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Estudios realizados por la ONG internacional Global Witness señalan al Perú como el cuarto país en el mundo donde se producen más muertes de defensores ambientales. Antes están Brasil, Honduras y Filipinas.

En el documento titulado "El Ambiente Mortal de Perú" precisan que entre los años 2002 y 2014 fueron asesinados 57 activistas. El 60% de estos crímenes se produjeron en los últimos cuatro años y tuvieron su origen en conflictos relacionados con la actividad minera, aunque Global Witness alerta que las recientes tendencias apuntan al sector forestal.

Todo esto, en razón a la falta de atención del gobierno para resolver los problemas de tala ilegal y la inseguridad en torno a la propiedad de las tierras comunales.

Los asesinatos de los líderes asháninkas Mauro Pío Peña en el año 2013 y Edwin Chota nueva vida. Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, sostiene al pequeño Edwin, de solo 8 días. Valera junto a los guardianes amazónicos Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez confirman la aseveración.

Ellos denunciaron insistentemente la presencia de madereros que se dedicaban a la tala ilegal en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. Y también exigían la titulación de sus tierras para defenderlas de la voracidad de los taladores furtivos.

Tuvo que producirse esta pérdida de vidas humanas para que recién se ponga en el tapete este grave problema.

AMENAZAS
El estudio de esta ONG inglesa también señala que el aumento de la ilegalidad, la corrupción y las debilidades institucionales en todo el sector forestal hacen que el Perú se enfrente a una desalentadora lucha por cumplir las promesas para superar esta situación.

Uno de los compromisos adoptados por Perú es reducir la deforestación neta a cero antes del año 2021.

RECOMENDACIÓN
Ante el riesgo que significa defender el medio ambiente en el Perú, Global Witness recomienda al gobierno peruano implementar y respetar las disposiciones que contiene la declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Aconseja al Estado además revocar la ley 30151 que amplía la inmunidad de los miembros del orden para hacer uso de la fuerza en determinadas situaciones.

Lo mismo tendría que hacerse –dijo– con la Ley 30230, que socava los procesos y la autoridad de las instituciones de protección ambiental, y prioriza la inversión por encima de las reclamaciones indígenas.

Estas leyes, afirma, podrían provocar más conflictos y por ende más violencia.

HABLAN LAS VIUDAS
En la presentación de este informe también estuvieron las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados en Ucayali. Denunciaron que hasta el momento no se hace nada por ubicar los restos de dos de ellos y que tampoco se les ha entregado los cuerpos de los rescatados para darles sepultura.

En dramática intervención, exigieron la titulación de sus tierras y que las autoridades del gobierno vean a los indígenas como seres humanos que cuidan los bosques para beneficio de toda la humanidad.

TESTIMONIOS

Ergilia Rengifo López: "Tenemos doce años de lucha por la titulación y no hemos logrado nada, solo la muerte de nuestros esposos. La ministra Ana Jara cuando fue a nuestra comunidad dijo que el título lo tendríamos en una semana, no hay nada. Estoy acá abandonando a mis hijos. Nos siguen amenazando pero continuaremos protegiendo los bosques".

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