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Se tiene previsto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analice  este caso el mes de marzo.

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus.

La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”.

Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.

Y por último, la consideración de que se han fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil mujeres que han contado cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explica Salazar.

“Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001.

Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.

Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.

“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.

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