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En América Latina las grandes empresas controlan el fenómeno del acaparamiento de terrenos cultivables ricos en oro azul. 

Fue hace un siglo cuando el entonces superintendente del departamento de agua de Los Ángeles solucionó los problemas de escasez de la ciudad con una medida innovadora para aquella época: la apropiación de recursos hídricos situados a más de 300 kilómetros. El informe Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua del PNUD, donde figura el ejemplo, alerta del “peligro” que supone que dicho modelo reaparezca “con otra apariencia”, con el “poder dictando los resultados sin ninguna preocupación por la pobreza y el desarrollo humano”.

En 2008, dos años después de la publicación de ese estudio, explosionó dicha tendencia de control de tierras extranjeras (land grabbing, en inglés), en un contexto alcista del precio de los alimentos y de las materias primas. En un primer momento fueron fundamentalmente países de Oriente Medio los que se hicieron con vastas extensiones de terreno fuera de sus fronteras para producir alimentos, provocando de forma paralela una creciente especulación financiera con los cultivos. Desde entonces, nuevos Estados y nuevos actores han profundizado la moda, que justifica en muchos casos la necesidad de inversiones para lograr un aumento de la productividad.

El agua es ahora una de las claves en este proceso, pues cultivar alimentos lejos para consumirlos cerca implica también controlar el agua que regó esos cultivos. “Aquellos que han estado comprando extensas superficies de tierras agrícolas entienden que el acceso al agua que obtienen, muchas veces gratis y sin restricciones, puede tener a largo plazo un mayor valor que las tierras mismas”, apunta un informe de la ONG Grain, que estudia este complejo fenómeno, del que es complicado obtener datos y estadísticas.

En muchos casos, la apropiación de tierras no es el resultado de un proceso transparente y democrático, según el PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciencies of United States of America), quien corrobora que el acaparamiento global de tierras está asociado con una tasa de acaparamiento de agua. Para esta academia de ciencias, Estados Unidos, Emiratos Árabes, India, Reino Unido, Egipto, China e Israel están detrás de aproximadamente el 60% del agua incautada a través de la tierra. Las diferentes legislaciones, la falta de transparencia, los variados acuerdos o la complejidad del proceso entorpecen la tarea de dar cifras: la tierra almacenada para la agricultura oscila entre los 32,7 y 82,2 millones de hectáreas, según PNAS, que justifica la horquilla en el tipo de transacción que se tenga en cuenta. En todo caso, entre el 0,7% y el 1,75% del terreno cultivable mundial está en manos foráneas.

Aclarar con exactitud el acaparamiento de tierras resulta “polémico” para la investigadora del programa de justicia alimentaria del Transnational Institute Jennifer D. Franco: “El gran esfuerzo para definirlo implica en sí mismo el acto político de intervenir en un debate de gran calado sobre la tierra y sus derechos. Nunca habrá un acuerdo sobre lo que constituye el acaparamiento de tierras, al igual que siempre hay desacuerdo sobre lo que es ‘desarrollo’ o ‘seguridad alimentaria’.

Land Matrix, otra de las pocas fuentes que nutren el debate, estima en 35,6 los millones de hectáreas apoderadas en el mundo, una extensión cuatro veces el territorio de Portugal. Si tenemos en cuenta que más del 80% del agua dulce del mundo se dedica a la agricultura, la regla de tres es clara. “El acaparamiento de tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales necesita del agua que existe en los territorios para poder producir las mercancías que luego comercializan. Sin agua no hay agricultura posible y eso lo saben las corporaciones, que realizan sus inversiones en territorios donde el agua es abundante”, explica a Carlos A. Vicente, integrante de Grain. El comercio agrícola global es “una gigantesca transferencia de agua en forma de commodities, desde regiones donde se la encuentra en forma abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea y es cara”, completa la investigación de 2013 El acaparamiento global de tierras. Guía básica, del Transnational Institute y Fuhem Ecosocial.

Seguridad hídrica, energética y alimentaria están interrelacionadas. Más allá de la agricultura, son muchas las formas y funciones en las que el vital líquido es requisado: “El agua ha sido un bien mucho menos contestado por los movimientos sociales. Su fluidez hace más difícil su defensa. Sin embargo, ha sido acaparado de muchas formas: para la agricultura intensiva, para la generación de energía que se exporta o que presta servicios exclusivamente a la industria, para el embotellamiento o para la minería, entre otros. Los acaparamientos de tierra y de agua pueden ser procesos simultáneos; en ocasiones, una vez despojadas las comunidades de su tierra es imposible que accedan nuevamente al agua”, explica Irene Vélez, investigadora colombiana que ha estudiado el fenómeno en la zona del Alto Cauca.

América Latina, en venta

Con la llegada del nuevo siglo, la revista Fortune predijo que el agua está destinada a ser para el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX: la codiciada mercancía que determina la riqueza de las naciones. Y el continente americano es uno de los más ricos cuando la medida que se tiene en cuenta es la del oro azul.

En Colombia el proyecto de Ley de Baldíos, que finalmente ha sido aparcado para reformarlo y lanzarlo en la próxima legislatura, pretendía legalizar las compras de tierras por personas extranjeras. Según varias organizaciones que se opusieron a la legislación, contradecía políticas gubernamentales como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolver terrenos a las víctimas del despojo durante el conflicto. Terrenos que son mucho más que un pedazo de campo cuya titularidad está en disputa. Vélez enuncia las dimensiones simbólicas y los bienes ambientales del territorio, siempre regados por el agua. Colombia es el undécimo país con mayores índices de concentración de la tierra en el mundo y el segundo en América Latina, sólo por detrás de Paraguay.

En la república guaraní las cosas son incluso más opacas, ya que no existe catastro alguno. Su nombre apenas aparece en las tablas de datos del PNAS (sólo cuatro registros) y tampoco en las estadísticas de la iniciativa global de monitoreo de tierras Land Matrix (cinco registros). Es en cambio un Estado en manos extranjeras: en concreto unos 7,7 millones de hectáreas (el 32% de las tierras cultivables o, lo que es lo mismo, el 20% del país) son explotadas por foráneos; mayoritariamente brasileños.

Brasil figura al mismo tiempo en las listas de acaparadores y en la de acaparados. Es decir, por un lado, extranjeros controlan parte del país, que lidera la lista de Estados con más agua disponible (con el 12% de las reservas de agua dulce del mundo). Por otro, algunas empresas brasileñas tienen tierras en el exterior, fenómeno que, según Land Matrix, surge a partir de 2006, coincidiendo con la consolidación de su economía en el ámbito internacional. Además, desde hace cuatro años la legislación brasileña restringe la cantidad de tierras rurales que puede adquirir una empresa extranjera o nacional controlada por capitales foráneos, una iniciativa que busca principalmente proteger al sector agropecuario local, con mucha fuerza en el continente.

Algo similar se ha decretado en Argentina, donde los extranjeros no pueden poseer más de 15% de la tierra cultivable nacional. Mientras, en Uruguay hay que ser ciudadano nacional para comprar tierras, una ley que “no tiene ningún efecto práctico” para Eduardo Gudynas, investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social: “La mayor parte de la producción de soja en Uruguay se hace bajo convenios de producción, donde a quien la controla no le interesa ser el dueño de la tierra. Lo que sucede en el sur de Brasil, en Argentina y también en Uruguay es que la propiedad de la tierra no es el elemento clave en las estrategias de desarrollo, porque el que controla la producción hace un convenio de producción a riesgo compartido o bien alquila el predio”.

El acaparamiento en América Latina lo realizan sobre todo grandes empresas, mientras por ejemplo en África está copado por Estados: “La transacción de tierras privadas es probablemente mayor en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones del mundo, donde hay más concentración en la categoría general de tierras estatales o públicas”, aseguran los autores del estudio El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe desde una perspectiva internacional más amplia, quienes consideran “imposible cuantificar claramente cuántas hectáreas han resultado afectadas”.

Carlos A. Vicente señala que las legislaciones nacionales no son suficientes “frente a los diferentes mecanismos que utilizan las empresas para el acaparamiento” y añade que el sistema de “Inversiones Agrícolas Responsables (RAI) no representan una solución, sino un maquillaje detrás del cual se sigue produciendo y legitimando el acaparamiento”. Precisamente la justificación de la plataforma RAI, impulsada por el Banco Mundial, la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) aboga por la necesidad de inversiones para “aumentar la productividad”, como camino “para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”, asegurando “que se respeten los derechos de los actuales usuarios de la tierra y el agua”.

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