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El fiscal viola la presunción de inocencia, la cual está garantizada por la Constitución. Audiencia del caso Curuguaty continúa mañana (hoy) con presentación de pruebas a las que la defensa no tuvo acceso. Denuncian represión contra campesinos que acampan en .

El fiscal Jalil Rachid terminó de responder hoy los distintos incidentes presentados por la defensa. Los abogados defensores dicen que elaboraron su defensa en función a las pruebas individualizadas y cuestionan que mañana se presentarán elementos a los que no tuvieron acceso. “Qué pasa si en la caja M3 se incluye de repente un fusil, si no hay listado se puede agregar lo que sea”, dijo Vicente Morales.

La fiscalía explicó por qué cree que es pertinente ir a juicio oral y público y por qué, según ellos, no corresponde el pedido de nulidad de la defensa.

Según el fiscal acusador, todo lo que la defensa cuestiona corresponde para un juicio oral, no para una audiencia. “El Ministerio Público (MP) está seguro de sus pruebas. En el caso de que los acusados sean inocentes que lo demuestren en juicio”. Con esto, el fiscal viola el principio de presunción de inocencia, una de las principales garantías establecidas en las Convenciones Internacionales y en la propia Constitución.

Rachid explicó ayer que las pruebas que el MP presentó contra los acusados, por una cuestión de organización, están denominadas como M1, M2, M3… y expresó que no es culpa de Ministerio Público que el formato no le guste a la defensa. “Siempre estuvieron a disposición para que la defensa revise las cajas en el juzgado de Curuguaty”.

Ante esto último la defensa respondió que si en el escrito de acusación no están individualizadas las pruebas eso rompe la garantía procesal. “Qué pasa si en la caja M3 se incluye de repente un fusil, si no hay listado se puede agregar lo que sea”, argumentó Morales.

La jueza Yanine Ríos dijo que está de acuerdo con la defensa en que las pruebas ni los acusados están claramente individualizados. “Puede ser subsanado en esta instancia para que pueda ir depurado”, expresó. Sin embargo, la defensa dice que esta etapa del proceso ya no hay manera de subsanar el hecho, pues la defensa fue elaborada con base en lo que está individualizado.

La defensa declaró que la jueza cometió una aberración jurídica al haber admitido pruebas que se agregaron después, ya que esto viola el derecho a la defensa. De este modo la defensa no tuvo tiempo de consultar la opinión de otros peritos y contraponer otras pruebas a las presentadas por el Ministerio Público. Los abogados sostienen que tales medios probatorios debieron ser presentados en instancias anteriores a fin de que la otra parte pueda realizar su propio análisis. Mañana, a las 9:00 horas, prosigue la audiencia para revisar las pruebas.

Por otra parte, los familiares de las víctimas de la masacre ingresaron hoy (ayer) a Marina Cue en reclamo de que las tierras sean adjudicadas para la reforma agraria. La radio 970 informó que el fiscal Rachid adelantó que la policía de la zona de Curuguaty está previendo todo del dispositivo de seguridad para evitar “desbordes en el lugar”.

Activistas denunciaron que la policía ya empezó a reprimir a los campesinos. “Ahora empezó la represión en ‪Marina Kue‬, muchos corrieron hacia el monte para salvarse. La policía está prendiendo fuego al pasto seco y esto hace que la gente se disperse y corra”, informa en su cuenta de Facebook el grupo ¿Qué pasó en Curuguaty?

De su lado, Martina Paredes, de la Comisión de Víctimas, confirmó la noticia vía telefónica. Paredes dijo que en el lugar hay unas 20 patrulleras y 150 policías, que quemaron el pastizal para obligarlos a salir de las tierras. “Ohapy hikuái pastizal. Rosêta pacíficamente (Ellos quemaron pastizales. Vamos a salir pacíficamente). Nos dieron una hora de tiempo o si no dijeron que nos iban a detener”, aseguró.

Paredes agregó que el fiscal José Zarza se negó a firmar un acta en que conste que salieron de manera pacífica de las tierras, ratificándose en la acusación de que los ocupantes poseen armas.

Pronunciamiento Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas CONAMURI:Caso Curuguaty

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