raclamar el esclarecimiento de una matanza que provocó la crisis política más importante de los últimos 20 años de Paraguay que costó 17 muertos y la caída de un gobierno legítimo. Es el hecho con mayor número de víctimas en la lucha por la tierra durante el período democrático.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el territorio de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes con el resultado de 11 campesinos y 7 agentes de policía muertos, así como un número indeterminado de heridos por armas de fuego. Estos acontecimientos provocaron el golpe de estado parlamentario que terminó con la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, en un juicio que duró alrededor de 24 horas. Desde entonces, asumió el cargo el ex vicepresidente Federico Franco y se consumó la ruptura del orden democrático.

En la sucesión de hechos ocurridos desde la matanza, no podemos olvidar la criminalización de los supervivientes, la parcialidad de las investigaciones o el asesinato el pasado 2 de diciembre a manos de sicarios del campesino Vidal Vega, un testigo importante en el esclarecimiento de la masacre. Esta es la historia de la impunidad al servicio del (agro) negocio.

El contexto agrario en Paraguay

La injusta distribución de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. El principal medio de producción del país está concentrado en manos de una oligarquía terrateniente, de forma que casi el 90% de la tierra está en manos del 2% de la población. De hecho, según el informe de la International Land Coalition de 2011, Paraguay es el país con mayor concentración de la propiedad agraria de toda América Latina, seguido por Brasil, Uruguay y Panamá.

Esta concentración de la tierra ha derivado en una constante conflictividad social que se traduce en ocupaciones, cortes de ruta y movilizaciones por parte de campesinos sin tierras, como formas de lucha para obtener un pedazo de tierra en el cual vivir y ejercer sus derechos. La respuesta por parte del Estado es la persecución, la criminalización de la protesta campesina, la imputación y la prisión.

Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido.

(Por: Irene Ayuso Morillo)

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