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A ocho meses de la modificación de la Ley de Seguridad y envío de militares a estos departamentos. Será mañana martes a las 18.30 hs y como panelistas estarán el periodista radial Enrique Vargas Peña y la analista internacional sobre políticas públicas y seguridad Sonia Winner.

El pasado 24 de agosto el entrante gobierno de Horacio Cartes promulgaba la modificación de la Ley de Seguridad Interna, para poder usar las Fuerzas Armadas para administrar conflictos internos.

Esta tarea estaba en manos de la policía nacional y así aún lo establece la Constitución Nacional. Por esta razón es que esta modificación fue acusada de inconstitucional por varios sectores de Paraguay.

El decreto Nº 103 del presidente Cartes se llama “Por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las fuerzas armadas de la Nación en operaciones de defensa interna, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”.

Apenas aprobado esto, la presencia militar modificó la rutina de varios poblados del departamento de Concepción y particularmente de la comunidad campesina de Tacuatí Poty del departamento de San Pedro.

En este último lugar varias organizaciones locales y defensoras de los derechos humanos denunciaron abusos, amedrentamiento y violaciones de las garantías más mínimas de familias campesinas, por parte de operativos fiscales, policiales y judiciales.

A ocho largos meses de la presencia de militares en varias zonas del país, el Servicio Paz y Justicia-Paraguay(Serpaj-Py) pone en la mira los resultados y consecuencias del actuar militar en comunidades rurales.

Será en el conversatorio “Fuerzas Armadas y Seguridad Interna”, mañana martes 6 de mayo desde las 18.30 hs en el mismo local del Serpaj, ubicado en Tte. Prieto 354 e/ Tte Rodi y Dr Insfrán, Asunción.

Como panelistas propiciadores del debate estarán el periodista radial Enrique Vargas Peña y la analista argentina Sonia Winner, especialista en políticas públicas de seguridad y defensa.

La organización del evento plantea analizar los resultados, las consecuencias y los costos que tiene -para la endeble democracia paraguaya- la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

La mayoría de estos conflictos tiene un transfondo social, como la problemática campesino-sojera o la complejización del actuar de grupos delictivos en la zona Norte del país, como el Ejército Paraguayo del Pueblo, los narcoganaderos, narcotraficantes y otros.

También se propone analizar qué elementos del pasado autoritario estronista persiste en acciones, decisiones y estrategias como la utilización del elemento militar para resolución de conflictos sociales.

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Resistencia campesina ante los abusos del poder  

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