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A cuatro años de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional no es aplicada ni socializada en su plenitud  debido a que se identificó dificultades en la diversidad de mandatos que hay en las comunidades originarias, a la accesibilidad a los municipios y a la falta de presupuesto, aseguró el director general de Justicia Originaria Campesina, dependiente del Viceministerio Indígena Originario, Nelson Cox.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional -promulgada el 29 de diciembre de 2010- otorga rango constitucional a la Justicia Indígena Originario Campesina.
Esta norma establece los mecanismos de coordinación y cooperación que debe regir entre la justicia ordinaria, la agroambiental y la indígena.

Esta ley es la primera que atravesó por un proceso de consulta en el que participaron los pueblos originarios. Sin embargo, pese a sus alcances y los talleres que realizó  el viceministerio del ramo, hasta el momento es desconocida y en algunas comunidades originarias ni saben cómo deben aplicarla.

"El problema mayúsculo que hemos reportado en 2012 es que las autoridades ordinarias tenían resistencia a la vigencia de la jurisdicción indígena originario campesina, no concebían que pueda haber igual jerarquía”, afirmó la autoridad.

La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarachi, explicó que los problemas más recurrentes en el área rural se manifiestan en torno al aspecto competencial, sobre todo en los casos de derecho propietario agrario, conflictos limítrofes entre propiedades o comunidades agrarias, el abandono de la propiedad, incumplimiento de cargos y trabajos comunales.

También se reportan dificultades en los casos de adolescentes embarazadas que han sido expulsadas de los colegios o de su comunidad. Hay casos de violaciones sexuales y asesinatos.

Cuando suceden este tipo de  problemas o delitos, los comunarios no saben dónde acudir o realizar su consulta. Desconocen si deben apelar a la Fiscalía o a las autoridades originarias.

Guarachi afirmó que en un análisis que realizó su despacho sobre este tema se detectó que aún falta socializar la Ley de Deslinde. También se identificó que en los pueblos originarios se carece de respeto a las autoridades originarias y a la  justicia ordinaria. "Ahora  queda hacerla conocer y ponerla en marcha”, acotó.

El especialista en Derecho Indígena  Marco Mendoza aseguró que la Ley de Deslinde salió "entre gallos y medianoche, cuando se daba los días del gasolinazo”, vulnerando derechos.

Agregó que esta ley  expulsa el Derecho Agrario de las competencias de la  justicia indígena, lo que genera que  las autoridades indígenas  declinen competencias para que sean los jueces agroambientales quienes resuelvan ese tipo de temas.

El inciso C, del artículo 10 de la norma, dice: El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza: el Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional Público y Privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas.

Especialista asegura que la Ley de Deslinde es un retroceso
El especialista en Derechos de las Naciones Originarias y Federalismos, Liborio Uño, aseguró  que el reconocimiento de las naciones originarias en Bolivia "ha sido un gran avance”, pero que con la Ley de Deslinde Jurisdiccional "se ha vuelto a retroceder”.
"La Ley de Deslinde, en mi criterio, es un retroceso, habría que plantear una demanda de inconstitucionalidad. Eso debieran hacer las autoridades de naciones originarias, nosotros profesionales podemos apoyar”, comentó.
Coincide con él  el jurista Marco Mendoza, quien asegura que el artículo 10 de esa norma suprime competencias a la justicia originaria en el campo agrario, civil y penal.  "Si son iguales, ninguna puede quitar o robar competencias”, afirmó.
Para Uño, las leyes originarias son antiguas y aún  rigen en las comunidades. No obstante,  reconoce que en "casos difíciles” sí se consulta al fiscal. "No es que están aprendiendo a hacer justicia”, afirma.
El viceministro Nelson Cox, junto al equipo encargado de la aplicación  de esta Ley, informó que se ha realizado talleres con autoridades indígenas y ordinarias, en diferentes comunidades del país, con el fin de  socializar la norma, aunque no se llegó a todas las regiones.
Certificó que se tiene una propuesta de Política Pública de Justicia Indígena Originario Campesina, que responde a las necesidades de esta ley y que también servirá para fortalecerla y consolidarla. 

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