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Un juez beniano ratificó ayer los mandamientos de aprehensión emitidos en contra de los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, y determinó que los tres líderes serán sometidos a la justicia ordinaria y no a la justicia comunitaria. La medida fue adoptada tras la denuncia del dirigente Gumercindo Pradel, quien recibió “azotes” como castigo de las autoridades del Tipnis.

Ante la posible ejecución de la orden de detención por la Policía, expedida el miércoles pasado por un fiscal, pobladores del Tipnis se declararon en emergencia y se mantienen en vigilia en su sede en Trinidad, donde se encuentran los tres dirigentes.

Asimismo, el Comité Cívico de Beni y activistas ambientales advirtieron con medidas de presión, paro cívico y huelga de hambre, si se ejecuta la detención.

Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Tipnis; Adolfo Chávez, de la Cidob, y Pedro Nuni, asambleísta disidente del MAS, no se presentaron a declarar el miércoles a la Fiscalía para responder a la denuncia de Pradel, pero previamente plantearon la declinatoria de competencia de la justicia ordinaria para conocer el caso del dirigente del Conisur, por tratarse de un caso que corresponde a la justicia comunitaria.

Chávez y Vargas pidieron ayer a las autoridades del Ministerio Público hacer prevalecer la independencia de la justicia comunitaria, ante la injerencia e intromisión de la justicia ordinaria.

Pradel, cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur), denunció a Chávez, Vargas y Nuni por tentativa de homicidio por los sucesos acontecidos en la comunidad de San Pablo del Isiboro, cuando recibió azotes durante un encuentro de dirigentes.

Los dirigentes indígenas denunciados señalan que la justicia ordinaria nada tiene que ver en ese hecho en el que se empleó la jurisdicción indígena originaria campesina para proceder a castigar a Pradel, a quien acusaron por proclamarse dirigente del Tipnis sin respaldo de las comunidades.

“Los fiscales deben respetar el orden jerárquico en materia penal o la estructura jurídica y en ese orden corresponde dejar en suspenso esta cuestión (órdenes de aprehensión)”, dijo Chávez desde Trinidad, al pedir que sea una autoridad competente, el Tribunal Constitucional, que resuelva este conflicto jurisdiccional y no un juez o fiscal.

A su turno, Vargas señaló que los indígenas “tenemos fe todavía de que las autoridades y el Ministerio Público no se dejen arrastrar por el poder y por el dominio político del poder Ejecutivo”.

Señaló que es hora de que el pueblo boliviano pueda “levantarse para exigir y hablar de que este Gobierno tiene que respetar la Constitución”.

Respaldo del fiscal

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ratificó ayer la decisión del juez, que denegó el pedido de los indígenas porque la denuncia ya estaba en investigación de la Fiscalía, y la vigencia de la orden de detención expedida por la Fiscalía de Beni.

“Es un caso de agresiones que hubo en ese departamento, Beni. Son normas que están enmarcadas en el procedimiento.

Cuando se cita a una persona y no se presenta en una primera y segunda oportunidad, se establece lo determinado” que es el mandamiento de aprehensión,  argumentó Guerrero a medios locales.

Agregó que lo que está haciendo la Fiscalía es cumplir el procedimiento estrictamente, para que asuman su defensa, y ratificó la legalidad de la orden de aprehensión emitida contra los tres dirigentes que lideraron la marcha indígena en rechazo a la construcción de la carretera a través del Tipnis.

Critican actuación de jueces

La justicia ordinaria en general está ya desprestigiada por su manejo político, en el caso de la justicia comunitaria se la reconoce cuando les conviene y la desconocen cuando no, ha quedado en el papel, manifestó ayer el exvicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas.

La exautoridad indígena, que fue víctima de la supuesta aplicación de la justicia comunitaria cuando por incitación de un dirigente fue ocupada su propiedad en su comunidad y su familia echada de ella, lamentó el manejo político de la justicia y la dependencia de jueces y fiscales del poder político.

Dijo que el caso del dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel, corresponde claramente a la justicia comunitaria, porque el castigo que se le dio está dentro de los usos y costumbres de las comunidades y el hecho se registró en el territorio indígena.

Tres fiscales

La fiscal de distrito de Beni, Vilma Luz Blaz, informó ayer que el Ministerio Público conformó una comisión de tres fiscales para esclarecer los actos de violencia acontecidos en la comunidad de San Pablo, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Para lograr una investigación más objetiva, la comisión de fiscales se está trasladando al lugar donde se realizarán entrevistas, investigaciones y se efectuará todo cuanto actuado procesal del hecho”, indicó.

Blaz dijo que los dirigentes Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas no se presentaron a la audiencia que estaba fijada para el pasado miércoles, razón por la cual se expidió el mandamiento de aprehensión.

Recordó que esas personas están acusadas por tentativa de homicidio, por la golpiza al dirigente Pradel.

Defensor pide respetar justicia indígena

La Defensoría del Pueblo pide respetar la justicia originaria aplicada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el caso del dirigente indígena cocalero del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del área protegida, Gumercindo Pradel, por ser constitucional.

“Consideramos que, como sociedad y como Estado, debemos ser consecuentes y obedientes con los principios que establece la Constitución Política del Estado (CPE), y que son una decisión del pueblo, especialmente en el tema del respeto, la defensa y la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios, evitando su interpretación en base a criterios coyunturales o políticos o su adaptación a criterios que buscan menoscabarlos o ignorarlos”, se lee en un comunicado de prensa.

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