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Con gran expectativa, millones de pobladores rurales y miles de comunidades campesinas y nativas del Perú aguardan que se concrete el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras Rurales - Tercera Etapa (PTRT Nº 3), que está formulando el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), con el apoyo financiero del BID.

Aproximadamente siete años después de su paralización, el proceso de saneamiento y titulación de la propiedad rural en Perú volverá a andar, de concretarse el PTRT Nº 3. Con ello, el Gobierno peruano seguiría el camino recorrido por otros países de la región como Bolivia y Colombia, que ya cuentan con una política pública para la titulación de sus tierras, pero eso sí, tomando las lecciones de cada caso para emular lo positivo y no reproducir los errores.

En Bolivia, a partir de 1996 a la fecha se han regularizado derechos de propiedad y, consecuentemente, titulado alrededor de 44,4 millones de hectáreas, principalmente para comunidades campesinas y pueblos indígenas tanto de tierras altas (10,1 millones de ha) como de tierras bajas (13,3 millones de ha). Además, se tienen identificadas casi venticuatro millones de hectáreas como tierras fiscales. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, el proceso ha sido extremadamente lento y ha dependido en gran medida de los intereses en juego en cada gobierno de turno, por lo que el sector campesino no se encuentra conforme con los resultados.  Esto ha  determinado una serie de enfrentamientos entre diversos actores sociales y acciones violentas, como tomas de tierras, conflictos, marchas, entre otras.

Colombia, por su parte, viene impulsando una política de titulación rural con alcances limitados. El gobierno nacional reporta que en los últimos años se han titulado más de veintiún millones de hectáreas de baldíos a favor de la población campesina y se han reconocido los derechos territoriales de indígenas (30,5 millones de ha) y de afrodescendientes (5,6 millones de ha). Una de las figuras que actualmente reclama la población campesina son las Zonas de Reserva Campesina, de las cuales hasta la fecha solo se encuentran legalmente constituidas seis con un total de 831.111 ha, siete están en trámite y cincuenta y cuatro más han sido solicitadas, lo que abarcaría aproximadamente dos millones de ha.  

Sin embargo, se trata de una política marginal que por ahora no contribuye a modificar la estructura de la tenencia de la tierra existente en el país, puesto que la mayoría de las titulaciones se han dado  en zonas de expansión  de la frontera agropecuaria que no alteran el orden, la dimensión ni la distribución  la gran propiedad. Sigue pendiente una discusión de fondo sobre los conflictos territoriales y ambientales resultado de  más de 50 años de conflicto armado, de reformas agrarias inconclusas y de extrema concentración de la tenencia de las tierras rurales. En Colombia urge un ordenamiento territorial incluyente que no se reduce a las políticas de titulación. 
 
Sobre la base de esas experiencias, la RED Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio INVOCA al Gobierno del Perú a reiniciar el proceso de saneamiento y titulación de las tierras del país, a través del PTRT Nº 3.  Esta política de estado debe formar parte de un plan nacional más amplio de desarrollo rural.  Es prioritario que su diseño responda a las expectativas e intereses de los millones de pobladores rurales y miles de comunidades campesinas y nativas existentes en el país, y no a los intereses circunstanciales de funcionarios de gobierno o a la especulación de agentes del mercado.

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