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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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El Congreso aprobó la expropiación de 14,404 ha. a favor de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet

El 21 de mayo se sumó una efeméride más en la lucha de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo indígena Enxet. Ese día la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de expropiación de 14,404 Ha para la restitución de parte de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena en la zona conocida como Loma Porã, en el Chaco o Región Occidental. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado.
 
Esta decisión llegó ocho años después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) del 29 de marzo del 2006 que obligaba al Estado paraguayo a que en un plazo de tres años restituya el territorio reclamado por la comunidad y que estaba ocupado por el terrateniente alemán Heribert Roedel. El fallo condenó al Estado por la violación de derechos fundamentales de la comunidad Sawhoyamaxa, que vivió más de dos décadas fuera de sus tierras ancestrales usurpadas por Roedel y ordenó a las autoridades que concrete emprendimientos viales y programas de desarrollo en forma de resarcimiento.

Roedel llegó a Paraguay al inicio de la colonización del Chaco durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y empezó a comprar grandes extensiones de tierras con sus habitantes adentro. En 1991 ordenó a la comunidad  Sawhoyamaxa —que en enxet significa “lugar donde se acabaron los cocos”— que abandonara las tierras porque interferiría con los trabajos de desmonte para la producción agropecuaria intensiva. Los enxet acamparon a orillas de la ruta, único lugar en que pudieron levantar al menos un ranchito.

“En esa época nosotros no teníamos ni escuela”, afirma el líder comunitario Heriberto Ayala a Noticias Aliadas. “Ahora al menos ya hay algunos que han terminado el sexto grado [educación primaria]. Tenemos espacio físico fijo donde está asentada la escuela como corresponde”.

Pueblos originarios

El fallo de la CorteIDH se apoyó en el derecho consuetudinario, anterior a toda estructura jurídica, por cuanto los pueblos indígenas están aquí desde antes del origen del mismo Estado. La sentencia menciona que Paraguay violó, entre otros, el derecho a la vida, a la propiedad comunitaria y a la personalidad jurídica de los indígenas.

Ayala también explica algunas características culturales de su comunidad. “En la actualidad, lingüísticamente hablamos el guaraní, nuestra propia lengua enxet sur y también comprendemos el castellano. Somos netamente chaqueños, eso nos caracteriza como comunidad Sawhoyamaxa”, precisa.

Menciona que la comunidad solicitó 14,400 Ha de las 61,000 Ha que posee Roedel en el Chaco. Además, señala que el mismo propietario también posee alrededor de 31,000 Ha, en la zona de Naranjito, en el céntrico departamento de San Pedro.

“Nosotros tenemos claro que este señor incluso está estafando a sus propios compatriotas en el negociado de las tierras. Se sabe que tiene una orden de captura en su país de origen, Alemania, por estafa a inversionistas alemanes”, denuncia.

Según Ayala, no es la primera vez que se presenta una ley de expropiación, sino que ya se había realizado lo propio en el año 1997 y en el 2009, pero en ambos casos la Comisión de Derechos Humanos del Senado dictaminó en contra de que el Estado paraguayo cumpla con la sentencia de la Corte IDH.

“¿Por qué las autoridades han esperado que fallecieran muchos hermanos nuestros en el proceso de esta lucha?”, se pregunta Ayala. Incluso cuando ya se encontraba de por medio la sentencia de la Corte IDH fallecieron varias personas de enfermedades de las que podían tratarse o curarse. Esta situación fue desencadenada por las precarias condiciones de vida que soportan así como por la peligrosidad que significaba estar a la vera de la carretera.

“Nosotros fuimos en forma pacífica, agotando todas las instancias administrativas para tramitar la restitución de nuestra tierra, pero ya no pudimos seguir esperando después de más de 23 años. [En marzo del 2013] tuvimos que romper la alambrada y entramos a nuestra tierra. Al menos hoy en día la comunidad cuenta con plantaciones para el autoconsumo”, expone.

Amenazas

Ayala cuenta que tras el reingreso a parte de sus territorios, la empresa contrató a matones civiles que merodeaban en los alrededores del lugar amenazando con capturar a los dirigentes y miembros de la comunidad.

Detalla que una vez que la expropiación se lleve a cabo, serán beneficiadas 156 familias. “Tenemos hasta nuestro cementerio, también han quedado sepultados nuestros hermanos a orillas de la ruta en estos 23 años de campamento. Desde el momento que reingresamos a nuestra tierra ancestral estamos practicando de nuevo nuestros rituales y costumbres tradicionales”, relata.

Las señales del gobierno del presidente Horacio Cartes no hacen presumir alguna rectificación de rumbos. En efecto, las anunciadas metas de multiplicar la producción de soja y carne corroboran que la opción preferencial del gobierno seguirá siendo anteponer el modelo extractivista ante los derechos de la población rural campesina e indígena. Así lo demuestra, entre otros hechos, el desalojo llevado a cabo el pasado 20 de mayo en el departamento de Canindeyú contra la comunidad Y’apo del pueblo avá-guaraní, en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeju. Sus tierras ancestrales están ahora en manos de la empresa agroganadera Laguna S.A., de capital brasileño, que pidió su salida del terreno y cuyos abogados acompañaron la operación policial de desalojo, según la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

“Los que sostienen las estructuras del poder del Estado tienen en sus manos la posibilidad de devolvernos la posibilidad de recuperar nuestras raíces y prácticas culturales como pueblo indígena, en busca de un buen vivir y que mis hermanos vuelvan a tener tierras propias donde producir”, dice Ayala.

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