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Reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales; y la participación social y resolución de conflictos son los tres temas que la Comisión de Soberanía Alimentaria someterá a consulta prelegislativa dentro del tratamiento del proyecto de Ley de Tierras.

El legislador Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, manifestó que estas tres temáticas están contempladas en 18 artículos del proyecto y se relacionan con el mecanismo para reconocer: qué son tierras ancestrales, si están en uso productivo y cuál debería ser el mecanismo para resolver un problema interno en las comunidades.

Proaño aseguró que todos los artículos revisados garantizan derechos, por lo que no sería necesaria la consulta, pero prefieren cumplir con este mecanismo de participación ciudadana para que ningún tema quede en el aire.

Cuestionan temas

El Movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, considera que los temas a ser consultados no son fundamentales, ya que no se enfocan en cómo debería cumplirse la redistribución de la tierra. “Lo importante es cuáles son los máximos que se considerarán para que la tierra sea vista como latifundio. Dicen que van a distribuir tierras, pero dónde están las tierras públicas. La consulta prelegislativa debería ser esencialmente sobre la redistribución”, manifestó Lourdes Tibán, asambleísta.

Vaticinó que el proceso que cumpla la Comisión no pasará de un simple formalismo. “Cumplirán con el procedimiento, pero no con el objetivo principal de la consulta, que es mirar en qué temas los pueblos indígenas tienen observaciones”, añadió.

Por su parte, un sector de la Red Agraria, representado por Luis Andrango y Romelio Gualán, anticiparon que no participarán en la consulta si es que a la par del análisis del documento no se estudia también su propuesta.

Proaño dijo que, más allá de la presencia de las organizaciones, lo importante es salir a socializar los temas consultados para escuchar y recoger las observaciones a la propuesta de normativa que tengan las bases. “Cuando hemos salido a territorio, hemos visto que la gente a veces no sabe ni a qué (organización) pertenece”, aseguró Proaño. (HCR)

El mecanismo

Realizada la convocatoria, las organizaciones tendrán 20 días para inscribirse. En la primera fase, se entregarán a las organizaciones de primer grado (las bases) los formularios con los temas para que mantengan su debate interno. Los resultados serán entregados a la Comisión para que sean analizados en audiencias públicas con las organizaciones de segundo grado (provinciales).

Cumplida esta fase e identificados los consensos y disensos, se convocará a una mesa de diálogo nacional. Luego se preparará un documento final, que será incorporado al informe para segundo debate.

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