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Una compilación jurídica o Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta previa y la propiedad comunitaria fue publicado por la Fundación para el Debido Proceso.

La obra jurídica elaborada por María Clara Galvis Patiño y Ángela María Ramírez Rincón sistematiza y analiza decisiones judiciales de altas cortes de nueve países de América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

El citado Digesto refleja los debates y problemas jurídicos que han tenido que resolver los jueces ante el alto número de conflictos sociales relacionados con la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Muestra las diferentes maneras en que normas internacionales -como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas- han sido interpretadas y aplicadas en diferentes contextos jurídicos, políticos y culturales.

El Digesto cuenta con las reflexiones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, quien escribió el prólogo, y de Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor del epílogo.

De esta manera se hará más conocidas la importante labor de jueces en la adopción de sentencias paradigmáticas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, muchas veces en contextos políticos adversos.

Tales decisiones judiciales representan, sin duda, una contribución a la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.

La Fundación para el Debido Proceso espera que la publicación contribuya no solo a la difusión de las decisiones judiciales incluidas en esta compilación sino también a la discusión y al debate de estos temas.

La Fundación para el Debido Proceso es una organización dedicada a fortalecer el Estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina, mediante investigación aplicada, alianzas estratégicas, cabildeo y comunicación.

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