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Las reservas naturales del país representan el 11% del territorio colombiano donde viven por lo menos 93.000 campesinos, colonos, negros e indígenas. Unas 14 millones de hectáreas que se han blindado de los grandes proyectos productivos y del desarrollo mismo para garantizarle a los habitantes del país el aire limpio que respiran, la calidad el agua que consumen y el cuidado de su biodiversidad.

Pero en gran parte de esas reservas también se ha colado por años el conflicto armado. Algunos parques como Paramillo, Las Hermosas, Katios y la Macarena han sido la casa de guerrilla, cultivos ilícitos, laboratorios para fabricar coca y de campamentos donde duermen secuestrados.

¿Qué sucederá con estas áreas protegidas si se llega a firmar un proceso de paz con las Farc en la Habana?, fue la pregunta que intentaron resolver algunos expertos y autoridades del gobierno durante el II Congreso Nacional de Áreas Protegidas, convocado en Bogotá por la Unidad de Parques Nacionales.

Para Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales, es necesario que, de firmarse la paz, el Estado centre su atención en entregarle protección a la población que está dentro de los Parques, "esos campesinos han sido invisibles para el Gobierno. No tienen acceso a servicios básicos, sus hijos no va a las escuelas, tampoco cuentan con atención en salud y muchos no tienen papeles que los declaren dueños de tierras. Se tiene que regular la tenencia de la tierra fortaleciendo la propiedad y adecuando más los parques para que estas personas puedan trabajar en ecoturismo".

Sumadas a todas las dinámicas que rodean el conflicto armado, las reservas naturales del país también están siendo deterioradas por actividades como la minería ilegal, la extracción de otros recursos no renovables, ganadería extensiva y tala. Partiendo de esto, el viceministro de Ambiente Pablo Vieira cree que en primer lugar el Estado debería adelantar una limpieza y recuperación de estas áreas vulneradas, "pero esto sólo se logra entregándole a los habitantes de los parques alternativas productivas reales para que puedan salir y vivir tranquilamente".

En el posconflicto, continúa Pablo Vieira, "el tema ambiental va a ser transversal. Sabemos que así como van a desaparecer ciertas presiones van a aparecer otras debido a que va a ser más fácil acceder zonas del país a las que antes era imposible y el gobierno tiene que prepararse para eso", menciona al hacer referencia a la posible expansión de todo tipo de industrias hacia territorios hasta ahora deshabitados.

Pero algunos, como el senador Juan Lozano, creen que con el poco presupuesto que el país invierte en la Unidad de Parques Nacionales será muy difícil estar preparados para atender nuevos conflictos. "El Estado ha sido miserable con Parques Nacionales en su asignación presupuestal. Nos tiene que dar tristeza que los impuestos destinados a la protección de las reservas sean tan insuficientes. Es hora de reabrir el debate sobre los impuestos verdes", dijo en el foro.

Según datos oficiales el presupuesto del Sistema de Parques Nacionales no alcanza a ser el 1% del presupuesto Nacional. Solo en 2013 su directora aseguró que trabajaba con $56.000 millones cuando necesitaba al menos $151.000 millones más.

Ante esta realidad el ministerio de Ambiente cree que es necesario atraer más inversión de parte de las empresas a la conservación, recursos que permitirán idear estrategias para gestionar las reservas una vez salgan de allí los grupos armados. "Hay que quitarle a ese sector algunos incentivos perversos y atraer recursos de las regalías para el mantenimiento de las áreas protegidas. Las regalías son impuestos que se pagan por actividades que vulneran el medio ambiente y no es posible que ese dinero no esté contribuyendo a la conservación", dice el viceministro Viera.

A este debate se suma Julio Carrizosa, ambientalista y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para el académico el país debería destinar el 100% de los impuestos de regalías en encontrar, por medio de la investigación científica, alternativas energéticas que a futuro le permitan al país prescindir de la extracción de oro, carbón o petróleo.

Pero, insiste el académico, el debate sobre posconflicto y áreas protegidas no puede centrarse solamente en temas económicos. "La vida no solo es producir. Hay que preguntarnos en cómo vamos a aprovechar esas reservas para vivir mejor. La nación necesita espacios para recrearse, el posconflicto los necesita".

En el mismo sentido Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humboldt cree que se deben encontrar estrategias más exitosas para lograr que los colombianos se interesen por sus áreas protegidas. "No hemos podido convencer a la gente de que estas áreas los llenan de beneficios, les traen bienestar, salud ¿dónde está la educación ambiental?. La Unidad de Parques Nacionales requiere tener una jerarquía mayor, no solo para estar más presente en las regiones sino para motivar a que los gobiernos locales incorporen la conservación a sus planes de gestión. Son muchos parques y sus realidades y conflictos también muy distintos. Cada uno deberá idear la manera de asumir la firma de la paz".


@angelicamcuevas

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