Conocido por ser un país en el que la agroindustria tiene un fuerte peso en la economía, con 41,3 % de participación en el total de las exportaciones de 2013, Brasil celebra este año una década del programa de seguridad alimentaria basado en la adquisición de productos de la agricultura familiar.

El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) fue desarrollado en 2003, durante el inicio del Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para la compra de productos de los asentamientos campesinos y comunidades tradicionales, como los pueblos indígenas y "quilombos" (descendientes de esclavos negros).

En su primera década, el PAA registra 5.300 millones de reales (unos 2.220 millones de dólares) de inversiones y cuatro millones de toneladas de alimentos adquiridos hasta hoy, mediante un trámite que no necesita licitación y aplica los valores promedios del mercado.

Las regiones en las que más se aplica el PAA son la Nordeste, una de las más pobres del país; la Sur y la Sudeste, las más agrícolas.

"El Gobierno Federal tenía, hasta 2003, una política agraria de crear asentamientos, sin política agrícola. El PAA es el único ejemplo de política agrícola, completado con 'Luz para todos' y 'Bolsa (beca) Familia'", señaló a Efe el especialista en asuntos agrarios de la Universidad de Sao Paulo (USP), Ariovaldo Umbelino.

Desde 2009, el PAA se incorporó al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que prevé que los Gobiernos regionales y alcaldías adquieran de la agricultura familiar un 30 % de alimentos de la "merienda escolar", con prioridad de productos orgánicos.

Sao Paulo, la mayor ciudad sudamericano, adoptó el programa por la primera vez en 2013 con productos provenientes de asentamientos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el interior del estado y de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay.

Según Luis Henrique Bambini, ingeniero agrónomo del Departamento de Alimentación Escolar de la Alcaldía de Sao Paulo, a pesar de las compras estar ahora un poco más caras, ellas generaran una ganancia en la calidad de los productos ofrecidos en las escuelas.

"Dentro de este proceso nosotros no damos prioridad necesariamente al mejor precio. Creo que la gran diferencia es esa. El precio es dejado para otro plano y se da prioridad a que el alimento venga de productores asentados, que sean orgánicos. Existe un entendimiento de que ese producto es más saludable", apuntó.

El primer convenio entre el municipio de Sao Paulo y las cooperativas vinculadas al MST contempla 930 toneladas de arroz para atender a 260.000 niños de las escuelas públicas de Sao Paulo.

En Brasilia, con un contrato de 120.000 reales (unos 50.272 dólares), el programa prevé la producción de verduras y legumbres que son distribuidas para la población en riesgo alimentario, según señaló el secretario Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social, Arnoldo de Campos.

Los avances del programa son estudiados desde 2011, como ejemplo internacional, por el Programa Mundial de Alimentación (PMA) de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para ser replicado y adaptado en países de África, América Latina y el Caribe.

Campos indicó que esa situación "incomodó" a Estados Unidos, que cuestionó el programa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por considerar que "hiere la libre competencia" al frenar las exportaciones estadounidenses a esos destinos.

A pesar del éxito internacional del programa, en Brasil el Gobierno es centro de críticas por no avanzar en el asentamiento de familias de la reforma agraria, situación que podría aumentar la producción de la agricultura familiar.

Según el estatal Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en 2013 fueron asentadas 30.200 familias, número menor al de siete años atrás, cuando 136.400 fueron ubicadas en tierras productivas legales.

En ese sentido, Umbelino alertó que todavía entre cinco y seis millones de familias están a la espera de beneficiarse de la reforma agraria, también criticada por el MST por la reducción del número de asentamientos durante el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, al que considera "rehén de la política de la agroindustria".

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