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Para el sociólogo Octavio Penteado, asesor de programas de la Comisión Pro-Indígena de São Paulo, está claro que el lento proceso de demarcación de las tierras indígenas en Brasil actualmente se debe a intereses políticos que involucran al gobierno federal y la banca parlamentaria de grandes propietarios de tierras en el Congreso, los llamados ruralistas. 

El problema es que el retraso en el cumplimiento de esta demanda, constitucionalmente garantizada a los indígenas brasileños, ha provocado una ola de violencia e inseguridad en el país. "El ministro de Justicia [José Eduardo Cardozo] habló claramente durante las manifestaciones que tuvieron lugar recientemente en Brasilia [Movilización Nacional Indígena], que ellos están deteniendo las demarcaciones de tierras para evitar conflictos, cuando la situación debería ser considerada en el sentido contrario. Cuando usted decide no demarcar, crea inseguridad, tanto entre las poblaciones indígenas, como entre los terratenientes”.

Adital: ¿Cómo hemos llegado a este cuadro preocupante de violencia que involucra a los indígenas de Brasil?

Octavio Peinado: Los conflictos actuales que estamos viendo, tanto en Mato Grosso, en Alagoas, Bahia, como aquí en Sao Paulo, no se refieren a cuestiones particulares relacionadas con estas regiones, sino a un problema general en el país. Ya no se están regularizando las tierras indígenas en Brasil, y cuando se llega a dar, sigue un ritmo muy lento. Cuando vemos los números, se pone de manifiesto cómo el gobierno parece decidido a no dar más áreas a los pueblos indígenas, favoreciendo exactamente a las personas que están causando estos conflictos. Se adjudica la responsabilidad de los conflictos a los indios, afirmando que ellos están queriendo más tierras, pero el problema es el contrario. Cuando usted no cumple con el proceso de regularización de estas áreas, crea una situación de inseguridad para ambas partes.

Adital: ¿Es exactamente la falta de reglamentación lo que está causando el conflicto?

OP: Exactamente. Si hay conflictos, Ud. tiene que buscar resolver lo que es posible, después de la demarcación de la tierra. En este nuevo modelo de regularización de las tierras indígenas, desde el principio, ya están consultado a todos los órganos para ver cuál es su posición en relación a la regularización la tenencia de la tierra y, a menudo, estos organismos no tienen una posición muy a favor de estas poblaciones. Para que Ud. vea, concretamente aquí en el estado de São Paulo, la último de la tierra fue demarcada y aprobada hace 16 años. Los procesos están sucediendo, pero de manera muy lentamente.

Adital: ¿Es una posición oficial de la Funai [Fundación Nacional del Indio], que la demarcación de las tierras indígenas y de quilombolas debe ser paralizada en Brasil?

OP: Justicia ministro [José Eduardo Cardozo] expresó claramente durante las manifestaciones que tuvieron lugar recientemente en Brasilia [Movilización Nacional Indígena], se ellos están deteniendo las demarcaciones de tierras para evitar conflictos cuando la situación debería ser vista a la inversa. Cuando usted decide no demarcar, se genera incertidumbre tanto entre las poblaciones indígenas, como en los terratenientes. Cómo el Estado no regulariza , ellos [los indígenas] están teniendo que volver a esos espacios que anteriormente ocupaban y de donde fueron expulsados, enfrentando a personas muy poderosas - tanto política como económicamente - sin ningún apoyo del gobierno.

Adital: Denos un ejemplo de una regularización que podría haber logrado la paz para ambas partes.

Dar un ejemplo claro es difícil, porque lo común, por desgracia, es que el conflicto, continúe de alguna manera, incluso después de la demarcación. Pero, al menos, Ud. comienza a tener un respaldo, la población [indígena] tiene ahora más seguridad. Aquí, en São Paulo, hay un área en la región de Peruíbe, que pasó por un conflicto muy grande. Hubo una empresa minera, que funcionó hasta 2007, y el propietario de esa explotación se involucró en conflictos violento con la población indígena. Con el acuerdo, la compañía minera tuvo que parar sus actividades, los indios conquistaron un mayor control sobre la tierra, sobre la entrada de extraños al área. El proceso no ha concluido, pero sólo este reconocimiento legal, ha generado mucha mayor seguridad para ellos y ha llevado a una drástica reducción de los conflictos. El área de Peruibe está muy cerca de la ciudad, entonces, hay mucha gente entrando en esa área en todo momento. Los problemas continúan, hay personas que destruyen placas, no aceptan la presencia de la población indígena, pero el solo reconocimiento legal pacificó la situación.

Ellos son libres de tomar otras decisiones sobre cómo pueden vivir, cómo debe ser la vida para ellos... Aquí en São Paulo [de capital], incluso, tenemos comunidades en Parelheiros [extremo sur de la capital], donde el área identificada una de las más pequeñas del Estado de São Paulo. Ellos están consiguiendo ocupar algunos espacios, pero el clima todavía es de inseguridad. Cuando Ud. retrasa el proceso, la impresión que se tiene es que nunca se llegue al final del mismo, dificultando la garantía en la seguridad de estas poblaciones.

Adital: ¿Cómo fueron los casos de violencia en Peruibe?

OP: Se trata de casos, por así decirlo, no como en Mato Grosso, que tiene su peculiaridad como área. . Aquí, en São Paulo, las áreas indígenas están muy cerca de las zonas urbanas, entonces hay mucho problema con la entrada de personas desconocidas y cuando cuestionas la presencia de esas personas, hay violencia.

¡Imagínese las personas pasando en carro! Hay una carretera que atraviesa la tierra de Peruibe [Carretera Manuel da Nobrega], y ya hemos tenido casos de muerte de indígenas por atropellamiento. Es una región de la costa, las personas conducen motos en las playas, donde los niños deambulan libremente. Esa es una zona turística y la gente entra en la tierra indígena para este propósito. Los propietarios que están siendo retirados de la región se resisten, llegando a actuar con violencia. La regularización de la tierra es muy importante, pero tiene que haber otras acciones en conjunto, como un acompañamiento policial al comienzo.

Adital: Aun teniendo Peruibe como un ejemplo, ¿cómo es el mantenimiento de la cultura tradicional de ese pueblo ante la proximidad a la ciudad? ¿La explotación minera, ha producido gran daño ambiental?

OP: Esta pregunta es abordada en uno de los trabajos que estamos haciendo en la región, que es la recuperación del medio ambiente. Este proceso ya se venía dando, la empresa fue obligada a revitalizar esa zona en cumplimiento de la legislación minera, presentó un plan de recuperación, sólo que la propuesta fue hecha sin tener en cuenta la presencia indígena.

Cuando fuimos a cuestionar a la FUNAI sobre este caso, esta agencia respondió que simplemente no lo sabía. El plan de recuperación había sido aprobado por el Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables], y no fue un proceso en que los indígenas sean consultados o en la FUNAI participe, pensando todos en la recuperación.

Adital: Entonces, actualmente ¿está detenido el Plan de Recuperación [de Peruibe]?

OP: el plan fue aprobado, pero no es un acuerdo entre agencias (competentes) para que haya participación de los indígenas. Nos encontramos en un momento de la discusión interna en las aldeas para de entender lo que quieren hacer, cómo quieren hacer la recuperación.

En cuanto a la cultura, las aldeas en realidad, son muy cerca de la ciudad. Hay cinco [aldeas], es de ellas al lado de la ciudad, otra está muy cerca, entonces, en el caso de ellas, el mayor problema, es que no tienen control sobre quién entra su tierra. Pero al mismo tiempo, el espacio urbano es importante. Ellos circulan por la ciudad, conocen a las personas de ahí, algunos trabajan, manteniendo toda una forma de vida. No es su presencia en la ciudad o la degradación del medio ambiente lo que destruye esa relación. Hay una muy fuerte actividad cultural, una religiosidad tupí-guaraní que mantienen de generación en generación, incluso utilizando el teléfono celular, teniendo la televisión en casa. Eso no es todo esto lo que los convierte en menos indígena.

 

Adital: La vida en la ciudad y la vida en la comunidad, una no excluiría a la otra.

 

OP: Sí. Claro que están los impactos, no da para uno decir que no porque los hay. Pero tampoco da para decir ‘ah, vivió en la ciudad entonces no es indio’. Aquí en San Pablo, tenemos las comunidades de Parelheiros [extremo sur de la capital], con indígenas que nunca salieron de la aldea, a pesar de estar muy cerca de la ciudad. Existe una cuestión familiar muy fuerte, una cultura, un modo ‘correcto’ de vivir, que es típico de ellos, que los une [como grupo]. Tenemos, inclusive, indios que viven en la ciudad de San Pablo, sin aldeas, pero que mantienen sus actividades culturales. En ese caso, ellos optan por vivir cerca unos de otros. Existe toda una discusión de cómo dar asistencia a esos indios que viven en la ciudad, pero ésa es una discusión mucho más compleja.

Adital: ¿Es posible, jurídicamente, prohibir el tráfico de personas hasta la finalización del proceso de regularización?

OP: No es prohibir, es posibilitar que los indígenas tengan un mayor control sobre el paso de personas por allí. El área es de ellos, usted no puede entrar sin consultarlos. Ellos acaban teniendo que hacer algo, como lomos de burro en el camino, por ellos mismos.

Adital: ¿Cómo está el proceso de regularización de tierras indígenas en el Estado de San Pablo?

OP: Tenemos 29 tierras por lo menos con la regularización iniciada, 12 son tierras homologadas y 17 en las que el proceso todavía está ocurriendo. Tenemos otras 14 que están en proceso de identificación del área, de éstas, una identificada y dos declaradas, que están un poco más avanzadas. Las identificaciones vienen ocurriendo desde 2007, 2010, grupos de trabajo fueron creados para identificar esas 14 tierras, pero, desde aquella época, no hay resultados. Ya preguntamos, oficialmente, a la FUNAI como están los procesos; la posición oficial es que están siendo analizados, pero es un proceso muy largo. Preguntamos, oficialmente, a la FUNAI también qué otras tierras están demandando ese proceso de regularización, y nos dijeron que, además de ésas, hay 16 que ni tuvieron el proceso iniciado. Esa consulta fue el año retrasado (2012), entonces puede ser que haya hasta más tierras esperando el comienzo del proceso.

Y siguen los conflictos. Está el problema con la tierra de Jaraguá, que es la menor tierra indígena de Brasil, un lugar donde viven más de 500 personas, mucha gente. 1,75 hectáreas no es nada si estamos hablando de necesidades de cazar, plantar... El proceso va a aumentar el área a 500 [hectáreas], que es un área mucho mejor, pero que nunca, realmente, será lo ideal si nos pusiéramos a pensar. Ellos estaban con una orden de reintegro de posesión de un área que habían ocupado cerca del Pico de Jaraguá [zona oeste de la ciudad de San Pablo], y consiguieron la suspensión con una manifestación frente al Tribunal Regional Federal [en julio de este año]. Uno ve que se produce este tipo de inseguridad que se crea cuando se decide no regularizar las tierras.

Adital: La Constitución dice una cosa, pero en la práctica estamos viendo otra. ¿Cómo la Comisión Pro-indio entiende esa dicotomía?

 

OP: La Constitución exige un tiempo mucho menor de lo que está ocurriendo actualmente para la regularización de las tierras. Hay una falta de respeto a la ley, deberíamos atender a todas las poblaciones que demandan. Pero la cuestión es ésta, hay una decisión institucional del gobierno de no hacer las demarcaciones. Hay una información clara de cerca de 30 procesos que están parados sin ningún motivo judicial. Hay casos que están parados por motivos más complejos, pero que, de cualquier forma, tampoco se justifican, lo que no es el caso de estos. De los 30 hay procesos de tierras que están en el Ministerio de Justicia ya para ser declaradas, sólo falta firmar el decreto, y no se está haciendo. Y, como ya dijo, según el Ministerio [de Justicia], no habrá demarcación para ‘evitar conflictos’.

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