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Ayer jueves, 30 civiles armados entraron al asentamiento y dispararon contra la gente en dos momentos, en la segunda, acompañados por la policía, según las denuncias. Hay dos agricultores heridos que no recibieron aún asistencia médica. Las tierras en disputa son de origen malhabido, asegura la Organización de Lucha por la Tierra(OLT), que hace casi un año pide al Indert una reunión para analizar la situación del lugar.

Hacia las 11 horas de ayer unos 30 pistoleros de la Ganadera Pindó entraron al asentamiento compuesto por 200 familias campesinas, disparando sobre las personas, explicaron dirigentes del asentamiento. Hacia las 13.30 horas volvieron a atropellar el lugar, pero con el agravante de hacerlo juntamente con la policía local, comentaron.

Las familias se mantuvieron en el lugar y se resguardaron, pero dos agricultores fueron heridos por las balas de los pistoleros, en el cuarto y en el brazo, respectivamente. Los mismos no fueron llevados para ser asistidos, pues la policía y los propios guardias civiles estarían cercando el camino comunal, indicaron los mismos referentes.

También dijeron que las familias están bastante asustadas, especialmente los niños y niñas, puesto que prevén nuevos amedrentamientos en las próximas horas. Por ello, exigen que se presenten las autoridades gubernamentales para salvaguardar la integridad de las familias.

Especialmente el Instituto de la Tierra (INDERT), que nunca dio respuesta a las peticiones de la OLT, organización campesina a la cual pertenecen las familias de 1º de Marzo Joajú.

Según voceros de esta organización nacional, actualmente la Ganadera Pindó pidió medidas jurídicas en el juzgado de Curuguaty para desalojar a las familias del lugar y para que la Policía Ecológica lo resguarde.

Por ello, en los últimos días referentes de la organización campesina estuvieron declarando ante el despacho del controversial juez José Benítez de Curuguaty1, por este conflicto. Otras audiencias testificales están previstas para el 20 del mes.

Mientras tanto, la ganadera al parecer que optó por no esperar lo que se resuelva judicialmente, sino que decidió violentar a las familias del lugar, explicaron voceros de la OLT.

Denuncian que son tierras usurpadas al Estado

La organización campesina denuncia que estas tierras fueron traspasadas irregularlemte por el gobierno dictatorial de Stroessner a la empresa Perfecta S.A. en el año 1969.

Este gobierno había entregado las 4.499 a la familia Bendlin, propietaria de la empresa mencionada, conocida en el país por importar autómóviles BMW y armamentos al país.

La resolución que respaldó esta operación fue la Nº 668, y a cambio el padre de la familia Bendlin había entregado al gobierno una avioneta, explica un comunicado de la OLT.

El Estatuto Agrario que regía entonces, el del año 1963, en su artículo 15 prohíbe expresamente el beneficiar con tierras estatales para la reforma agraria a sociedades anónimas.

En 2012 las familias campesinas y la OLT se sentaron a auna mesa de negociaciones con el entonces presidente del Indert, Luis Ortigoza y la familia Bendlin. Llegaron a un acuerdo de que el Indert compraría otras tierras para la reubicación de las familias campesinas.

Sin embargo, tras operaciones salpicadas de corrupción y pactos electorales que terminaron con la compa de las tierras de San Agustín, el Indert alegó no tener más presupuesto para otras compras.

Desde entonces las 200 familias y sus 100 niños y niñas quedaron colgadas. Asumido el gobierno de Horacio Cartes en agosto último, la OLT pidió en cuatro oportunidades a la administración actual del Indert una reunión para tratar este conflicto, ante lo cual ni siquiera recibió respuesta, explicaron sus voceros.

Antecedentes de violencia

En agosto y noviembre del año pasado la empresa ganadera promovió operativos de desalojo, la última fue ejecutada por el fiscal Jalil Rachid2. En el despliegue, las fuerzas policiales derribaron las casas, quemaron dos vehículos y arrasaron con los bienes de las familias   agricultoras.

Hace dos semanas los pobladores del asentamiento, ubicado en el distrito de Yvyrarovaná, departamento de Canindeyú, denunciaron que al menos dos agricultores fueron secuestrados y torturados por pistoleros de la estancia. Y luego que fueron llevados por la policía hasta la fiscalía, donde los mismos pistoleros fueron a declarar ante el fiscal.


CITAS

1Juez que enmendó irregularmente los números de finca de tierras estatales en Curuguaty para beneficiar a la familia Riquelme. Este enmiende sirvió como argumento para que esta familia se atribuya esas tierras y ordene un allanamiento, que terminó en la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, con 17 muertos (11 campesinos y siete policías). Como si esto fuera poro, el juez que firmó este allanamiento, aún sin contar con título de la propiedad la familia promotora, fue el mismo juez Benítez.

2Fiscal encargado de investigar la masacre de Curuguaty. Orientó políticamente su investigación y acusaciones parcialistamente con el fin de acusar solamente a los campesinos de aquellos sucesos. Ni siquiera se dignó en incluir en su investigación fiscal las 11 muertes campesinas.

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