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Han pasado diez años desde que el pueblo uruguayo organizado y movilizado enfrentó la privatización neoliberal de los servicios de agua y saneamiento y preservó este bien público estratégico dentro del patrimonio de la República, como bien común y al hacerlo también sentó las bases para su consideración como un derecho humano fundamental, lo cual posteriormente fuera refrendado a nivel internacional a través de la Organización de Naciones Unidas.

La década transcurrida desde este enorme triunfo popular, de los trabajadores y las trabajadoras, del movimiento ambientalista y social uruguayo no ha sido de contemplación ni de pasividad.

La gestión democrática y participativa de las diferentes cuencas hídricas del territorio y de los servicios públicos vinculados al agua y saneamiento están planteadas aún como un enorme desafío, inseparable de las políticas de justicia ambiental y social en el país. En ese desafío han existido avances y espacios de estancamiento. Al estatus constitucional del acceso y a la recuperación de la gestión de agua potable y saneamiento, la incorporación del tema a las plataformas sindicales y sociales del país, el fortalecimiento de la institucionalidad pública vinculada al agua y a los Derechos Humanos, se enfrentan a la amenaza de apropiación y el deterioro de las cuencas hídricas por parte de un modelo de agronegocios concentrador y excluyente, así como el extractivismo primario en general.

El crecimiento de la agricultura empresarial de monocultivo y de la forestación con perfil exportador impactan sensiblemente sobre las cuencas, la disponibilidad y calidad del agua dulce superficial y subterránea.

El uso indiscriminado y creciente de agrotóxicos, entre otros factores, ha redundado en la contaminación de fuentes de agua para la población urbana y rural, cuyo ejemplo más resonante ha sido el referente a la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece de agua potable la mitad de la población del país. Otro tanto ocurre en Laguna del Cisne, en Canelones o en la Laguna del Diario en Maldonado, así como en el Río Uruguay, todas ellas fuentes del recurso acuífero a importantes zonas urbanas del país y de alimento a través de la pesca artesanal. A distinto nivel de gobierno se han dado respuestas a estos impactos. No obstante, la clave continúa siendo la presencia organizada de la población sobre la que inciden primeramente estos impactos.

La industria extractiva minera aurífera en el sur y centro norte del país, de un lado, así como la consolidación de la minería trasnacional de gran porte y su extensión en infraestructura se contraponen a este principio forjado y aprobado con enorme apoyo de la población uruguaya diez años atrás.

Para celebrar la primera década de aquella gesta, evaluar el momento en que se encuentra la defensa del agua y los ecosistemas y proyectar el fortalecimiento de la gestión participativa de las cuencas, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), responsable del triunfo histórico de 2004, organiza la mesa redonda “A diez años de la Reforma Constitucional en Defensa del Agua”.

La integrante de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FOSSE), Carmen Sosa señaló: “a una década de la Reforma Constitucional queremos decir que la lucha sigue, estamos comprometidos en la defensa de las fuentes de agua, así como antes lo hicimos por la participación, la gestión y el control del servicio”.

Asimismo, la sindicalista sostuvo que los megaproyectos en discusión actualmente en el país deben ser discutidos por los trabajadores en su conjunto, teniendo en cuenta el “pasivo ambiental” de los mismos. “Hoy no estamos siendo consultados”, remarcó la integrante de la CNDAV y remarcó que aunque existen mecanismos de participación establecidos por la Constitución sobre la gestión hídrica como los Comités de Cuenca y los tres Consejos Regionales establecidos en el país, el involucramiento de las organizaciones no ha sido suficientemente activo en parte por problemas de comunicación desde el Estado.

En lo que hace a la empresa estatal de agua y saneamiento, Sosa remarcó que la misma ha apelado a la tercerización de fuerza de trabajo, dificultando la sindicalización de esos obreros y empleados, así como la “apropiación” de la institución pública rectora en lo que hace al agua por sus trabajadores.

A través de la Mesa Redonda a que se convoca para este jueves 9 –agregó Carmen Sosa- se busca “poner el tema sobre la mesa y que tanto los trabajadores como los actores políticos discutan y se comprometan con la Reforma Constitucional que obtuvimos con más de un 60 por ciento de apoyo de la población hace ya diez años”.

Participarán de la Mesa Redonda el arquitecto Francisco Beltrame, ministro de Medio Ambiente; Oscar Rodríguez, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP); el doctor Marcel Achkar, investigador de Facultad de Ciencias e integrante de Redes – Amigos de la Tierra y el Programa Uruguay Sustentable; Carlos Sosa del sindicato de trabajadores de OSE y la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian de la CNDAV.

La Mesa Redonda se realizará en la sede del PIT – CNT (Jackson 1283, Montevideo) y cuenta con la convocatoria de la central sindical, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la ISP, Redes – AT y el Programa Uruguay Sustentable.

Habrá lugar para el debate e intercambio entre los participantes.

Por la importancia estratégica del tema en un contexto donde se discuten las futuras políticas de desarrollo y medio ambiente en el país, invitamos a la población en general y a los medios de comunicación en particular a dar cobertura a dicho evento.

Asimismo, compartimos una reciente producción audiovisual de Redes – AT sobre la problemática del agua: El Derecho Humano al agua.


Para más información:

María Selva Ortíz (Redes – AT): 099 259 822
Carmen Sosa (CNDAV): 099 546 232

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