Por la indolencia oficial ante el necesario proceso de demarcación para devolver tierras a los habitantes originarios, los tupinambá decidieron retomar sus territorios. La respuesta de los usurpadores es la violencia y una campaña racista, desatada en los medios y secundada por las instituciones encargadas de impartir justicia.

Los tupinambá de Olivença son un pueblo indígena que vive al sur del estado de Bahía, en el noreste brasileño. Desde 2009 fueron reconocidos por el Estado de Brasil como ocupantes tradicionales de esta región, después de un largo periodo en que las autoridades los consideraron indígenas asimilados, “mezclados”, y por ello sin derecho a las políticas indigenistas que garantizan su territorio.

Pese a la afirmación del gobierno y de la sociedad regional de que no existían indígenas en la zona, los tupinambá, llamados en otros tiempos “Indios de Olivença” y “de Caboclos”, nunca desaparecieron. En la última parte de una larga lucha para continuar viviendo a su modo en las tierras que ocupan históricamente consiguieron, en un movimiento que comenzó alrededor de 1999, su reconocimiento como indígenas con derecho a un territorio que fue delimitado en 47 mil 300 hectáreas en 2009.

Esas tierras no fueron entregadas todavía porque el proceso legal de demarcar, homologar y finalmente retirar a los grandes y pequeños propietarios no indígenas -que a lo largo del siglo XX transformaron este territorio de un espacio concebido como de usufructo, a uno administrado mediante la propiedad privada-, es parte de un entramado jurídico y político en el que los tupinambá de Olivença llevan más de 15 años.

Por este motivo, al igual que muchos de los pueblos indígenas de esta misma región de Brasil que fueron considerados asimilados, sin derecho a un territorio, y a quienes no les han entregado sus tierras por la falta de disposición gubernamental aun cuando están reconocidos como indígenas, los tupinambá de Olivença recurrieron a la estrategia de “retomadas”, una forma de habitar nuevamente en su territorio al ocupar las propiedades de los no indígenas para recuperar, por cuenta propia, la tierra que a lo largo del siglo XX les fue despojada poco a poco.

Entre los tupinambá de Olivença esta estrategia comenzó en 2004, cuando fueron “retomadas” las primeras hacienda llamadas de Bagaço Grosso y Futurama. La estrategia comenzó en una de las partes del territorio tupinambá conocida como Serra do Padeiro donde sus habitantes y líderes decidieron iniciar lo una auto demarcación, con lo que consiguieron recobrar prácticamente toda la tierra al oeste de la tierra indígena tupinambá.

En otras regiones dentro del territorio tupinambá, las “retomadas” comenzaron a partir de 2006 con relativamente pocas de estas ocupaciones, hasta 2013, cuando fue el auge de esta forma de presión política para demarcar las tierras y recuperar el territorio. En ese año, las alrededor de 18 “retomadas” anteriores pasaron a ser más de 150, lo que permitió una importante movilidad de aquellas familias indígenas sin tierra que viven en las ciudades cercanas o en las haciendas trabajando como jornaleros; también obtuvieron un espacio propio para vivir y producir sus productos del campo.

Las reintegraciones

Aun con la legitimidad política que las “retomadas” mantienen -por ser parte de un proceso de resarcimiento histórico a los indígenas que fueron despojados de sus territorios por las políticas liberales de comienzos de siglo pasado-, para las autoridades son ocupaciones ilegales, porque aun cuando son tierras que se encuentran dentro de un espacio delimitado como indígena, reconocido por el Estado y que al final del proceso de demarcación serán entregadas a ellos, hasta que esto no suceda las grandes y pequeñas propiedades son entendidas legalmente como privadas, y las “retomadas” se tipifican como despojo.

Esta imprecisión jurídica en el territorio tupinambá, por un lado, reconoce la ocupación tradicional por los indígenas e incluso un perímetro delimitado, pero al mismo tiempo continúa respondiendo a las leyes de la propiedad privada. Esta ambigüedad legal llevó a los dueños de las propiedades a aceptar, en algunos casos, entregar sus tierras a los indígenas dejando realizar las “retomadas” en espera de las indemnizaciones; en otros casos, al contrario, frente a las “retomadas” los propietarios solicitan la reintegración de sus tierras, y entran en un enmarañado proceso legal y político.

Sin embargo, el mayor problema aparece por la falta de disposición de las autoridades para concluir rápidamente la demarcación de la tierra indígena tupinambá en el plazo determinado por ley, con el cual se daría paso a la indemnización de los propietarios; esto finalizaría la zozobra de todos los involucrados. No obstante, la demora crea cada vez mayores tensiones entre indígenas y no indígenas, con más “retomadas” y más solicitudes de reintegración.

Esta tensión se agravó hasta niveles preocupantes. A finales de 2013, las confortaciones resultaron en ataques violentos contra los tupinambá por un grupo de no indígenas, principalmente los de grandes propiedades y mayores recursos económicos. Quemaron casas de indígenas, retuvieron y robaron su producción, hostilizaron y amenazaron a aquellos que se solidarizan con los tupinambá, e inclusive patrocinaron espectaculares en las carreteras cercanas con amenazas explícitas dirigidas a los indígenas, situación que llevó incluso a la presencia de la Fuerza Nacional en la región para evitar la escalada de violencia por parte de este movimiento declaradamente anti indígena.

El atraso en la demarcación y el discurso ambiguo con que las autoridades de todos los niveles de gobierno tratan el tema de la demarcación de los tupinambá, permite a los dueños de fincas dentro del perímetro indígena fortalecer sus acciones. Hay una campaña abierta en medios de comunicación locales contra la demarcación, y en una de sus últimas acciones demandaron la reintegración masiva de la mayor parte de las propiedades “retomadas” por los indígenas.

En este contexto, los últimos días de enero de 2014 fueron de ofensivas legales contra las “retomadas” tupinambá. Se ejecutaron más de 70 reintegraciones de las 150 que se encontraban en los juzgados. Esto creó zozobra entre los indígenas, ya que están amenazadas incluso áreas “retomadas” que son iconos de su lucha por su reconocimiento como indígenas y de la recuperación de su territorio, y en las cuales, aun cumpliendo los requisitos legales para ser reconocidas como tierras de ocupación tradicional indígena, esto no parece ser suficiente para conseguirlas en un Brasil cada vez más distante de los derechos colectivos conquistados por los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la democratización posterior a la dictadura que dio vida a la constituyente de 1988.

El escenario, contrario a los derechos indígenas, es palpable también en  los argumentos de la inédita acción masiva para ejecutar las reintegraciones de un gran número de las fincas “retomadas”, la cual solo pudo ser llevada a cabo mediante la criminalización de la lucha tupinambá, en particular por el Tribunal Regional Federal de la región de Ilhéus. La instancia judicial consideró las reiteradas “retomadas” de los indígenas como una acción de desobediencia a las autoridades, con lo que blindó las reintegraciones de los recursos legales que los órganos indigenistas pueden utilizar por tratarse de un territorio que se encuentra aguardando su demarcación.

Un momento difícil

Uno de los líderes indígenas con años de experiencia en “retomadas” hace una reflexión de la actual situación con otros miembros de una asamblea, pero que comparte cualquiera de los indígenas que participan de la lucha tupinambá: “hasta que no demarquen la tierra, no se arreglara la casa”. Esta aseveración refiere el problema que significa el ir y venir por las “retomadas”, entregando las tierras cuando son reintegradas y “retomando” nuevamente para continuar con un lugar donde vivir a su modo, comenzando en cada nuevo momento los plantíos, las casas y la adaptación al lugar.

El sentimiento de buscar una salida definitiva de la demarcación para “arreglar la casa” es compartido por todos los caciques indígenas quienes, reunidos a lo largo de las últimas semanas por las crecientes reintegraciones de las propiedades, culpan al gobierno de la dilación para demarcar su tierra indígena y de los conflictos consecuencia de esta demora. Este encono puede ser evitado al cumplir con lo estipulado en ley brasileña.

Esta situación de confrontación, culpa de las autoridades, trae consigo nuevos problemas como el de la presencia policíaca -que en sus propias palabras viene a “pacificar la región”. Sin embargo, la Fuerza Nacional y la Policía Federal que se encuentran en el lugar mantienen actitudes simbólicas y concretas contra los indígenas, como el significativo hecho que tuvo para los tupinambá el que se montara una de las tres bases de la Fuerza Nacional mediante la reintegración de una “retomada”, la cual después, con el consentimiento del “propietario” no indígena de la finca, se transformó en uno de los lugares para la operación de retenes. En ellos se aprehenden los vehículos sin papeles al día, lo que es común en los transportes de trabajo que circulan únicamente en los caminos vecinales de terracería; también se decomisan productos considerados, sin investigación previa, como obtenidos de las haciendas “retomadas”.

No es difícil escuchar expresiones parecidas a la expuesta por uno de los jóvenes que, al ver patrullar la Fuerza Nacional, manifestó que “hasta la policía que está aquí para ayudarnos está a favor de los hacendados y no de los indígenas”. Este sentimiento de agravio llevó, en la segunda semana de enero de 2014, a que una comisión de caciques acudiera a la capital, Brasilia, junto a otros 45 tupinambá para internar reunirse con las autoridades federales e indigenistas para exigir la demarcación de la tierra y la detención de las reintegraciones.

Es un momento difícil y poco se puede esperar de un Brasil en año de elecciones, cuando ningún candidato, ya sea al estado de Bahía o a la presidencia, quiere perder el apoyo económico y de votos de la llamada “bancada ruralista”, conformada por la élite económica rural dueña de los mayores agronegocios. Ésta, con mayor presencia en el poder cada vez, exige -en defensa del derecho liberal y en contra de los derechos colectivos conquistados en la constituyente de 1988-, el fin de la demarcación de las tierras para indígenas y comunidades tradicionales, una de demanda que no parece estar tan distante de la posición del Partido de los Trabajadores que gobierna en el estado de Bahía y en la federación, y que se dispone a conseguir otro periodo en el poder.

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