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El valor de la tierra productiva se quintuplicó entre  2007 y 2013, y el Estado no puede regular el registro de las transacciones, pese a la normativa existente, según un estudio hecho por la Fundación Tierra.

"En lugares como Saipina o Comapara, que se encuentran en los valles cruceños, la tierra valía 2.000 dólares por hectárea en 2007  y para 2013 el precio subió a alrededor de 10.000 dólares. La razón es el potencial agrícola de la región, que creció por importantes inversiones estatales en riego y acceso caminero”, detalla el informe sobre la "Tenencia de la Tierra”, elaborado por esta institución.

El documento, además,  da cuenta de que "similares ejemplos” se pueden encontrar en áreas de interés agroproductivo como las áreas quinueras del altiplano sur, los terrenos destinadas al cultivo de la coca en los Yungas y  Chapare, o en las zonas de expansión de la frontera agrícola o ganadera en la Chiquitania y la Amazonia norte.

Esta demanda surgió por la demanda y precios agrícolas en los mercados internacionales de alimentos como la soya, maíz, azúcar, alcohol, quinua, trigo y arroz, entre otros.  "Según las primeras estimaciones, en la región integrada de Santa Cruz, el valor de la tierra (también) se quintuplicó entre en 2005 y  2012”, agregó el documento.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, informó que la transferencia de tierras es más dinámica en el país, aunque no es regulada por el Estado, pese a las normas existentes.

"Son transacciones de tierras comerciales que ocurren sin la necesidad de que tengan títulos de propiedad, sin necesidad de saneamiento de tierras y sin la necesidad de un registro público de estas transferencias”, apuntó  el investigador.
La comercialización se realiza pese a que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo  394, estipula que "el Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación de superficies mayores a las reconocidas por ley, así como su división en superficies menores a lo establecido para la pequeña propiedad”.

El texto concluye que "en la práctica”  la comercialización de tierras se produce en todo el país y tiene mayor vigencia en los últimos años.

En el altiplano sube el comercio

En zonas del altiplano, la compra, venta y arrendamiento de tierras se intensificó en los últimos 20 años, a pesar de que no se incrementó la producción.  

El 54% de las familias del municipio de Tiwanaku, en el altiplano boliviano, accede a la tierra a través de una herencia; mientras que la compraventa ocupa un 38%  y al menos un 51% de la población alguna vez alquiló tierras de cultivo.
De igual forma, en el municipio quechua de Icla, de la zona valluna, el 21% de la población encuestada señaló que compró parcelas de tierra para la agricultura familiar y un 22% también arrendó tierras.
Aunque en estas áreas se mantiene vigente –en menor medida–  el acceso a la tierra por herencia o por asignación de la comunidad.

En zonas mucho más dinámicas, como las áreas de producción agroindustrial, en el departamento de Santa cruz, el crecimiento de los mercados de tierras es mucho mayor, pero no en el área de transporte.

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