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Opiniones en favor y en contra genera el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, más conocida como Ley de Aguas, que se retomó a los cuatro años en la Asamblea Nacional para su análisis.

Mientras asambleístas de Alianza PAIS, que son mayoría en la Asamblea, como Mauricio Proaño, que es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, defienden la tesis de que el Estado debe tener la rectoría de este recurso para garantizar el agua para todos, diferentes organizaciones sociales, en especial las indígenas, están en contra de esta propuesta y quieren que se incluyan cambios al borrador del proyecto.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, señaló que se debe escuchar las propuestas de las comunidades. Entre los puntos básicos que este dirigente propone están que se preserve las fuentes de agua liberando de minería todas las zonas hídricas, como Quimsacocha, Aguarongo, Río Blanco, Cóndor Mirador, entre otros territorios.

También proponen que se desprivatice el agua, además de que se haga el Consejo Plurinacional del Agua con participación de las comunidades. “Si no hay voz ni voto, estamos pintados en la pared”, señaló.

La última propueta es la creación del fondo nacional del agua, para garantizar este recurso para las futuras generaciones y la autonomía y el respeto a las juntas de riego.

Marcha
Para hacer escuchar las voces de protesta, diferentes organizaciones sociales como CONAIE, Ecuarunari, Jaapre, FEINE, Frente Popular, MUPP, UNE, CedOcut, Seguro Campesino, Federación Médica, UGTE, FEUE, FESE, Asamblea de los Pueblos del Sur, participarán en una caminata nacional.

Según Pérez Guartambel, la concentración será mañana en la provincia de Zamora. Ahí celebrarán el Inti Raymi, durante el solsticio de verano, que es una conmemoración espiritual ancestral de veneración al sol, una de las cuatro mayores fiestas que tiene el mundo andino.
El sábado emprenderán la caminata a las que se unirán otra delegaciones de los pueblos del sur y centro del país; durante el trayecto definirán si llegan hasta Quito. Tampoco está establecido el tiempo de la marcha, que podría ser de 15 días o un mes. “Después de la marcha, si no somos escuchados, seguiremos con el frente de resistencia civil; no es el sentir de un dirigente, es el de toda las comunidades”, finalizó.

Para Jorge Morales, exdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y docente de derecho público y penal de esa universidad y de la UDA, hay que tomar en cuenta tres puntos en este proyecto de la Ley de Aguas que se tratará en la Asamblea.

El primero, según Morales, es un problema interpretativo, porque la Constitución del 2008 establece que habrá un organismo que ejercerá la rectoría de los recursos hídricos, es decir un ente que va a dirigir sobre el tema en todo el país. “Para el Gobierno Nacional es imperante tener una entidad unipersonal para la toma de decisiones, en cambio los indígenas quieren un organismo pluripersonal o multiétnico integrado por los distintos grupos étnicos”, dijo. Otro punto que genera discrepancias es que la consulta prelegislativa sobre la ley tenga un carácter sólo consultivo y no vinculante. En el primer caso, la consulta que se haga a los indígenas puede o no ser tomada en cuenta, en cambio en la vinculante es obligación que sus observaciones sean consideradas.

El tercer punto en discusión sobre la contaminación que generan las mineras en aguas subterráneas, indicó. (RET)

 

 

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