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La deuda ambiental.Surge de un informe de la Secretaría de Medio Ambiente. Se desmonta más en zonas prohibidas que en áreas permitidas.

Es una fija: cada vez que la ley de bosques se convierte en noticia es siempre por la negativa y para reconfirmar el desastre. La deuda ambiental argentina continúa creciendo sin control. Según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cada dos minutos es arrasada una hectárea de bosque en el país.

La afirmación surge del monitoreo oficial de niveles de cumplimiento de la ley de protección de bosques nativos, que actualizó los datos sobre desmontes hasta diciembre de 2013. Los resultados fueron subidos a la web del organismo el fin de semana, pero nunca se anunció que la información –de sesgo negativo– estaba disponible.

Desde la sanción de la ley en 2007 hasta fines de 2013 se deforestaron en todo el país 1.893.128 hectáreas. Técnicamente, se desmonta para expandir la frontera agrícola y sembrar por lo general soja en áreas hasta ese momento sin contacto con el desarrollo agroindustrial. La ley establece, a través de un ordenamiento territorial que debe hacer cada provincia, áreas verdes –donde está permitido desmontar–, amarillas –donde sólo en parte– y rojas –donde está prohibido–. A pesar de que casi todas las provincias realizaron el ordenamiento territorial de sus bosques, surge como una alerta que desde su implementación se haya desmontado más en bosques protegidos (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido hacerlo (503.948 hectáreas).

Del informe se desprende otro dato insoslayable: el 80% de la tala indiscriminada tiene lugar en cuatro provincias del norte del país. Santiago del Estero (623.848 hectáreas), Salta (449.338 hectáreas), Formosa (221.756 hectáreas) y Chaco (218.034 hectáreas). Según datos del sector inmobiliario, una hectárea para agricultura o ganadería puede valer 15 mil dólares en la zona núcleo de La Pampa o la Provincia de Buenos Aires. Pero el precio se desploma a 300 dólares en las provincias del norte: esto explica en parte  la concentración de los desmontes en esas geografías alejadas y donde diferentes comunidades vienen denunciando atropellos y despojo de sus tierras.

“Resulta evidente la falta de decisión política para cumplir la Ley de Bosques de los gobiernos de Santiago del Estero y Salta, donde autorizan desmontes en bosques protegidos a pedido de los terratenientes, generando un grave impacto ambiental y el desalojo de campesinos e indígenas”, dice Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Es en Salta donde la organización ambiental viene realizando desde hace meses una dura escalada de denuncias en defensa de los bosques contra el gobierno provincial, con acciones que incluyeron el arresto de varios de sus activistas.

“Es difícil usar un adjetivo diplomático para esto. Las provincias se cagan en la ley de bosques. Hay voluntad deliberada de violar la ley y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación es muy débil en el la aplicación. Nación debería frenar a Salta o a Santiago del Estero, que son autores materiales de la pérdida incesante de naturaleza”, ilustra Emiliano Ezcurra, titular de la ONG Banco de Bosques. “El Gobierno tiene discurso proindigenista, pero en los hechos es protopadora. Son ignorantes: deberian saber que hay tecnología para producir manteniendo los bosques en pie”.

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