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Por encubrir los delitos de productores sojeros que afectaron sistemáticamente los derechos de las comunidades Yerutí y Campo Agua’e y por utilizar su circuito judicial para sancionar políticamente al dirigente campesino Ramón Giménez con el fin de desmovilizar a su organización.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Base Investigaciones Sociales (BASEIS) comparten hoy jueves 29 de mayo los detalles de tres denuncias que presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2013 y en lo que va de este año.

El evento se realizará en el Archivo Nacional desde las18 horas y combinará la explicación del abogado especialista en derechos humanos, Hugo Valiente, y la presentación de un libro y un documental con informaciones sobre los casos

Agua’e y Yerutí son comunidades que sufren los efectos de la expansión del modelo sojero en su territorio con consecuencias sobre sus recursos naturales, su soberanía alimentaria y la salud de sus pobladores y pobladores, explicó Valiente.

“Enfrentando al modelo sojero y utilizando los canales institucionales para realizar sus denuncias, estas comunidades se dieron cuenta de que el sistema de justicia paraguayo funciona al servicio del modelo sojero, encubriendo sus crímenes”, dijo.

En el caso de Ramón Giménez, dirigente de la comunidad campesina Ñu Pyahu, se trata de un típico caso de criminalización de la dirigencia social por parte del Estado. Con él la justicia realizó un juicio sin las menores garantías, con la intención de sancionar al dirigente, descabezar a su organización y debilitarla, dijo.

El Estado paraguayo, tras estas denuncias, está expuesto a recibir sanciones que le exijan realizar cambios institucionales para anteder futuras situaciones similares.

Valiente dijo que este tipo de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas al modelo de agronegocio son pioneras en todo el mundo y eventualmente pueden sentar un precedente muy importante a nivel mundial.

Una cuarta denucnia, del caso de la comunidad de San Juan de Puente Kyha, se estará presentando en los próximos meses, explicó el abogado.

El libro y el documental que hoy se presentan se llaman “Comunidades en lucha: Cuatro demandas al Estado paraguayo por violación de Derechos Humanos” y se entregarán gratuitamente a las personas presentes.

Antecedentes

Las comunidades de Yerutí y Campo Agua’e están ubicadas en el distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú, al centro Este de la geografía paraguaya. Comparten la misma realidad de ser avasallas por las permanentes fumigaciones irregulares.

La primera es un poblado campesino con cuatrocientas personas aproximadamente, que sufre sostenidamente el embate de las fumigaciones sojeras, que llegó a un extremo cuando el 6 de enero de 2011 falleció, a consecuencias de las pulverizaciones, al agricultor y padre de familia Rubén Portillo(26).

La segunda es una comunidad de familias indígenas ava guaraní que reúne a alrededor de 500 personas y al igual que Yerutí, sufre los efectos de los químicos de las plantaciones lindantes. Se ven afectadas las personas de la comunidad y también animales de corral y cultivos de subsistencia.

Ñu Pyahu es un asentamiento campesino en el distrito de Tava’i del departamento de Caazapá, en el centro del mapa paraguayo. El dirigente Ramón Giménez encabezó la movilización de la comunidad para impedir que se cierre un hospital local y que posteriormente se venda el predio a un ganadero local.

 

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