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La extracción ilegal de plata y zinc se ha enquistado en uno de nuestros patrimonios naturales. En el distrito de Marcará, en la provincia ancashina de Carhuaz, la minería ilegal carcome al Parque Nacional Huascarán, donde se ubica la cadena de nevados más importante del país. Esto se daría con el aval de la comunidad de Vicos, pues sus pobladores impiden el ingreso de las autoridades que buscan investigar lo que ocurre en ese lugar.

Esta realidad no es nueva. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), encargado de administrar el parque, denunció este delito desde que fue reportado a fines del 2009 a los guardaparques. 

“Antes de esa denuncia, los guardianes del parque ingresaban y monitoreaban esta zona, denominada Quebrada Honda, sin problema. Ahora reciben amenazas de muerte para que no se acerquen”, dice Pedro Gamboa, jefe del Sernanp.

En enero del 2012, el personal del parque solicitó la intervención del Ministerio Público especializado en materia ambiental para ingresar a la zona. La fiscalía programó una operación a fines de ese mes con personal policial, pero los representantes de la comunidad de Vicos les negaron el ingreso. Un mes después, sucedió lo mismo.

Los intentos de entrar se retomaron desde agosto de este año con el mismo resultado negativo. En una ocasión, la policía supo que se reunieron mil comuneros para impedir que las autoridades avanzaran.

“Nuestro gran problema es que no sabemos lo que existe adentro”, dice Gamboa. 

Concesiones prohibidas
De acuerdo con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Áncash, existen cinco concesiones mineras en el área de Quebrada Honda. Como fueron designadas antes de la creación del parque (1975), pueden operar.

Sin embargo, en una reunión que se realizó el jueves en Huaraz, el representante de la DREM, Marco Delgado, informó que en los últimos años se había aceptado formalizar concesiones nuevas en el parque. Esto está prohibido en la ley de áreas naturales protegidas. Por ello, en octubre pasado, esta dirección canceló cien declaraciones mineras que se habían admitido allí.

Gamboa indica que aunque el área afectada representa un espacio muy reducido de las 340 mil hectáreas que tiene el parque, las consecuencias de estas actividades ilegales podrían afectar el agua de las quebradas. Este recurso, del que se abastece la población de la provincia de Carhuaz, podría contaminarse y llegar a los ríos.

“Lo que habría que hacer es intervenir a los camiones que salen con mineral. Una interdicción en la zona, con los antecedentes de violencia que hay, sería muy peligroso”, opina el jefe del Sernanp.

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