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El miércoles 15 de octubre, la Comisión de Soberanía Alimentaria sesionará en Guayaquil en lo que constituirá el inicio de la socialización del proyecto de Ley Orgánica de Tierras.

Aparte de Quito, de acuerdo con el cronograma, hasta el 18 de octubre visitarán también Cuenca y Riobamba. El objetivo es recibir los aportes de diferentes organizaciones y otros actores sociales.

El documento que se someterá a discusión en las diferentes ciudades, previo su primer debate en la Asamblea, fue aprobado el 2 de este mes y consta de 118 artículos.

Cuando se inició el trabajo de la Comisión para preparar este proyecto, se unificaron cinco propuestas existentes y se estableció como Ley de Tierras Rurales, pero, tras los debates respectivos, se amplió el concepto y quedó establecido como Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

La normativa

El Capítulo V del Título II de la propuesta se refiere a los derechos a la tierra comunitaria y territorios de los pueblos y nacionalidades. En su artículo 64 se reconoce y garantiza la posesión ancestral, que consiste en la ocupación actual e inmemorial de un territorio, “en donde se da la reproducción de la identidad y vida de varias generaciones de comunas, pueblos y nacionalidades que sustentan su continuidad histórica”.

También se refiere a los derechos colectivos, como conservar la propiedad imprescriptible de tierras comunitarias, la exoneración del pago de tasas, impuestos y tributos, no ser desplazados...

Las primeras reflexiones

El asambleísta Miguel Carvajal (PAIS), presidente de la Comisión, confía en que para la primera quincena de noviembre esté listo el informe para primer debate. Añadió que se incorporó el tema de los territorios ancestrales, ya que el Estado es el que tiene que titular esas áreas. Pero dijo que deberá ser el pleno el que defina si procede la consulta prelegislativa.

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay, manifestó que el incorporar el tema de territorio está encaminado a desactivar las movilizaciones de los sectores sociales que se que han cuestionado esta iniciativa de Ley.

Sigcha no confía en el tratamiento parlamentario de la normativa, ya que recuerda que cuando se dio la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas, el documento final no incorporó las recomendaciones. “Esta Ley de Tierras tiene un mandato clarísimo de las empresas trasnacionales: facilitar el acceso al agua, a la tierra para que el acaparamiento se mantenga, eliminar la soberanía alimentaria, eso es lo que pretende el Estado”, agregó el dirigente campesino. (HCR)

118
artículos tiene el texto aprobado inicialmente.

2
días faltan para el inicio de la socialización.

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