Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Envíe su artículo

Posts @IPDRS

El Gobierno paraguayo anunció hoy que comenzará los trámites de "inscripción preventiva" de tierras a nombre de la comunidad indígena Shaawoyamaxa como exige la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde 2006 para evitar que el hasta ahora propietario las ponga en venta.

El Gobierno paraguayo anunció hoy que comenzará los trámites de "inscripción preventiva" de tierras a nombre de la comunidad indígena Shaawoyamaxa como exige la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde 2006 para evitar que el hasta ahora propietario las ponga en venta.

Una semana después de que la Corte Suprema reafirmara la legalidad de la histórica ley de expropiación aprobada por el Congreso y por el presidente Horacio Cartes, el Instituto Nacional del Indígena (INDI) avisó que iniciará la transferencia de las 14.404 hectáreas que exige la sentencia de la CorteIDH.

"El INDI procederá a la negociación del pago por indemnización de las tierras expropiadas, las cuales ya cuentan con tasación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones", aseguró en un comunicado la institución encargada de velar por los derechos de los aproximadamente 112.000 indígenas que viven en Paraguay.

Los Sawhoyamaxa aseguraban que la empresa ganadera Grupo Liebig, del alemán Heribert Roedel, atrasaba "con maniobras jurídicas" el cumplimiento por parte del Estado paraguayo de la sentencia internacional que le obliga a devolverles parte del territorio ancestral del pueblo indígena enxet, al que pertenecen.

"Con estas acciones el INDI garantizará a los Sawhoyamaxa la titularidad legítima de las tierras, de modo así a evitar que Roedel ofrezca a la venta las tierras durante el proceso de expropiación", explicó el organismo estatal.

Después de que el Congreso y el Gobierno aprobaran en abril la expropiación que exige la sentencia internacional, los abogados de Roedel presentaron una acción de inconstitucionalidad aduciendo que la ley violaba "principios constitucionales de la propiedad privada".

Sin embargo, la Corte respondió la semana pasada que la ley no viola ningún principio constitucional y que la figura de expropiación está prevista en la Constitución.

De esta forma el Gobierno de Cartes comienza a cumplir con una de las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Paraguay arrastra sin acatar en materia de derecho territorial indígena.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema remarcó que las comunidades indígenas de la zona "existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de 'propiedad'" por lo que las mismas deben volver "al estado anterior de sus poseedores originales bajo las reglas de la propiedad comunitaria".

El Estado paraguayo fue condenado en 2006 por la CorteIDH por violar los derechos a la vida, la integridad personal, a la identidad y a la integridad territorial, entre otros, de los indígenas Sawhoyamaxa.

Esta comunidad, proveniente del Chaco Boreal, en la región occidental del país y que está formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por Roedel, según la sentencia de la CorteIDH.

 

Durante dos décadas se vieron obligados a emigrar de su territorio e instalarse en el margen de una carretera, donde nunca tuvieron asistencia del Estado.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar