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La Red Territorios Visibles rechaza las iniciativas estatales y privadas que buscan privatizar el acceso y uso de las semillas, e invoca a los gobiernos latinoamericanos a resguardarlas por su papel fundamental en la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria de la región.

La habilitación de nuevas tierras de cultivo para el avance de un modelo de agricultura extensivo, junto con la adopción masiva de cultivos transgénicos aparece como una de las principales causas de conflictos medioambientales y por la propiedad de la tierra, no sólo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo.  Esto se debe a que la denominada agricultura "industrializada" cambia el paisaje de las zonas rurales de nuestros países, especialmente de aquellas áreas antes consideradas "improductivas" para las explotaciones a gran escala, sin considerar que en ellas existen prácticas productivas desarrolladas y enriquecidas por comunidades campesinas, indígenas y pequeños agricultores que han permitido la provisión de alimentos durante siglos.

  Ignorando ese aporte milenario que las poblaciones rurales han realizado para la provisión de alimentos sanos, la agricultura industrial proclama apostar por la aplicación masiva de un paquete tecnológico que incorpora criterios de eficiencia y eficacia en la producción agroalimentaria.  Sin embargo, obvia decir que el control del desarrollo y comercialización de este paquete tecnológico -que incluye semillas transgénicas, agroquímicos, fertilizantes, tecnología de siembra, entre otros- está en manos de un grupo de no más de diez empresas transnacionales, con lo cual millones de campesinos e indígenas del continente son privados de los medios con los que supieron autoabastecerse, comercializar y realizar intercambios, afectando a la agricultura familiar de la región. Esto es especialmente grave, tomando en cuenta que este tipo de agricultura juega un papel clave en la seguridad alimentaria de los pueblos, al ser responsable de una parte importante de los alimentos que se consumen en América Latina -hasta un 70% en algunos países- pese a no contar con condiciones adecuadas.
 
La irrupción de esta nueva lógica de producción no hubiera sido posible sin la existencia de un marco político y normativo que la aliente. En efecto, en la década de los noventa se aprobaron tratados internacionales y leyes nacionales que sentaron las bases del  llamado "consenso de los commodities", que reafirmó el carácter primario exportador de nuestras economías, generando una articulación peligrosa entre las empresas transnacionales y los estados.
 
En el caso de la producción agrícola, específicamente en el tema de las semillas, ese marco político -normativo denominado UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), con el pretexto de otorgar "seguridad jurídica" a las innovaciones biotecnológicas generadas por empresas, aspira a que los estados generen normativas que restrinjan el libre uso e intercambio de las semillas, otorgando algo parecido a una patente para el  cobro de regalías a los productores agrarios cada vez que quieran sembrar alguna variedad de semillas modificada genéticamente.
 
Con ese objetivo, la transnacional Monsanto, una de las principales promotoras de la UPOV, ha encabezado un intenso lobby con los gobiernos latinoamericanos, que ha derivado en que hoy existan leyes aprobadas o en debate que ubican a la semilla ya no como un patrimonio cultural, colectivo y fundamental para la humanidad, sino en la órbita del interés privado como cualquier otra mercancía negociable en el mercado. De masificarse la adopción de UPOV 91, las tres empresas que controlan el 53% del mercado de semillas transgénicas a nivel mundial -que hoy recaudan cerca de 20 millones de dólares anuales- podrían incrementar ostensiblemente sus ganancias.
 
De ese modo, aquel material genético incorporado en la semilla y que por siglos fue compartido, guardado y mejorado por las comunidades campesinas, pueblos originarios y agricultores locales está en riesgo de ser expropiado, al igual que sus territorios como resultado del avance de la frontera agropecuaria. A esto se suma que el incremento del uso de transgénicos puede llevar a la pérdida de numerosas variedades de semillas nativas y originarias, producto de la contaminación de su material genético o de las fumigaciones de las que son objeto.
 
La situación en algunos países de la región
 
En Argentina, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que participan del Movimiento Agreoecológico de América Latina (MAELA), manifiestan su preocupación frente a las propuestas legislativas que pretenden modificar la normativa vigente para adecuarla a las condiciones de la UPOV91 y así garantizar el "respeto por la propiedad intelectual" de las transnacionales. Uno de los principales motivos de preocupación es que el contenido de estas propuestas no se ha hecho público de manera oficial, ni tampoco se ha convocado al debate a las organizaciones de agricultores familiares y pueblos originarios.
 
En Bolivia, el Estado viene realizando esfuerzos importantes durante los últimos años en pos de recuperar y resguardar las semillas nativas, principalmente a través de la creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Cabe precisar que la legislación vigente contempla la prohibición de uso de semillas transgénicas de las especies consideradas originarias, sin embargo, existen motivos de preocupación por una gradual introducción de semillas transgénicas de maíz, pues en la actualidad la única semilla modificada genéticamente que es utilizada de forma legal y extensiva en el país es la de soya. Entonces, aunque el panorama boliviano no es desalentador, es importante enfatizar que el riesgo sobre el lobby empresarial del agronegocio está muy presente, incluso bajo la administración del presidente Evo Morales.
 
Finalmente, en el caso de Perú, si bien existe la ley Nº 29811 del año 2011 que establece una moratoria de diez años para el ingreso y la producción de transgénicos en el país, cabe mencionar que desde su aprobación esta norma es objeto de presiones por parte de grupos de interés opuestos a su aplicación y que buscan desvirtuarla o modificarla. Además, no se sabe con seguridad si la ley se cumple, pues al menos en el rubro de maíz amarillo, los principales proveedores de semillas son conocidas empresas productoras de transgénicos como Monsanto, Dow Agrosciences, Limagrain y Syngenta.
 
Tomando todo lo anterior en consideración, la Red Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda privatizar las semillas, pues se trata de un patrimonio de la humanidad y de especial valor para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros países.
 
Consideramos que cualquier nueva normativa que se genere en torno a las semillas, debe desarrollarse en el marco del diálogo con la ciudadanía y con especial protagonismo de los agricultores familiares campesinos e indígenas. También consideramos necesario invertir recursos técnicos y humanos destinados al resguardo, investigación y conservación de las semillas nativas y originarias, pero no basta con la generación de bancos de material genético en un laboratorio. Desde nuestro punto de vista, la preservación de nuestras semillas nativas debe realizarse poniendo en valor las prácticas de las comunidades rurales que por siglos han sabido mejorarlas para el bien común, fortaleciendo sus redes de intercambio y sobre todo su arraigo en los territorios donde la semilla genera vida y producción en beneficio de toda la sociedad.

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