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Dos meses después que un comité de ministros cancelara los permisos ambientales al controvertido proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que incluía la construcción de cinco represas en la Patagonia occidental, directivos de la empresa chilena Colbún anunciaron su decisión de continuar con la iniciativa.

Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, que controla un 49% del megaproyecto que desarrollará Endesa —empresa española de propiedad de la italiana Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL)— anunció este 17 de agosto que “reformulará aspectos del proyecto”.

Días antes, la empresa había impugnado la decisión del comité de ministros de invalidar una resolución parcial tomada en mayo del 2011 por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) que daba luz verde al proyecto. HidroAysén presentó ante el Tribunal Ambiental de Santiago el primero de varios recursos con los cuales busca revertir lo obrado por las actuales autoridades.

Según el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, la resolución del comité de ministros que revocó el permiso ambiental a HidroAysén fue correcta. “Como Ministerio del Medio Ambiente nos asiste la convicción de que el camino elegido fue el correcto en la forma y en el fondo. Este es un proyecto que no se hace cargo de sus impactos ambientales”, dijo.

El proyecto, impulsado desde el 2007, tiene prevista la construcción de cinco represas en los ríos Pascua y Baker, con embalses que inundarían casi 6,000 Ha para generar 2,750 megavatios de energía eléctrica, equivalente a un 20% de la actual capacidad instalada de Chile. La inversión calculada en US$3.2 millardos incluía construir una línea de transmisión de 2,000 km desde la Patagonia hasta Melipilla, al sur Santiago, considerada la más larga del mundo.

El comité acogió por unanimidad los 35 reclamos contra el proyecto, presentados en su mayoría por comunidades y ecologistas, por su elevado impacto: inundación de delicados ecosistemas, incluyendo una parte del Parque Nacional San Rafael, y porque pondría en peligro la subsistencia de miles de agricultores y comunidades indígenas cuyas tierras desaparecerían bajo el agua.

Intervenciones indebidas

Patricio Segura, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén y dirigente del Colegio de Periodistas, señaló a Noticias Aliadas que “a mediados de julio, el máximo representante de ENEL [Francesco Starace, de visita en Chile para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte], reconoció que este proyecto los chilenos no lo queríamos, y que bajo esas condiciones no estaban disponibles… Da la impresión que ahora lo que quiere hacer la gerencia chilena de HidroAysén es revertir esa visión política estratégica y en el fondo tratar de meter por la ventana el proyecto”.

Según el senador Guido Girardi, HidroAysén hizo lobby en la Dirección General de Aguas mediante un ex empleado de la empresa, que en el 2010 se desempeñaba en la repartición estatal. “Llegó a trabajar a esta institución un señor de nombre Carlos Chiappa, que era abogado de HidroAysén, y que tuvo rol en un conjunto de resoluciones que permitieron cambiar lo obrado el año 2008, ese es un cambio que obedeció a presiones, a intervenciones indebidas”, manifestó.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, envió al comité de ministros un informe elaborado en el 2002 que señalaba diversas ilegalidades desde su inicio en la tramitación y aprobación de HidroAysén y que nunca debió entrar siquiera al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Para Miriam Chible, representante de Democracia Regional Patagónica, el reclamo de HidroAysén “no tiene mucho futuro por las contradicciones corporativas y por los derechos de agua”.

Por su parte, Peter Hartman, presidente del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), opina que “el gobierno está probablemente por cerrarles los derechos de agua, entonces con eso se acaba el proyecto. Si llegaran a ganar les quedaría un año por delante para hacer algo en construir, porque si no pierden la resolución ambiental aprobatoria, de mayo del 2011”.

HidroAysén recurrió a la Justicia en virtud de la Ley 20.600 del 2012, que crea los tribunales ambientales y que establece que estas instancias son competentes para “conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental”.

Según el alcalde de la comuna de Tortel, en la región Aysén, Bernardo López: “La plata no va a subsanar los problemas ambientales que pudiéramos tener. Sería pan para hoy, hambre para mañana. HidroAysén tiene que respetar a la población que ha venido a colonizar esta región y a buscar un mejor futuro. Por tanto, el proyecto tiene que ser rechazado”.

Tortel se emplaza en la desembocadura del río Baker, donde pretenden instalar dos megarepresas. Se estima que en el período pico de la construcción, habrá entre 5,000 y 7,000 trabajadores, en una provincia que hoy cuenta con 4,000 habitantes. Para la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, “mientras los derechos del agua estén en manos de grandes corporaciones se mantendrá vigente la amenaza sobre las cuencas y comunidades locales”.

La investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Gloria Baigorrotegui, advierte al informativo virtual de la Universidad de Santiago, U de Santiago al Día, que los cuestionamientos a la transparencia en los procesos de certificación del proyecto dan cuenta de las tensiones al interior de la institucionalidad: “Se están haciendo visibles las tensiones de la política energética, que no tiene en cuenta el territorio. Se necesita más energía, la pregunta es cómo generarla”.

Entorno frágil

Juan Varela, presidente del Colegio de Profesores y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Coyhaique, capital de Aysén, acota: “Nos levantamos contra HidroAysén, porque estamos conscientes de que nuestro entorno geográfico es frágil. Vivimos en un país sísmico, volcánico. Para producir energía, principalmente para las mineras, hay otras vías, en el norte tenemos irradiación solar, geotermia, energía eólica, podemos instalar hidroeléctricas, pero de administración local, que la comunidad se haga cargo. Eso es sustentabilidad”.

Andrés Gillmore, de la Corporación Costa Carrera, dice: “Siempre hemos tenido preocupación por la sustentabilidad de la cuenca del Baker y de sus comunidades. El tema de las centrales hidroeléctricas que pretende construir HidroAysén es verdaderamente una amenaza seria de destrucción para esta reserva de vida.
 
Existen en la actualidad muchos estudios realizados, que de una manera u otra han sido acallados por la transnacional y no tomados en cuenta por el gobierno. Las centrales de generación eléctrica con embalse y muros de contención, inevitablemente generarán un cambio radical del hábitat fluvial, al inundarse importantes tramos aguas arriba de los embalses, causando efectos negativos intolerables al descontinuarse los ríos y desconsiderar el natural fluir de los sedimentos y las materias orgánicas. Los problemas generados por los embalses son imposibles de mitigar”.

EEUU y Canadá, que cuentan con vasta experiencia en generación de energía, precisamente han desechado las hidroeléctricas por la producción de altos niveles de sedimentación terminal y por tener una vida útil de no más allá de cincuenta años.

Existe un amplio proceso de movilización contra HidroAysén. Varios senadores y diputados han solicitado al gobierno que se le deroguen los permisos al consorcio Endesa definitivamente.

“Queremos proteger el sur de Chile, la Patagonia, de megaproyectos como el proyecto minero Pascua Lama y la central termoeléctrica Los Robles, ente otros,  que han hecho un uso abusivo de los derechos de agua, que los han logrado de forma ‘gratuita’, y en el caso de HidroAysén, un grupo de expertos, de abogados, han detectado que fueron mal otorgados”, manifestó el senador Antonio Horvath. —Noticias Aliadas.


Arnaldo Pérez Guerra

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